Malestar del Gobierno con Segarra por avalar la denuncia contra la juez de los ERE

Primero fue la rebelión en el ‘procés’ y ahora es la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la instructora de los casos de corrupción que afectan al PSOE, María Núñez Bolaños. Pero lo cierto que es en el Ejecutivo creen que no acertaron con la designación de María José Segarra como fiscal general del Estado. “El puesto le viene grande”, aseguran.

Según ha podido saber El Independiente de fuentes solventes, en el Gobierno de Pedro Sánchez ha sentado muy mal que Segarra respaldase que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia demoledora contra la juez del caso ERE, del caso Avales o de la causa sobre los préstamos por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). En definitiva, una denuncia contra la magistrada que tiene encima de la mesa de su despacho los casos más sensibles para el Partido Socialista.

"El puesto le viene grande", aseguran desde el Gobierno donde no esconden su malestar con la fiscal general

El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, con el visto bueno de la fiscal general, ha acusado a la sucesora de la juez Mercedes Alaya, antaño azote del PSOE, de cometer una falta disciplinaria grave o muy grave por “retraso injustificado” en las instrucciones así como “voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos” que afectan al partido del Gobierno en funciones. El Ministerio Público sostiene que existen “abrumadoras muestras de conductas irregulares” por parte la magistrada Núñez Bolaños.

"Se han cebado con la denuncia"

Según informan fuentes fiscales, dicha denuncia fue revisada por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas y la propia María José Segarra, que dio el plácet para su interposición ante el órgano de gobierno de los jueces. Había dos opciones: ir por la vía disciplinaria o por la penal y se optó por la primera de ellas.

Lo cierto es que la posición de la fiscal general en este asunto ha originado un profundo malestar e indignación en el Ejecutivo donde esperan con preocupación que próximamente se notifique la primera sentencia por el caso de los ERE donde han sido juzgados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. “La Fiscalía se ha cebado con su denuncia”, lamentan las fuentes informantes.

También en el PSOE ha sentado como un tiro el paso dado por Anticorrupción. Creen que la posición de Segarra en este asunto se debe a “un ajuste de cuentas” con Núñez Bolaños de la época en la que ambas coincidieron destinadas en la capital hispalense, siendo la primera de ellas fiscal jefe de Sevilla. Aseguran que la fiscal general ha tenido un "interés personal" en este episodio.

La rebelión en el 'procés'

La sensación de “error” que hay en el Gobierno de Pedro Sánchez con este nombramiento contrasta con la percepción mayoritaria que existe en la Carrera Fiscal: “La fiscal general nos está dejando trabajar con libertad e independencia”, aseguran múltiples fuentes de la Fiscalía consultadas por este medio.

A la denuncia contra Núñez Bolaños se suma el descontento del Ejecutivo con la fiscal general por el ‘procés’. En el Gobierno se vieron obligados a forzar a la Abogacía del Estado a cambiar la calificación jurídica de los hechos –de rebelión a sedición con el previo cese del abogado del Estado asignado a la causa, Edmundo Bal- después de asumir que Segarra iba a ser incapaz de cambiar la postura de los fiscales de Sala del Supremo con la rebelión.

A la denuncia contra Núñez Bolaños se suma que María José Segarra no hizo cambiar a los fiscales del 'procés' la calificación por rebelión

De hecho, las distintas fuentes consultadas explican que nunca llegó a plantear a los fiscales del Alto Tribunal el cambio de la citada calificación jurídica. Quienes la conocen aseguran que la fiscal general admite en privado que ella, como jurista, cree que lo que sucedió en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 sólo puede ser calificado como un delito contra el orden constitucional.

María José Segarra llegó a la Fiscalía General de la mano de la ministra de Justicia Dolores Delgado, con quien mantenía amistad a través de la asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF). Durante su mandado, su antigua plaza de fiscal jefe ha salido a concurso y el Gobierno le ha intentado buscar una salida digna con la modificación del Reglamento del Ministerio Fiscal a través del que la querían ascender a fiscal de Sala, la categoría más alta en el Ministerio Fiscal, tras su hipotético cese. Tanto el Consejo Fiscal como el Consejo General del Poder Judicial se opusieron a la propuesta del Ministerio de Justicia al entender que carece de cobertura legal promover un cambio de categoría profesional mediante un Reglamento.