El BBVA intenta frenar 'in extremis' su imputación por el espionaje con Villarejo

El BBVA intenta 'in extremis' esquivar su imputación en el caso Villarejo. Según ha podido saber El Independiente, la entidad presentó este viernes un escrito en la Audiencia Nacional donde reitera que se considera perjudicada por los pagos realizados al comisario José Manuel Villarejo. El banco refleja en dicho documento, donde solicitan de nuevo ser acusación en la denominada operación Tándem, que es una “víctima” de las contrataciones por valor de hasta once millones de euros que se hicieron al conglomerado empresarial del polémico policía.

La entidad bancaria entiende que esos trabajos, de dudosa legalidad, se llevaron a cabo para blindar al ex presidente Francisco González y que, en ningún caso, no beneficiaron al banco.

Tal y como desveló este medio, Anticorrupción y el juez Manuel García Castellón tienen encima de la mesa desde el pasado mes de marzo una solicitud de la entidad donde pidió por primera vez personarse como perjudicada en el citado procedimiento.

Sin embargo, según informan fuentes de la investigación esta maniobra de última hora no hará cambiar la postura de la Fiscalía que tiene previsto presentar esta misma semana un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional para, tal y como adelantó este periódico, solicitar la imputación de la entidad bancaria como persona jurídica en la pieza separada número nueve del caso Villarejo.

Además, el Ministerio Público se opondrá a que el banco tenga la doble condición de la que pretende gozar en este procedimiento judicial: por un lado, ejercer de acusación y, por otro, ser investigado por las contrataciones millonarias que hizo al comisario vinculado a las cloacas del Estado José Manuel Villarejo.

Pagos hasta 2017

La línea de defensa del segundo banco de España pasa por demostrar que el BBVA no recibió ningún beneficio -ni directo ni indirecto- a través de los pagos al comisario que actualmente permanece en prisión preventiva acusado de graves delitos de corrupción, recalcan fuentes próximas a la defensa. Para exigir responsabilidades penales a un persona jurídica hay que demostrar que se benefició del hecho delictivo, según reza el artículo 31 bis del Código Penal.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas explican que, aunque la reforma del Código Penal que permite perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas es del año 2010, y la guerra sucia del BBVA contra la constructora Sacyr y su ex presidente Luis del Rivero por el intento de control del banco data del año 2004, la Audiencia Nacional tiene en su poder facturación al grupo empresarial del comisario Villarejo del año 2017.

En ese caso los delitos -cohecho y revelación de secretos- no estarían prescritos y, además, permite acordar la imputación contra la entidad como persona jurídica puesto que siguieron contratando al agente encubierto en los años posteriores a que entrara en vigor la reforma del Código Penal. De hecho, tal y como desveló en exclusiva El Indepediente en octubre del año pasado, las retribuciones millonarias de la entidad al agente encubierto se prolongaron al menos hasta el 1 de abril de 2017, meses antes de que este fuera detenido por orden de la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de ese mismo.

Una vez que el Ministerio Público formalice su solicitud de imputación la pelota quedará en el tejado del instructor García Castellón. El magistrado ya acordó investigar a la ex cúpula del BBVA cuando González era presidente de la entidad bancaria. Entre otros, están siendo investigados el ex consejero delegado Ángel Cano y el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, muy próximo a Villarejo.