Un bufete de abogados, la tercera empresa en un mes al borde de la imputación por contratar a Villarejo

Primero fue imputada como persona jurídica la naviera de los hermanos Pérez Maura por contratar los servicios del comisario de Policía José Manuel Villarejo (pieza Pit); luego vino la solicitud de imputación de la Fiscalía Anticorrupción para la entidad BBVA (pieza 9); y, ahora, el Ministerio Público pide también al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que acuerde investigar como persona jurídica al bufete de abogados Herrero y Asociados por delitos de cohecho y revelación de secretos (pieza Iron).

Según ha podido saber El Independiente de fuentes de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado esta semana al instructor del denominado caso Tándem dicha imputación siendo el citado bufete la última empresa que se enfrenta a una investigación por un delito de corrupción (cohecho o soborno) por haber contratado al agente vinculado a las cloacas del Estado. Es la tercera petición de imputación de los fiscales dirigida a una persona jurídica en el último mes y medio, indican las fuentes consultadas.

El juez ya ha acordado la imputación de la naviera de los Pérez Maura mientras debe todavía pronunciarse sobre el BBVA y Herrero y Asociados

No obstante, de momento tan sólo ha sido imputada por el instructor -en un auto fechado el pasado 20 de junio- la sociedad Pérez y Cía de la familia de Álvaro y Ángel Pérez-Maura, investigados en la pieza separada Pit por recurrir al comisario hoy en prisión para que frustrase la entrega a las autoridades de Guatemala del segundo de ellos. A la mercantil se le atribuye la presunta comisión de un delito de cohecho activo.

Denominador común: el cohecho

En los tres casos -Pérez y Cía, BBVA y Herrero y Asociados- se investiga este delito debido a que en los distintos años de contratación a José Manuel Villarejo este tenía la condición de funcionario policial en activo. El artículo 424 del Código Penal establece que “el particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida”.

Además, la Fiscalía cree que el bufete Herrero y Asociados pudo cometer un delito de revelación de secretos puesto que los servicios contratados incluyeron el acceso ilegítimo a tráficos de llamadas telefónicas y el acceso no autorizado a movimientos de cuentas bancarias, así como en algunos casos, información tributaria y de inteligencia financiera.

El bufete contrató los servicios del conglomerado empresarial de Villarejo para que llevara a cabo un doble trabajo. De un lado, le encargó la elaboración de un informe de inteligencia y, de otro, le pidió que interpusiera una denuncia contra un grupo de letrados que había abandonado el bufete para crear Balder IP Law y que, supuestamente, habían clonado el servidor para tener la base de datos de clientes del despacho para el que habían trabajado.

Por su parte, junto a los delitos de cohecho y revelación de secretos, el BBVA se enfrenta a una imputación por el delito de corrupción entre particulares debido a que el ex jefe de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano, percibió presuntamente dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones.

Preocupación en el Ibex

Según informan fuentes de la investigación, todas las empresas donde se pueda acreditar que realizaron pagos al agente encubierto a cambio de que llevara a cabo trabajos ilícitos serán tratadas por Anticorrupción de la misma manera que Pérez y Cía, Herrero y Asociados o el BBVA. Se perseguirán las presuntas responsabilidades penales de las mismas en virtud del artículo 31 bis del Código Penal.

Tal y como desveló El Independiente en exclusiva en octubre de 2018, grandes empresas del Ibex 35 recurrieron a los servicios del polémico comisario. Por ejemplo, Caixabank, facturó a Cenyt 45.000 euros el 16 de mayo de 2012 por la prestación de un servicio que este diario no ha podido determinar. Además, según la documentación que reza en poder de este medio, la multinacional Iberdrola pagó 95.000 euros al actual preso preventivo entre los años 2012 y 2017.

Junto al BBVA, contrataron los servicios de Villarejo Caixabank, Iberdrola, Repsol, Legalitas o Société Générale, entre otros

Por su parte, la petrolera Repsol YPF pagó 45.000 euros a Cenyt Data -la filial del grupo especializada en servicios de informática forense, ya inactiva- por la “elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistemas tecnológicos, anulados o dañados. Consultoría jurídica y técnica”.

Asimismo, el antiguo agente encubierto prestó a través de su complejo entramado societario servicios variopintos a decenas de empresas como Legalitas Asistencia Legal, Alcampo, Citibank España, Société Générale, Planeta Corporación, Generali, Simba, Persán o Eurofinsa. Todas estas entidades miran ahora con preocupación a la Audiencia Nacional.