Equiparación salarial: la hora de Grande-Marlaska

Después de meses de espera, el Ministerio del Interior facilitará este lunes a los representantes de los policías nacionales y de los guardias civiles el informe elaborado por una consultora externa que teóricamente debe determinar si los 807 millones de euros comprometidos para el trienio 2018-2020 son suficientes para que la equiparación salarial con mossos y ertzainas sea "total y absoluta".

Llega la hora de la verdad para Grande-Marlaska, que heredó el acuerdo de su antecesor -el popular Juan Ignacio Zoido- y se ha limitado hasta ahora a abonar en plazo los dos primeros tramos: 310 millones en octubre de 2018 y 250 millones en abril de este año. Queda un último desembolso de 247 millones, sin que Interior -más partidario ya de hablar de subida que de equiparación salarial- haya puesto aún fecha concreta al pago.

Sobre la ejecución del acuerdo firmado en marzo de 2018 planean diversas incógnitas, avivadas después de que el hoy ministro en funciones encargara un dictamen al Consejo de Estado para conocer si las cláusulas de dicho texto -con las que los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil consideraban blindada la negociación que llevaron a cabo con el Gobierno del PP- les condicionaba. "[No es] ni jurídicamente exigible ni vinculante", ha concluido el órgano consultivo del Gobierno.

A la espera de que se conozca el contenido del informe de la consultora externa, el segundo que ha presentado Ernst&Young Abogados SLP después de que Interior rechazara la primera versión con el argumento de que no cumplía las condiciones del encargo, El Independiente disecciona las claves sobre la ejecución del compromiso de mejora salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

• Qué dice el informe de la auditora. La Secretaría de Estado de Seguridad ha convocado este lunes a las 16.30 horas a los cuatro sindicatos (SUP, CEP, UFP y SPP) y a las siete asociaciones profesionales  firmantes del acuerdo de equiparación salarial (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y la Asociación Profesional de Cabos) para hacerles entrega del informe elaborado por la consultora Ernst&Young tras analizar supuestamente puesto a puesto y las retribuciones en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Entre los representantes de los agentes se extiende el convencimiento de que la auditora no eleva la cifra ya comprometida y que el Gobierno no habilitará ninguna partida adicional. El Independiente ya informó de las presiones que Interior ejerció sobre los técnicos de Ernst&Young durante el desarrollo de los trabajos para que aquéllos se ciñeran en sus conclusiones a los 807 millones. "No va a haber más dinero", llegó a decir en una reunión el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez Lenin. Ello llevó a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a presentar una denuncia penal, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid y sin que se hayan producido más avances que el de aceptar la personación de la Unión Federal de Policía (UFP) en el procedimiento. No es el único frente que tiene abierto en los tribunales el departamento que dirige Grande-Marlaska por su gestión del acuerdo de equiparación salarial. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 12 de Madrid tramita una demanda que la Confederación Española de Policía (CEP) interpuso en mayo y para la que ya se ha señalado fecha de juicio: el 2 de octubre. Este procedimiento permitirá a la citada organización acceder a todo el expediente -reclamado por el juez a Interior- y conocer si la consultora varió su informe final respecto a la versión inicial por las presiones del equipo de la Secretaría de Estado de Seguridad.
• De 1.500... ¿a 807 millones? Cuando se negoció el acuerdo de equiparación salarial con Juan Ignacio Zoido, los representantes de los policías nacionales y de los guardias civiles llegaron a romper las negociaciones al entender muy alejada la última oferta de Interior -807 millones en tres años- del montante que los sindicatos y asociaciones profesionales consideraban necesario para igualar las nóminas con las de los mossos: unos 1.500 millones. Aquellas conversaciones se recondujeron después de que el Gobierno admitiera la inclusión de una cláusula en el acuerdo -concretamente la primera- por la que la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa para que, con "criterios objetivos de análisis", determinara si los 807 millones resultaban suficientes o por el contrario había que aplicar correcciones para que la equiparación salarial fuera "total y absoluta". A la espera de que trasciendan las conclusiones de Ernst&Young, un informe puesto a puesto elaborado por la UFP ya ha puesto de manifiesto que se necesitan al menos otros 61,5 millones de euros para que los agentes de la escala básica (policía y oficial) cobren lo mismo que los mossos en puestos y responsabilidades asimilables. La Asociación profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) también ha realizado un estudio comparativo de las retribuciones y los puestos con sus homólogos de los Mossos y ha constatado las importantes diferencias salariales existentes entre ambos Cuerpos.

