El juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, deja muy claras en uno de sus escritos las instrucciones al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) para proceder al desencriptado de los archivos digitales incautados al excomisario José Villarejo: "Se deberá autorizar al mínimo de técnicos".

Lo hace en un documento contenido en los últimos tomos del sumario de la pieza principal del caso, a los que ha tenido acceso Efe, fechado el pasado marzo y en el que certifica la entrega al Incibe del "resto de cabezas de archivo necesarias para el desencriptado de la información de los dispositivos intervenidos" en la causa.

Detalla el juez en su escrito una serie de condiciones para que el Incibe, ubicado en León, proceda a esta labor, la primera de todas para asegurar que el mínimo número de personas posible tenga acceso a los archivos: "Se deberá autorizar para realizar las labores de descifrado al mínimo de técnicos que resulten indispensables".

Resultados

También exige que le de cuenta cada mes de los resultados que se obtengan y a los que entreguen los archivos al instituto que "se garantice en todo momento la cadena de custodia", para lo que se deberá identificar a todas las personas que se encarguen de su recepción, custodia y volcado.

Además, avisa de que los archivos que se remitan al Incibe no deben tener "información sensible" y alerta al instituto de que "la labor de desencriptado deberá realizarse necesariamente antes del día 10 de febrero de 2020".

Esta es la fecha prevista como plazo máximo para la instrucción del caso Tándem, por lo que si no da tiempo a descifrar los archivos para entonces el juez pide que se le informe para suspender las operaciones hasta que se de una autorización judicial expresa para continuar con ellas.

Cuando el Incibe vaya consiguiendo descodificar los archivos, tendrá que comunicar los resultados al juzgado y ponerlo a disposición de los investigadores del caso Tándem con el objetivo de que los analicen y elaboren informes si la información es relevante desde un punto de vista penal.

Solo en el registro que se realizó en noviembre de 2017 a las cuatro viviendas relacionadas con Villarejo se incautaron 47 lápices de memoria y 14 discos duros donde guardaba la información, mucha de ella encriptada por el excomisario, que grababa la mayor parte de conversaciones que mantenía con sus clientes, sus colaboradores y personas influyentes.

En el registro de la oficina de la Torre Picasso de Madrid donde Villarejo tenía el epicentro de sus empresas se encontraron otros 9 discos duros externos con información, 8 "pendrives" y dos grabadoras.