El 'proces' vasco que el PNV quiso votar en 2015 acumula siete años sin consensos

El referéndum para votar un nuevo estatuto vasco que reconociera el derecho a decidir tenía fecha: 2015. Han pasado ahora siete años desde que el PNV anunció su particular ‘procés’ vasco y en Euskadi no sólo no existe un nuevo estatuto vasco que votar sino que todo apunta que dos legislaturas después los vascos tampoco serán llamados para someter a sufragio un articulado que supere al de Gernika de 1979.

El proceso arrancó en 2012 poco antes de que el entonces lehendakari, Patxi López, anunciará elecciones. En aquella campaña el programa del entonces candidato Iñigo Urkullu –y con el que llegó a la lehendakaritza- planteaba un compromiso para pactar un nuevo estatus político para el País Vasco. El PNV quería situar a Euskadi “de igual a igual” con España. Para ello el plan pasaba por la constitución de una ponencia parlamentaria de autogobierno que se encargaría de solicitar a un grupo de expertos la elaboración de un texto articulado para su remisión a la Cámara. Posteriormente, una vez aprobado por el Parlamento vasco, el documento debía ser sometido a refrendo popular en 2015.

De toda esa proyección a futuro que en 2012 hizo la formación de Andoni Ortuzar, en 2019 sólo se ha cumplido la constitución de la ponencia parlamentaria. Por el momento, siete años más tarde y casi dos legislaturas después, no hay documento que debatir ni por supuesto nada que refrendar.

Y parece imposible que lo pueda haber antes del fin de la legislatura. A Urkullu le resta apenas un año, en el mejor de los casos, de mandato. Si cumple su compromiso, éste debería ser el último al frente del Gobierno vasco, según afirmó cuando optó a lehendakari; dos legislaturas. Sin embargo, en las filas del PNV nadie se plantea su relevo y se da por seguro que optará a la reelección en otoño de 2020. El año que le resta será complicado, en minoría y con las relaciones con la oposición rotas, no está definitivamente descartado que pueda adelantar electoral si la oposición vuelve a bloquear la aprobación de las cuentas, ya prorrogadas en este ejercicio.

Exceder la legalidad

A Ortuzar y Urkullu les costará coser alianzas en materia de autogobierno. Ayer el PSE comenzó a agrandar la distancia en esta cuestión con sus socios. Los socialistas de Idoia Mendia recordaron al PNV que las bases que ellos pactaron con Bildu para redactar el nuevo estatuto vasco “exceden la legalidad” al establecer, por ejemplo, “categorías ciudadanas”: “Nosotros pretendemos respetar el ordenamiento jurídico, nada más y nada menos que una reforma del Estatuto de Gernika y no otro objetivo”.

Mendia recordaba, en el seno de la Comisión ejecutiva del PSE, que si quieren contar con ellos en la reforma y actualización del Estatuto sólo lo lograrán con un proyecto de “derechos sociales, no de derechos nacionales, como parecen argumentar los partidarios del supuesto derecho a decidir”. Los de Mendia recuerdan que no contemplan que Euskadi se inserte en un modelo “confederal”, como defiende Urkullu, sino en una vía federal y previa modificación de la Constitución en las Cortes.

El PP no quiere tocar el Estatuto de Gernika, el PSE sólo 'ampliarlo' mientras que el PNV y Bildu lo sitúan en un nuevo nivel de autogobierno

No es el único revés que acumula el ‘procés’ vasco. Por ahora los únicos entendimientos en esta cuestión los han firmado el PNV y Bildu con un documento de Bases. Pero hace tres semanas el líder de Bildu, Arnaldo Otegi anunció a que su coalición presentaría un articulado propio de Estatuto vasco ante el “impasse” de los expertos que debían hacerlo. La izquierda abertzale reculó poco después evitando hacer público el texto que avanzó Otegi. Bildu señaló que lo remitiría únicamente al grupo de expertos.

Las diferencias con los socialistas se esperaban, incluso se pactaron como discrepancias libres en el acuerdo de Gobierno PSE-PNV. Sin embargo, el movimiento de Bildu encendió el malestar en quien hasta ahora ha sido su único apoyo de autogobierno. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar acusó a Bildu de pretender dinamitar los trabajos de la comisión y el grupo de expertos y de hacerlo más con miras a un proceso electoral que a la búsqueda de consensos.

Grupo de expertos

Hasta ahora, la labor de la ponencia parlamentaria se ha limitado a constatar las profundas diferencias que persisten entre las formaciones políticas para consensuar un articulado de mínimos para actualizar el Estatuto de Gernika de 1979. Las posiciones parecen complicadas de poder ubicarlas en un punto de encuentro. Pasan desde las llamadas al mantenimiento casi inalterable del actual modelo estatutario que defiende el PP a la apuesta por una Euskadi en una España federal del PSE, la Euskadi confederal del PNV dentro de la legalidad o la vía enfilada hacia la independencia que reivindica EH Bildu.

El grupo de juristas expertos ha reclamado una nueva moratoria para acordar un texto articulado del nuevo estatuto

Por el momento, a trece meses de unas elecciones autonómicas, el grupo de expertos que la Cámara designó –Mikel Legarda (PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Podemos), Alberto López Basaguren (PSE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP)- está lejos de aflorar un texto articulado para un nuevo estatuto vasco. El único punto de encuentro con el que puede trabajar es el documento de mínimos firmado por Bildu y PNV y que ahuyenta a PP, PSE y, en menor medida, a Podemos.

Contemplaba premisas para la Euskadi del futuro como el reconocimiento del derecho a decidir, la clasificación entre “ciudadanos” y nacionales vascos, o la consideración del País Vasco como un “sujeto político” con derechos que podría definirse en algunas de las categorías que se proponen: ‘Comunidad estatal vasca’, ‘Comunidad de carácter nacional’, ‘Comunidad Foral vasca’, ‘Comunidad nacional vasca, Estado Autónomo vasco”.

Por el momento los juristas que debían haber entregado un texto articulado el pasado mes de junio han pedido más tiempo. Se les ha concedido: 30 de noviembre. Sólo unos días después, llegarán las vacaciones navideñas y en seis meses, salvo sorpresas, la Cámara de Vitoria podría disolverse para convocar elecciones. Un periodo en el que el clima preelectoral, y con la cuestión del autogobierno como eje central, resurgirá como acostumbra demorando aún más un consenso para dejar atrás un Estatuto de autonomía sin actualizar ni cumplir en su integridad desde hace 40 años.