• Consejo de Estado: el acuerdo "no es vinculante". Aun en el hipotético caso de que la consultora haya determinado que se necesitan más de 807 millones de euros, Grande-Marlaska tiene ya allanado el camino para guardar el informe en un cajón y desentenderse de dicha conclusión. En su dictamen, cuya petición y recepción ocultó Interior a sindicatos y asociaciones profesionales y que desveló este diario, el Consejo de Estado deja claro que los resultados de la empresa privada no pueden sustituir en ningún caso "las decisiones que ha de tomar el Ministerio del Interior en ejercicio de las competencias y potestades que el ordenamiento le encomienda en cuanto a la organización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". El órgano consultivo que preside la socialista María Teresa Fernández de la Vega ha ido más allá y considera que ni se le podía exigir al departamento que dirige en funciones Grande-Marlaska "la subida retributiva prevista para el segundo tramo de la equiparación salarial" -abonado en abril- ni resulta "jurídicamente exigible" a Interior el compromiso de "impulsar las medidas legislativas" que sean necesarias para evitar que en el futuro pueda producirse otra vez la brecha salarial, como se detalla en la cláusula octava del acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
• Cómo se repartirá el dinero. El informe de la consultora externa debe servir teóricamente para establecer el criterio de reparto del dinero correspondiente al tercer tramo entre los funcionarios de ambos cuerpos, toda vez que ya se contará supuestamente con elementos objetivos sobre retribuciones y puestos en las distintas escalas. El malestar de los guardias civiles ha sido palpable este año, después de que Interior elevara un 1,71 % la cantidad a distribuir entre los policías nacionales -del 41 al 42,72 %- en detrimento de los agentes del Instituto Armado -del 59 al 57,28 %- aun cuando no disponía todavía del informe de Ernst&Young.
• La irrupción de Jupol y el conflicto colectivo. Justicia Policial (Jupol), brazo de la asociación Jusapol y nuevo sindicato mayoritario en el Consejo de Policías tras las recientes elecciones, concedió el pasado 9 de julio un plazo de 20 días a Grande-Marlaska para que les recibiera y les entregara el informe de la consultora externa sobre la equiparación salarial o declararían el conflicto colectivo permanente. Los representantes de Jupol han sido citados a un encuentro este lunes por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, para informarles de las conclusiones de Ernst&Young. Será después de la reunión que mantendrá la número dos de Interior, Ana Botella, con los representantes de las organizaciones que sí firmaron el acuerdo en marzo de 2018, lo que ha irritado a los dirigentes del nuevo sindicato policial. Éstos exigen estar aunque se hubieran desmarcado en su momento por entender que la cantidad ofrecida por Interior era claramente insuficiente y han convocado este lunes una concentración a las puertas de la Secretaría de Estado para mostrar su malestar. "No estamos de acuerdo con lo que se firmó, creemos que este acuerdo se queda a medio camino", ha reiterado esta semana Jupol, que censura que se haya "dejado fuera" a los agentes de segunda actividad y que no se hayan contemplado otros conceptos (como las horas extraordinarias o el pago por la asistencia a juicio). El sindicato de Jusapol en la Policía debe decidir ahora si declara el anunciado conflicto colectivo permanente mientras se tramita en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han promovido y para la que han recogido más de medio millón de firmas como mecanismo para lograr la  "verdadera equiparación salarial". La incógnita que se plantea es si, Jupol da ese paso, Interior congelará el pago del tercer tramo.