Torra negó los datos a Interior y a la auditora para el informe de equiparación salarial

La Generalitat de Cataluña se ha negado a facilitar información sobre los puestos de trabajo y las retribuciones de los Mossos d’Esquadra tanto a la auditora externa contratada para hacer el análisis independiente de la equiparación salarial como al propio Ministerio del Interior. Ello ha impedido a la consultora (Ernst&Young Abogados) disponer de datos esenciales para realizar el trabajo, lo que arroja dudas sobre las conclusiones finales.

En el informe entregado el pasado mes de febrero, devuelto por Interior con el argumento de que no cumplía el pliego de prescripciones técnicas que reguló el concurso, la multinacional dedica un epígrafe a detallar las salvedades de la información recibida y las limitaciones que ha encontrado al llevar a cabo el encargo. Éste, concretamente, consistía en la realización de un estudio comparativo de las retribuciones entre policías nacionales y guardias civiles y de éstos con policías autonómicas.

Ernst&Young deja claro que su informe “sólo contiene información retributiva agregada” y que no ha dispuesto del detalle sobre “las percepciones retributivas individuales por puesto”, toda vez que sus solicitudes de información no han sido atendidas por el Gobierno de Quim Torra.

Salvedad detallada por la consultora sobre la falta de colaboración de la Generalitat. EL INDEPENDIENTE

“Ernst&Young ha solicitado, entre otra, información desglosada individualmente para dar cumplimiento a la finalidad del proyecto, en la medida en que la utilización de datos agregados no resulta suficiente para realizar la equiparación salarial realizando la equiparación funcional puesto a puesto. No obstante, no se ha recibido respuesta a la solicitud de información adicional relativa a los Mozos de Escuadra”, detalla la primera versión.

Ernst&Young no ha dispuesto de “las percepciones retributivas individuales por puesto” en los Mossos ante el desaire de la Generalitat

A mayor detalle, la consultora precisa que solicitó dichos datos a la subdirectora general de Recursos Humanos de la Generalitat, Esperança Cartiel, y no obtuvo respuesta. Esta circunstancia la puso en conocimiento de la Secretaría de Estado de Seguridad, que realizó el mismo requerimimento con idéntico resultado.

De esta forma, los únicos datos con los que ha contado la auditora externa han sido los que el Ministerio del Interior obtuvo en el último trimestre de 2017, a raíz de que el Senado autorizara al Gobierno de Mariano Rajoy la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el desafío independentista y el equipo dirigido entonces por el popular Juan Ignacio Zoido tomara el control de los Mossos. El responsable de la Conselleria de Interior durante aquellos meses, Juan Antonio Puigserver, sigue siendo el secretario general técnico del Ministerio del Interior.

Según se detallaba en el pliego de prescripciones técnicas, uno de los cometidos de la consultora era llevar a cabo un estudio comparativo entre las retribuciones actuales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y las que se perciben "en el ámbito de las policías autonómicas", lo que permite deducir que los técnicos de Ernst&Young tendrían que haber analizado también las nóminas no sólo de los mossos sino también las de los de la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra.

Sin información de la Ertzaintza

Sin embargo, la consultora hace constar en su trabajo inicial que la única información que ha recibido de los Cuerpos autonómicos ha sido la relativa a la Policía de la Generalitat de Cataluña, a la que Interior tuvo acceso tras empezar a aplicarse el artículo 155 y suspender parcialmente la autonomía de dicha comunidad.

El informe independiente era un trabajo clave para determinar si los 807 millones de euros que en marzo de 2018 Interior se comprometió a desembolsar en el trienio 2018-2020 para recortar la brecha salarial de policías nacionales y guardias civiles con los mossos -tras el despliegue llevado a cabo en Cataluña por el referéndum de autodeterminación del 1-O de 2017- eran suficientes para alcanzar la equiparación "total y absoluta" o por el contrario se requería habilitar una partida adicional.

Ante el distanciamiento entre la cantidad exigida por los representantes de los agentes (1.500 millones) y la ofrecida por la Administración (807 millones), los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil trataron de blindarse incorporando una cláusula al acuerdo por la que la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa que fijara "criterios objetivos de análisis" y, llegado el caso, aplicara "las correcciones que sean necesarias".

Delimitado el campo de actuación

Ese compromiso ha quedado en papel mojado en tanto en cuanto no se le ha ofrecido a las organizaciones firmantes la posibilidad de participar en dicho estudio, como también detalla dicha cláusula primera, y a la consultora se le he delimitado el campo de actuación: su análisis se ha tenido que circunscribir al "marco total y absoluto de los 807 millones", como se encarga de reiterar Ernst&Young en la versión del informe que Interior sí ha recepcionado.

Como ha informado El Independiente, en el trabajo inicialmente entregado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, la auditora consideraba que el citado montante "es insuficiente" para alcanzar la equiparación retributiva, al haber incluido la Secretaría de Estado de Seguridad -entonces dirigida por el popular José Antonio Nieto- varios conceptos de manera errónea: los pluses de vestuario y residencia y la acción social, dado que tienen un "carácter indemnizatorio" y en consecuencia "no debiera ser considerado como retribución".

Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Confederación Española de Policía (CEP) ya han anunciado que no aceptan el informe que la número dos de Interior, Ana Botella, les entregó este lunes al "incumplir las cláusulas del acuerdo". La CEP ya interpuso un recurso contencioso-administrativo en mayo ante la opacidad del Ministerio en la ejecución del acuerdo, mientras que el SUP ha anunciado que sus servicios jurídicos estudiarán ahora el documento “con detenimiento” para determinar si impulsan “medidas administrativas o judiciales” en cumplimiento de lo pactado en marzo de 2018.