La Fiscalía mueve ficha: pide imputar al BBVA y rechaza que sea perjudicado

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este miércoles un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional para, tal y como adelantó este periódico, solicitar la imputación de la entidad bancaria como persona jurídica en la pieza separada número nueve del caso Villarejo.

Los fiscales Anticorrupción piden que el banco sea imputado por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares.

Además, según informan fuentes fiscales a El Independiente el Ministerio Público en el mismo documento se opone a que el banco tenga la doble condición de la que pretende gozar en este procedimiento judicial: por un lado, ejercer de acusación particular y, por otro, ser investigado por las contrataciones millonarias que hizo al comisario vinculado a las cloacas del Estado José Manuel Villarejo.

Para dar este paso procesal, la Fiscalía ha considerado acreditado que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, “titularidad del entonces funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo José Manuel Villarejo, afectaron a varias áreas sensibles del Banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal”. El Ministerio Público cree que varios de los miembros de la excúpula del BBVA en la época en la que Francisco González presidía la entidad recibieron "dádivas" del entorno del comisario vinculado a las cloacas del Estado.

Además, el departamento que dirige el fiscal jefe Alejandro Luzón sostiene que “dichas contrataciones habrían tenido por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito” que comprendían desde seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones hasta intromisión en la documentación bancaria de particulares.

La imputación, en manos del juez

Anticorrupción pide que la entidad sea requerida para designar especialmente a una persona que la represente y comparezca en dicha condición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ahora, la pelota queda en el tejado del instructor García Castellón. El magistrado ya acordó investigar a la ex cúpula del BBVA cuando González era presidente de la entidad bancaria. Entre otros, están siendo investigados el ex consejero delegado Ángel Cano y el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, muy próximo a Villarejo.

La línea de defensa del segundo banco de España pasa por demostrar que el BBVA no recibió ningún beneficio -ni directo ni indirecto- a través de los pagos al comisario que actualmente permanece en prisión preventiva acusado de graves delitos de corrupción, recalcan fuentes próximas a la defensa. Para exigir responsabilidades penales a un persona jurídica hay que demostrar que se benefició del hecho delictivo, según reza el artículo 31 bis del Código Penal.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas explican que, aunque la reforma del Código Penal que permite perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas es del año 2010, y la guerra sucia del BBVA contra la constructora Sacyr y su ex presidente Luis del Rivero por el intento de control del banco data del año 2004, la Audiencia Nacional tiene en su poder facturación al grupo empresarial del comisario Villarejo del año 2017.