Pablo Iglesias ha sorprendido desde la tribuna del Congreso de los Diputados con un movimiento insólito. "Renunciamos al ministerio de Trabajo a cambio de las políticas activas de empleo", le ha lanzado a un Pedro Sánchez que miraba atónito a sus compañeros de bancada y negaba con la cabeza el último volantazo de la negociación. ¿Pero qué reclamaba en realidad Pablo Iglesias?
Las políticas activas de Empleo son el núcleo competencial del ministerio de Trabajo. Tanto que la aspiración de Podemos suponía en realidad poner en manos del partido morado la gestión de 25.415,9 millones de euros, cantidad contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 para la Secretaría de Estado de Empleo. De esta cantidad, 5.985 millones de euros se destinarían directamente a las políticas activas de empleo, bajo el manto del SEPE.
En estas partidas, que Carmen Calvo definió este mismo jueves como nucleares para desarrollar el programa del Partido Socialista, están incluidas entre otras partidas la gestión de la formación y búsqueda de trabajo de los desempleados.
Competencias transferidas en parte a las comunidades
Las políticas activas de empleo incluyen tanto programas de ayudas a parados como formación para empleados a través de distintos programas que se coordinan desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pero cuyos fondos están transferidos en parte a las comunidades autónomas. El propio proyecto de políticas activas de empleo para 2019 detalla que, de los casi 6.000 millones de presupuestos, "se podrán distribuir entre las Comunidades Autónomas un total de 2.126,109,73 millones de euros".
Actualmente, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Estado de Empleo, es el que coordina estas políticas dentro de los acuerdos adoptados en conferencia sectorial con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias. "¿Sabe usted que las políticas activas de Empleo están transferidas a las Comunidades Autónomas? Quiere usted conducir un coche sin saber siquiera dónde está el volante", le ha atacado a ese respecto la portavoz socialista Adriana Lastra en su turno de respuesta.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elevó, en su reciente revisión del gasto público, a entre 6.100 y 6.500 millones de euros la partida de gasto total que se destina en España a Políticas Activas de Empleo. En la última sectorial sobre estas políticas se acordó el reparto de 2.317 millones, un 9% más que el año pasado, para estas políticas. A estas cantidades, se suman programas específicos de regiones y entes autonómicos.
En concreto se gestionan desde el Sistema Nacional de Empleo (SNE) formado por el SEPE, encargado de fijar los criterios de reparto, y los 17 servicios públicos de empleo autonómicos. Incluyen la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la protección por desempleo, la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral y el desarrollo de dicha ordenación.
De esta forma, Podemos gestionaría el pilar de una de las tres secretarías de Estado que tiene el Ministerio de Trabajo, junto a la de Seguridad Social y la de Migraciones.
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