El juez del 'caso Villarejo' cita a BBVA para declarar como persona jurídica el 24 de septiembre

BBVA tendrá que declarar como persona jurídica ante el juez el próximo 24 de septiembre. Así lo ha decidido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

La causa en la que se investiga la contratación de empresas del comisario José Manuel Villarejo para trabajos de espionaje por parte del BBVA dio un salto cualitativo cuando el juez acordó la imputación del banco como persona jurídica. La entidad financiera que preside Carlos Torres pasó de intentar ejercer la acusación como presunta perjudicada a ser investigada.

En un auto fechado el pasado 29 de julio,  el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, admitía la petición de la Fiscalía Anticorrupción y llamaba al procedimiento en calidad de investigado al BBVA como persona jurídica por los millonarios pagos realizados a las empresas de Villarejo. Éste se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

La contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, controlada por el policía ya retirado, afectaron a "varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad" durante un prolongado periodo de tiempo. La investigación trata de aclarar si antiguos miembros de la cúpula del BBVA en la época en la que Francisco González presidía la entidad recibieron “dádivas” del entorno del comisario vinculado a las cloacas del Estado.

El instructor ya acordó investigar a la ex cúpula del BBVA cuando González era presidente de la entidad bancaria. Entre otros, están siendo investigados el ex consejero delegado Ángel Cano y el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, muy próximo a Villarejo.

La línea de defensa del segundo banco de España pasa por demostrar que el BBVA no recibió ningún beneficio -ni directo ni indirecto- a través de los pagos al comisario que actualmente permanece en prisión preventiva acusado de graves delitos de corrupción, recalcan fuentes próximas a la defensa. Para exigir responsabilidades penales a un persona jurídica hay que demostrar que se benefició del hecho delictivo, según reza el artículo 31 bis del Código Penal.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas explican que, aunque la reforma del Código Penal que permite perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas es del año 2010, y la guerra sucia del BBVA contra la constructora Sacyr y su ex presidente Luis del Rivero por el intento de control del banco data del año 2004, la Audiencia Nacional tiene en su poder facturación al grupo empresarial del comisario Villarejo del año 2017.

Respuesta del BBVA

Por su parte, el BBVA defendió en un comunicado que su imputación por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares no supone la acusación formal por ningún delito. "La condición de investigado no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito", subraya.

En cuanto a la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar la solicitud de la entidad para personarse como parte perjudicada, el banco considera que lo ha hecho "por el momento" y "en esta fase incipiente de la investigación". Es más, el banco destaca que la decisión definitiva sobre esta cuestión ha quedado pospuesta a una fase posterior.

BBVA aprovechó para insistir en que su prioridad es esclarecer los hechos y colaborar con la justicia e incide en que ha aportado información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la justicia de manera proactiva hallazgos relevantes de la investigación "forensic" encargada a Garrigues, Uría Menéndez y la consultora PwC. Tanto el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se pedía la imputación de la entidad como el auto, destaca el banco, citan la colaboración activa de BBVA en la causa.