Jupol exige ir a la reunión en la que Interior desvelará el informe clave sobre equiparación

Justicia Policial (Jupol), brazo de Jusapol y hoy sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional, ha pedido al Ministerio del Interior poder asistir a la reunión de la próxima semana en la que se facilitará a los representantes de los policías nacionales y los guardias civiles el informe clave sobre la equiparación salarial. Y ello pese a sus críticas al acuerdo firmado en marzo de 2018 por considerar insuficiente la cantidad comprometida por el Gobierno: 807 millones de euros entre 2018 y 2020.

La Secretaría de Estado de Seguridad ha convocado el próximo lunes a los cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y a las siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) que rubricaron el acuerdo de equiparación salarial con Juan Ignacio Zoido para entregarles una copia del informe realizado por Ernst&Young Abogados tras comparar los puestos y las retribuciones en la Policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.

El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo de 2018, incluía una cláusula -concretamente la primera- por la que la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa que determinara si los 807 millones de euros supone la equiparación "total y absoluta". Ese trabajo es el que se dará a conocer la próxima semana a sindicatos y asociaciones profesionales en el curso de la reunión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial.

El sindicato de Jusapol siempre ha criticado el acuerdo firmado en marzo de 2018 por considerar insuficiente los 807 millones comprometidos

Cuando Zoido -entonces ministro del Interior- firmó dicho acuerdo con los representantes de policías y guardias civiles no existía Jupol, pero sí Jusapol. La plataforma que logró catalizar esta histórica reivindicación tras el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña por el desafío independentista siempre se ha mostrado en contra de dicho pacto, al considerar que la cantidad consignada por el Ejecutivo representa poco más de la mitad del dinero que se requiere para igualar las nóminas con mossos y ertzainas.

En un escrito presentado este lunes, el secretario general de Jupol pide a la número dos de Interior -Ana Botella- que les invite a la reunión del próximo lunes por ser la organización "con mayor representación en el Consejo de Policía" tras las elecciones celebradas el pasado 19 de junio (ocho de 14 vocales). El sindicato considera que su presencia en dicha reunión "no es sólo necesaria sino imprescindible".

La petición de Jupol se produce mientras sigue esperando que Grande-Marlaska les reciba y les entregue el informe encargado a Ernst&Young o declarará el conflicto colectivo permanente, que mantendría mientras se tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados. El plazo que el nuevo sindicato mayoritario en la Policía ha dado al ministro del Interior en funciones expira a final de este mes.

Según se detalla en el orden del día, Interior hará una valoración el próximo lunes del informe elaborado por Ernst&Young Abogados, le harán entrega de una copia del trabajo a los representantes de los agentes y se fijará fecha para una nueva reunión en la que los sindicatos y las asociaciones profesionales puedan expresar su opinión sobre las conclusiones a las que ha llegado la consultora.

Requerimiento del juzgado

La entrega de dicho trabajo se producirá días después de que termine el plazo que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 12 de Madrid otorgó el pasado 26 de junio a Interior para que, en tramitación del recurso interpuesto por la Confederación Española de Policía (CEP), le remitiera el expediente administrativo íntegro con todos los informes -provisionales y finales- elaborados por Ernst&Young en virtud del citado encargo.

La Secretaría de Estado de Seguridad desvelará las conclusiones de la consultora días antes de que expire el plazo que tiene para responder las peticiones que ha recibido a través del Portal de Transparencia y que ha tratado de dilatar. El pasado 5 de julio, comunicó que ampliaba el mes que tenía para responder a la solicitud de información tramitada por este redactor por medio de Transparencia invocando la supuesta complejidad de la petición.

Ernst&Young Abogados entregó un primer informe final en la segunda quincena de febrero, si bien la Secretaría de Estado de Seguridad lo echó para atrás el 27 marzo al entender que el trabajo realizado por la consultora no cumplía las condiciones del encargo, ofreciéndole un plazo adicional de 45 días hábiles para rehacerlo. Interior sí ha recepcionado la nueva versión, de lo que se deduce que el contratista ha cumplido con las condiciones que establecía el pliego que reguló la licitación.

Tanto a la CEP -en sede judicial- como a Vox -en sede parlamentaria-, Interior tendrá que entregar todos los informes realizados por Ernst&Young, incluido el rechazado en marzo. Ello permitirá conocer si la Secretaría de Estado de Seguridad ha ordenado a los técnicos de la auditora a maquillar los resultados del trabajo a fin de que las conclusiones se acomoden a los 807 millones de euros ya consignados.

Sin vinculación jurídica

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dará a conocer a los sindicatos policiales y a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil el trabajo de la consultora cuando ya dispone de un dictamen del Consejo de Estado que concluye que el acuerdo firmado por Zoido en marzo de 2018 no le vincula jurídicamente, lo que allana el camino a su incumplimiento.

El Ministerio del Interior ha abonado ya dos de los tres tramos pactados, quedando pendiente el desembolso -el próximo año- de los de 247 millones de euros con los que se alcanzarían los 807 millones comprometidos.