Incertidumbre judicial: CGPJ y TC esperan a un nuevo Gobierno para su renovación

El bloqueo político que atraviesa España afecta también a la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva desde el pasado mes de diciembre en funciones después de que el acuerdo que alcanzaron el Partido Socialista y el Partido Popular saltara por los aires tras la filtración del mensaje de whatsapp reenviado por el ex portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, sosteniendo que controlarían la Sala Segunda del Supremo con el magistrado Manuel Marchena de presidente del Alto Tribunal.

Marchena, en un gesto que dignificó al Poder Judicial, renunció de forma sorpresiva a la presidencia y reivindicó su independencia.  Dos meses después, tras ese primer intento fallido de renovación hubo una nueva aproximación entre socialistas y populares que acabó en una mera voluntad de sentarse a negociar. Esos planes se vieron interrumpidos por el período electoral. Ahora, la cúpula del Poder Judicial está pendiente de la formación de Gobierno en septiembre para ser renovada tras el último intento fallido de investir a Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo.

En noviembre corresponde al Congreso por mayoría de tres quintos renovar a un tercio del tribunal de garantías

A los cambios en el órgano de gobierno de los jueces se suma la próxima renovación de un tercio del Tribunal Constitucional. El mandato del presidente Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarna Roca y los magistrados Fernando Valdés-Ré y Andrés Ollero expira en el mes de noviembre. Los principales partidos tendrán que ponerse de acuerdo en el Congreso de los Diputados para aprobar por mayoría de tres quintos la décimo tercera renovación del tribunal de garantías.

Si se mantiene la regla no escrita para la elección del presidente optarán a dicha plaza los cuatro magistrados más antiguos del órgano: Antonio Narváez, Juan Antonio Xiol, Pedro González Trevijano y Santiago Martínez Vares.

Un "acuerdo global" de renovación

Las distintas fuentes jurídicas y parlamentarias consultadas por El Independiente explican que lo “lógico” es que las principales formaciones políticas traten de alcanzar un “acuerdo global” de renovación de CGPJ y TC. No obstante, explican que la principal dificultad estriba en que el Partido Popular se comprometió a cambiar el sistema de elección del Consejo a raíz del escándalo del whatsapp de Cosidó, aunque el pasado mes de diciembre el Congreso de los Diputados ya rechazó las enmiendas registradas por PP y Ciudadanos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el objetivo de cambiar el sistema de elección de doce de los veinte vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces.

Por su parte, las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia ya han cuestionado públicamente que el Consejo siga realizando nombramientos de calado en la Judicatura mientras está en funciones. Sin embargo, también es cierto que el presidente Lesmes ha remitido en dos ocasiones misivas a los presidentes del Congreso y el Senado recordándoles su “obligación” de renovar el CGPJ. La última vez fue el pasado día 10 de julio donde recordó a Meritxell Batet y Manuel Cruz, presidentes de la Cámara Baja y Cámara Alta respectivamente, que “constituido ya el nuevo Parlamento, tras las elecciones generales del pasado 28 de abril, e iniciada la XIII Legislatura, creo necesario recordar nuevamente que resulta legalmente obligado proceder a la renovación de este órgano”.

No obstante, hay fuentes consultadas que contemplan como una posibilidad que serviría para “purificar” el sistema de elección que se abriese un nuevo plazo para que las asociaciones judiciales volvieran a presentar a sus candidatos. Aseguran que esto no implicaría un retraso importante en la renovación –ya que se pueden acotar los plazos-  y así se ofertaría de nuevo a toda la Carrera Judicial la posibilidad de formar parte del CGPJ.

Nuevo fiscal general

En el precedente anterior de un Consejo cuya renovación estuvo paralizada por el bloqueo político (ocurrió en el CGPJ que presidió el fallecido Francisco José Hernando), hubo un retraso de dos años en el nombramiento de sus nuevos componentes y en aquel caso las listas de candidatos fueron inamovibles. De ahí, que también haya fuentes judiciales y parlamentarias –la mayoría de las consultadas- que apuesten por que las listas se queden tal y como están.

El nuevo Ejecutivo podrá nombrar al posible sustituto de la actual fiscal general del Estado, María José Segarra

Junto a los cambios en el órgano de gobierno de los jueces y el tribunal de garantías, también se producirá previsiblemente un relevo en la Fiscalía General del Estado. Tal y como desveló este medio, en el Partido Socialista y Gobierno en funciones hay un profundo malestar con la actual fiscal general María José Segarra por dos motivos: por un lado, por no haber sido capaz de imponer su criterio a los fiscales del ‘procés’ para que no calificarán lo sucedido en Cataluña en el otoño de 2017 como un delito de rebelión y, por otro, por haber avalado que el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón presentara una denuncia demoledora contra la juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños, ante el Consejo.

Con este escenario es altamente probable que si tanto el Ejecutivo lo lidera Pedro Sánchez como si hay repetición electoral y gobernasen las formaciones de derecha haya cambios en la cúspide del Ministerio Fiscal. Segarra puede tener los días contados en el despacho noble del antiguo palacio del Marqués de Fontalba y Cubas, hoy sede de la Fiscalía General del Estado ubicado en la calle Fortuny de Madrid.