Del 'caso Bono' al 'caso Marlaska'

Sobre las 17.30 horas del 22 de enero de 2005, cuando la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) discurría por la confluencia de las madrileñas calles de Alcalá y Virgen de los Peligros, un grupo de manifestantes identificó e increpó a José Bono con gritos de 'Fuera, fuera', '¿dónde está Peces-Barba o el presidente Zapatero?', 'asesino' y 'ya está bien de verborrea'. El entonces ministro de Defensa acudía a título personal junto a su hijo al acto reivindicativo -organizado tras el anuncio de la excarcelación del etarra De Juana Chaos- y estaba acompañado por Rosa Díez, europarlamentaria socialista en aquellas fechas.

El tumulto que se originó obligó a los seis escoltas de Bono y Díez a formar una "cápsula de seguridad", reforzada por cinco agentes de la Brigada Provincial de Información y tres de la Unidad de Intervención Policial (UIP). "Se logró que las autoridades en ningún momento fueran agredidas físicamente por parte de estos incontrolados, si bien fue imposible la evitación (sic) de algunos zarandeos, mientras permanecían en el interior de la cápsula, lo que junto a los insultos aislados ciertamente debió provocar una situación cuando menos incómoda", dejó escrito en la nota informativa el inspector de Policía que ejerció aquella tarde como jefe de retén de la Brigada Provincial de Información.

José Bono describió una escena bien diferente a la relatada por el agente, según declaró a El País: "Han estado durante 20 minutos empujándome por todas partes y algunos me han golpeado. Me he llevado un buen puñetazo en las costillas. En España son muy pocos, pero allí eran muchos. Desde la época de Franco, jamás había sentido en una manifestación que me podían agredir. Si no está allí la policía... los escoltas han hecho lo que han podido, pero era mucha gente, de todo tipo, también señoras que me insultaban y me llamaban apóstata, defensor de los maricones, asesino. He llegado a estar preocupado por mi hijo, sobre todo por la imagen que le quedará. No tengo cardenales, pero me han dado muchos golpes por la espalda, porque la policía protegía el frente".

La Policía abrió diligencias tras los insultos al ex ministro de Defensa en una manifestación de la AVT pese a no registrarse "agresiones físicas"

Tres días después, la Policía detuvo a dos militante del PP de Las Rozas (PP) por su participación en el acto de hostilidad hacia el ministro tras ser identificados en una fotografía publicada por el diario El País. Cuatro horas después, los dos arrestados quedaron en libertad tras prestar declaración en la Brigada Provincial de Información, recomendándoles que abandonaran las dependencias policiales en un vehículo camuflado con funcionarios con el argumento de que "era mejor que no les viese la prensa".

El 8 de mayo de 2006, la Sección Decimosexta de la Audiencia de Madrid condenó a dos policías -un comisario jefe y un inspector jefe de la Brigada Provincial de Información- a dos años de prisión como autores de un delito de detención ilegal y al pago solidario de 24.000 euros a los dos arrestados. Los dos agentes y un tercero también fueron condenados por falsificación de documento público a tres años de cárcel cada uno.

Dicho fallo fue revocado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 5 de julio de 2007 no sin discrepancia. El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala que ha juzgado a los líderes del procés, emitió un voto particular contra la sentencia de la que había sido ponente el juez Andrés Martínez Arrieta al entender que los recursos del Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado y las defensas debieron haber sido desestimados por su "notoria falta de fundamento".

Actuación policial diferente

Los altercados denunciados por los dirigentes de Ciudadanos el pasado sábado durante la manifestación del Orgullo en Madrid traen a la memoria el episodio sufrido por José Bono hace 14 años y medio a no demasiada distancia durante su asistencia a la manifestación de la AVT. La actuación policial en ambos casos fue bien diferente.

El jefe de retén de la Brigada Provincial de Información -integrante de la "cápsula de seguridad" que se montó para dar seguridad al entonces ministro y a Rosa Díez- telefoneó aquella misma tarde a su mando superior para comunicarle el incidente y adelantarle que redactaría una nota informativa. A su vez, el citado mando dio cuenta inmediatamente al comisario jefe de la brigada, quien ordenó que se incoaran diligencias policiales para depurar las eventuales responsabilidades penales en que hubieran podido incurrir los autores de los altercados. Y todo ello a pesar de que el funcionario que redactó el atestado dejó constancia de que las citadas autoridades "en ningún momento" fueron "agredidas físicamente".

Interior minimiza ahora los incidentes de la marcha del Orgullo en Madrid que Ciudadanos ha pedido a la Fiscalía que investigue

En el caso de los incidentes del Orgullo 2019, sólo consta la existencia de un informe con el membrete de la Jefatura Superior de Policía de Madrid -sin detallarse la unidad que lo redacta ni el carné profesional del funcionario- en el que se concluye que no hay constancia de que se hayan producido "agresiones físicas". "Lo que se denominan agresiones consistió en: lanzamiento de agua (constante en toda la celebración entre los asistentes para paliar el calor), increpaciones (sic), insultos, consignas políticas y algún lanzamiento aislado de algún objeto no peligroso y efectuado no entre los manifestantes, sino entre público asistente", detalla dicho informe de valoración policial.

Esta versión contrasta con la ofrecida por el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), que ha denunciado públicamente que seis agentes de Información que se vieron obligados a escoltar a los dirigentes de Ciudadanos montando una "cápsula" también "fueron agredidos". "Sólo con ayuda de las unidades de intervención policial y Policía Municipal, que lograron hacer un pasillo, se evitaron males mayores", sostiene el sindicato.

Cs ha registrado este miércoles una denuncia en la que pide a la Fiscalía que investigue las amenazas, injurias y delitos de odio que sufrieron los miembros de su partido que acudieron a la manifestación del Orgullo. La formación que lidera Albert Rivera trata de abrir así el frente judicial en paralelo al político: ya ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones, para que dé explicaciones.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha cuestionado el informe policial que niega la existencia de agresiones, al no estar firmado por ningún agente y tener "los logos mal puestos". A ello se suma que la fecha del documento sea dos días después del servicio, que no incluya el distintivo del 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía que es obligatorio incluir en todos los documentos policiales en 2019 y que se reflejen interpretaciones subjetivas, como expresar que la pretensión de Ciudadanos desde el primer momento era "catalizar la acción mediática y publicitaria".