La Guardia Civil incluye el delito de rebelión en el temario para entrar en el Cuerpo

El temario sobre el que se elaborarán los cuestionarios que tendrán que superar los aspirantes que deseen ingresar en la Guardia Civil incluirá a partir de ahora un capítulo sobre los delitos contra la Constitución, entre los que el Código Penal tipifica el de rebelión. Se trata del ilícito por el que el Tribunal Supremo ha juzgado a los principales líderes independentistas del procés, causa que está pendiente de sentencia.

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, dictó el pasado 26 de junio una resolución por la que se define el "nuevo temario" con que se llevarán a cabo las pruebas de conocimientos teóricos o teórico-prácticos en los procesos de selección para la incorporación a la escala de cabos y guardias de este Cuerpo. Si bien no será de aplicación hasta 2020, se ha optado por anunciarlo ya con el fin de "favorecer la preparación" de los eventuales aspirantes.

Esta nueva instrucción ve la luz tras entrar en vigor la disposición dictada el pasado 19 de febrero por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y viene a sustituir la orden de 9 de abril de 1996, que es la que ha dado cobertura a las bases de las oposiciones celebradas hasta ahora. Entre esos procesos se encuentra el desarrollado el pasado fin de semana, cuando 27.356 personas se examinaron de las pruebas escritas (ortografia, conocimientos, lengua extranjera y psicotécnica) en un intento de obtener una de las 2.210 plazas ofertadas.

El nuevo temario, que es mucho más exigente e incluye materias por las que no se preguntaba hasta ahora en la prueba de conocimientos, amplía el contenido del capítulo dedicado a Derecho Penal. Por ejemplo, incorpora un epígrafe sobre el título XXI del libro II del Código Penal, en el que se se describen los delitos contra la Constitución (desde el artículo 472 al 543).

Resolución por la que se regula el nuevo temario para los procesos selectivos en la Guardia Civil.

Entre dichos ilícitos se encuentra el de rebelión, que lo comete quien se alzare "violenta y públicamente" para conseguir determinados fines tasados. Entre ellos, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", castigado con pena de prisión de hasta 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo periodo de tiempo.

Se trata del delito por el que han sido juzgados el ex vicepresidente Oriol Junqueras; los ex consellers Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo, Asuntos Sociales y Familias); la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart por su responsabilidad en el desafío a la Constitución, sustanciado en la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O y en la efímera Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Todos se encuentran en prisión preventiva a la espera de que el Tribunal Supremo emita la sentencia, que previsiblemente no se conocerá antes de finales del próximo mes de septiembre.

El temario que regulará las oposiciones desde 2020 incluye de forma expresa el epígrafe de 'delitos contra la Constitución'

La preparación y celebración de dicha consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno de Mariano Rajoy impugnara el decreto de convocatoria del referéndum de independencia firmado por Carles Puigdemont, obligó al Ministerio del Interior a enviar a Cataluña a miles de guardias civiles y policías nacionales a fin de garantizar el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para tratar de impedir su desarrollo.

Despliegue en Cataluña por el 1-O

En el marco de las denominadas operaciones Copérnico (Policía Nacional) y Avispa (Guardia Civil), la Secretaría de Estado de Seguridad desplegó un dispositivo sin precedentes en dicha comunidad entre el 20 de septiembre de 2017 -días antes del referéndum de autodeterminación del 1-O– y el 29 de diciembre que motivó el envío de hasta 6.000 agentes y que se sumaron a la dotación estable que ambos cuerpos tienen en esta comunidad (otros 6.000). Ese operativo supuso un coste para el Estado de más de 87 millones de euros, según reconoció Juan Ignacio Zoido en el Senado durante su etapa como ministro del Interior.

Junto a conceptos esenciales del Derecho Penal, como las penas o las personas criminalmente responsables de los delitos, el temario con el que se confeccionarán los cuestionarios desde el próximo año incluyen otras áreas jurídicas especializadas que no se contemplaban hasta ahora. Es el caso del Derecho Civil, lo que obligará a los futuros opositores a estudiar algunos artículos del Código Civil.

Graduado en ESO

Para poder presentarse a las pruebas selectivas que permiten el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la escala de cabos y guardias del Cuerpo es obligatorio estar en posesión de los niveles de estudios requeridos en el sistema educativo para acceder a las enseñanzas conducentes a ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio, como el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial.

En el examen desarrollado el pasado fin de semana, los aspirantes disponían de 95 minutos para responder el cuestionario de 100 preguntas tipo test de la prueba de conocimientos, confeccionado atendiendo al temario establecido en la orden de 1996. Las bases reguladoras del proceso obligaban también a los opositores a contestar cinco preguntas de reserva, valorables tan sólo en el caso de que se anularan algunas de las 100 anteriores.