La URJC detecta firmas "no válidas" en la moción de censura contra el rector

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha detectado firmas "no válidas" en el escrito con el que un grupo de estudiantes y profesores críticos ha presentado este martes una moción de censura contra el rector, Javier Ramos. Ello haría decaer la iniciativa al no reunir las adhesiones mínimas que fijan los estatutos y que no llegue siquiera a convocarse el claustro para su debate.

A preguntas de El Independiente, un portavoz de la Universidad madrileña ha reconocido que los técnicos "están revisando" la documentación" presentada por los promotores y que ya se han identificado algunas firmas "no válidas", lo que tumbaría la iniciativa para remover a Ramos del puesto. Esta fuente ha eludido ofrecer más detalles a la espera de que avance el procedimiento de verificación.

La duda que se plantea ahora es si la URJC concede ahora a los promotores un plazo para subsanar las presuntas deficiencias en que incurre el escrito. Otras fuentes sostienen que la Mesa del Claustro debe ser convocada para resolver la tramitación de esa moción, al ser el órgano "competente para ello".

"Si alguna firma genera duda que abran un periodo de subsanación. Pero lo tiene que hacer la mesa del claustro, no un miembro del equipo de gobierno. Hurtar a la mesa cualquier consideración sobre esta cuestión en el marco de una convocatoria oficial sería un ilícito penal", añaden fuentes conocedoras de la gestación de la moción, que aseguran que todas las firmas están escaneadas al presentarse por registro electrónico.

La URJC confirma que ha detectado firmas "no válidas" en el escrito, lo que hará decaer la iniciativa de remoción

La petición está respaldada por 101 rúbricas, con lo que en principio alcanzaría el mínimo que establecen los estatutos de la URJC: la tercera parte de los miembros del claustro. Fuentes conocedoras del proceso de recopilación de firmas aseguran que varias no serían válidas al aparecer escaneadas -han de ser de puño y letra- y proceder del intento de moción promovido el pasado mes de febrero, sin que sus autores la hayan ratificado ahora.

Nombres mecanografiados, no manuscritos

En este sentido, miembros del Claustro de la Rey Juan Carlos han denunciado las presiones que en los últimos días han recibido los titulares de las firmas escaneadas para que las ratificaran y la moción pudiera debatirse. Las fuentes dijeron que esas presiones ya las están investigando las "autoridades correspondientes".

Los nombres de estos firmantes y sus números de DNI aparecen mecanografiados y no manuscritos, a diferencia de lo que ocurre con el resto de estudiantes, docentes y miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS) que desean descabalgar a Javier Ramos antes de que concluya su mandato.

El estudiante de Informática Ignacio Ruiz Ardisoni, consejero de gobierno de la URJC y miembro del claustro universitario, ha difundido este martes un comunicado en el que muestra su "profunda satisfacción" por la presentación de la moción de censura. Ruiz Ardisoni es el segundo que aparece firmando el escrito, según ha podido comprobar este periódico.

El promotor asegura que la iniciativa "cumple con todos los requisitos que establecen los estatutos" y da por terminada su tarea. Remover al rector fue el "motivo único" por el que se presentó a las elecciones al Claustro y al Consejo de Gobierno, expone.

Jorge Urosa, entre los firmantes

Entre los miembros del Claustro de la URJC que se han adherido a la moción de censura figura también Jorge Urosa, profesor del área de Historia del Derecho y las Instituciones y ex director del Centro Integral de Formación Permanente. Se trata del organismo en el que la Rey Juan Carlos ha detectado incumplimientos en materia de "normativa y control", por lo que a principios de junio presentó una denuncia ante la Fiscalía.

El equipo rectoral de esta universidad pública madrileña decidió auditar este centro tras constatar que compartía trabajadores con el Instituto de Derecho Público (IDP), el organismo que organizó el máster por el que Cristina Cifuentes se sentará en los próximos meses en el banquillo de los acusados. El IDP estaba dirigido por el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, fallecido el 1 de abril.

Además de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, la URJC ha contratado los servicios de un prestigioso despacho de abogados para que emita un informe jurídico sobre la "subsumibilidad penal de determinadas actividades" del Centro Integral de Formación Permanente, ante la sospecha de que se haya podido cometer delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a un ente público.

"Lacra de la corrupción"

Meses después de que se conociera esa denuncia ante el Ministerio Público, los críticos reactivan la remoción del rector, ya intentada a principios de año pero que no llegó a presentarse al no reunirse las firmas necesarias que fijan los estatutos de la URJC.

Según se lee en el escrito de motivación, al que ha tenido acceso este periódico, se busca "la regeneración de esta universidad" tras el escándalo del máster de Cifuentes y las supuestas irregularidades en la cesión de un hangar a una empresa relacionada con Ramos (European Airline Training Centre). En este caso, la Fiscalía abrió diligencias de investigación y las archivó al no apreciar indicios de delito.

"La lacra de la corrupción es una problemática endémica que lleva años instaurada en todo el sistema universitario, y por supuesto en nuestra propia casa, en forma de redes clientelares tejidas por los distintos equipos de gobierno", expone el escrito. Y añade: "Hablamos, por ejemplo, de los más recientes y archiconocidos casos Casado, Cifuentes y Montón, a quienes aún no se les ha retirado los títulos; hablamos del caso Hangar, en el que nuestro propio rector está implicado; hablamos de purgas de profesorado y PAS por motivos meramente políticos; hablamos de contrataciones a dedo y hablamos de convenios irregulares y opacos", sostienen.

Los promotores de la iniciativa sostienen que el recto Ramos "ha priorizado proteger a políticos antes que preservar la imagen y la dignidad" del centro, lo que -añaden- ha perjudicado "la reputación del conjunto de la comunidad universitaria". "Se ha intentado maquillar la realidad de la corrupción para esquivar la presión mediática y desacreditar el discurso crítico de los estudiantes", mantienen.