El Tribunal Supremo recibió el pasado mes de junio un aluvión de críticas cuando en el auto en el que decidió paralizar la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos lo reconoció como el jefe del Estado durante la Guerra Civil, es decir, entre 1936 y 1939 mientras Manuel Azaña era presidente de la Segunda República. Ahora, por llamativo que pueda parecer, es el propio Gobierno de Pedro Sánchez quien reconoce que en aquellos años Franco era el jefe del Estado español.
Una postura que choca con la de Eduardo Madina, el histórico diputado y dirigente vasco del PSOE, que sostuvo que el auto del Alto Tribunal era “ridículo”, “insultante” y una “vergüenza”. O la del líder de Podemos y posible socio de Gobierno socialista, Pablo Iglesias, que calificó la resolución como una “una auténtica barbaridad”. "Que el Tribunal Supremo considere que Franco fue el jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 dice mucho, demasiado, sobre el tipo de altas instancias judiciales que tenemos en este país", criticó el coordinador federal de IU, Aberto Garzón. "No puedo creerlo", dijo el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont añadiendo que el Supremo estaba "legitimando el golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la República española".
De 1938 a 1975 la residencia oficial estival del Jefe del Estado, sede de celebración de los Consejos de Ministros, de actos y reuniones oficiales y de oficinas del aparato estatal”
Ahora son, sin embargo, los servicios jurídicos del Ejecutivo, es decir, la Abogacía del Estado, la que en la demanda interpuesta con el objeto de recuperar la titularidad pública del Pazo de Meirás (La Coruña) admite que en el aquellos años Franco era el jefe del Estado. “El Pazo de Meirás fue entregado en 1938 a Francisco Franco Bahamonde en su calidad de Jefe del Estado. Y, desde el comienzo de su ocupación, esa posesión se desarrolló en calidad de Jefe del Estado”, argumenta el Ejecutivo.
"Residencia oficial del jefe del Estado"
La Abogacía del Estado explica que “la pretensión de Francisco Franco y sus herederos de presentarse como propietarios a título particular y, en consecuencia, como poseedores en nombre propio y en concepto de dueño, se basa en una simulación y en una ocultación de la realidad” ya que el Pazo de Meirás fue desde “1938 a 1975 la residencia oficial estival del Jefe del Estado, sede de celebración de los Consejos de Ministros, de actos y reuniones oficiales y de oficinas del aparato estatal”.
Además, los servicios jurídicos del Ejecutivo resumen así el motivo de dicha donación en plena Guerra Civil: “El 29 de septiembre de 1936, los militares sublevados que integraban la Junta de Defensa Nacional nombran al General Francisco Franco como jefe del Gobierno del Estado Español y Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire. Dicho nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional el 30 de septiembre y en el Boletín Oficial del Estado (nueva denominación a partir del 2 de octubre del diario oficial del bando sublevado) del 6 de octubre de 1936. (…) A principios del año 1938 comienza a surgir un importante movimiento en el seno del Ayuntamiento de A Coruña que propugna la adquisición y posterior donación al antedicho Jefe del Gobierno del Estado español de un inmueble en el entorno de la ciudad, en consideración a su cargo y presumible victoria en la Guerra Civil. Se trataba de asegurar que los periodos estivales del Jefe del Estado pudieran desarrollarse en un lugar próximo a la capital herculina”.
Lo cierto es que la única fecha oficial en la que el caudillo fue proclamado jefe del Estado fue el 1 de octubre de 1936, de ahí que el Gobierno admita ahora -tal y como hicieron previamente los jueces del Supremo- que en 1938, cuando se le donó el Pazo de Meirás, ya ostentaba dicho cargo.
"Su calidad de jefe del Estado"
El abogado del Estado, a lo largo de 94 folios de demanda, recalca una y otra vez que Franco y su familia dispusieron del Pazo de Meirás porque el dictador era el jefe del Estado: “Existe, por tanto, una ocupación real y efectiva de la finca que alberga el Pazo de Meirás y del propio Pazo por parte del aparato estatal (Jefatura de Gobierno del Estado Español) desde mediados de 1938. Desde ese momento, el inmueble comienza a prepararse para albergar la sede estival de la Jefatura del Estado y de las oficinas y personal precisas para ello”. “El Pazo de Meirás fue entregado a Francisco Franco Bahamonde en su calidad de Jefe del Estado. Y que, desde el comienzo de su ocupación, esa posesión se desarrolló en calidad de Jefe del Estado por y a través de los distintos organismos públicos puestos a su servicio”, apostilla la Abogacía.
La Abogacía sostiene que la donación efectuada en el año 1938 a favor del Jefe del Estado es nula de pleno derecho"
La Administración General del Estado asumió desde el año 1938 y al menos hasta el fallecimiento de Francisco Franco, de manera ininterrumpida, todos los gastos de mantenimiento e infraestructuras del Pazo de Meirás, atendiendo a su consideración de residencia oficial y sede de dependencias administrativas y afecto, por tanto, a un servicio público. La Administración del Estado actuó, en consecuencia, como lo hacía respecto de cualquier otro bien de dominio público de su propiedad”.
Además, los servicios jurídicos del Ejecutivo socialista entienden que al no haberse elevado escritura pública de “la donación efectuada en el año 1938 a favor del Jefe del Estado, la misma es nula de pleno Derecho. Y ello, aunque entendamos que estamos ante una donación a favor del Estado, es decir, de la Jefatura del Estado”.
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