El líder de Manos Limpias denuncia a un inspector de la UDEF por "escuchas ilegales"

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha interpuesto este viernes una denuncia por "escuchas ilegales" contra el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que firma uno de los informes incorporados a la causa por la que será juzgado por la Audiencia Nacional el próximo otoño acusado de organización criminal, extorsión y extorsión en grado de tentativa.

Se trata del caso Nelson, el procedimiento por el que el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc), Luis Pineda, ha permanecido en prisión preventiva durante tres años. Tanto Pineda como Bernad fueron detenidos en abril de 2016, en el marco de una operación de la UDEF ordenada por el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional.

Bernad sostiene que dicho atestado policial refiere una conversación que él mantuvo con el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, "seis meses antes" de que el juez Santiago Pedraz diera luz verde a la intervención de su teléfono y del directivo de la entidad financiera.

Bernad: un informe policial refiere una conversación que mantuvo con un directivo de La Caixa "meses antes" de que le 'pincharan' el teléfono

En concreto, según el líder de colectivo de funcionarios, dicha llamada tuvo lugar el 14 de septiembre de 2015 y el pinchazo de su móvil no se inició hasta el 6 de abril de 2016. En el caso de Giró, la autorización del titular del Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional se había producido el 7 de marzo de 2016.

Manos Limpias aviva las dudas sobre dicho informe policial por detallar que Jaume Giró mantuvo tres conversaciones con el empresario Lorenzo González Díaz meses antes de que al ejecutivo de La Caixa le intervinieran el teléfono y sin que conste en las actuaciones que el de su interlocutor estuviera pinchado.

"Si la UDEF tiene conocimientos de conversaciones telefónicas entre mi cliente y Jaume Giró y entre Jaume Giró y Lorenzo González, con carácter previo a que se autoricen las escuchas de sus teléfonos o no se hayan autorizado nunca, parece que la conclusión lógica es la de que a quien suscribe, y a más personas de la referida causa, se les sometió a escuchas ilegales", expone la denuncia.

"Denuncia anónima"

El líder de Manos Limpias considera que los hechos denunciados encajan en la tipificación que hace el Código Penal en el artículo 536, enclavado en los delitos cometidos por funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad: "La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años".

Por ello, Miguel Bernad pide al juez de instrucción al que le corresponda por turno la denuncia que cite como investigado al inspector de la UDEF y libre un exhorto a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que le haga llegar tanto el referido informe policial como una certificación por parte de la secretaria de las fechas en las que se autorizó judicialmente la intervención de su teléfono y el de Jaume Giró.

Meses antes de que se inicie el juicio en el que la Fiscalía pide para Bernad una condena de casi 25 años de cárcel, el secretario general de Manos Limpias trata de abrir un frente judicial al cuestionar la investigación llevada a cabo por la UDEF. El colectivo sostiene que dicho procedimiento se inició "de una manera extraña", al arrancar con una denuncia anónima ante la UDEF y "sin que nadie en ese organismo tomase la filiación de la persona que estaba presentando tal denuncia".

Luis Pineda también llama la atención sobre el origen de la investigación en la querella que interpuso el pasado 8 de julio contra el ex presidente del BBVA Francisco González, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el ex jefe de seguridad de dicho banco Julio Corrochano.

En este sentido, el presidente de Ausbanc considera un hecho "absolutamente ilógico" que la UDEF recibiera dicha denuncia el 2 de febrero de 2015 y que la citada unidad policial emitiera un "prolijo informe con abundantísima documentación económica-financiera" tan sólo siete días después (cuatro días hábiles). "Es consecuencia de que estaba todo preparado de antemano por el comisario Villarejo y sus adláteres, y se sirvió de la UDEF y sus relaciones policiales para dar curso al encargo privado que había recibido", denuncia.