Los investigadores, tras la imputación del BBVA: "Han colaborado a regañadientes"

Investigadores de la causa abierta por la contratación de las empresas del comisario José Manuel Villarejo por parte del BBVA para llevar a cabo labores de 'inteligencia' y espionaje a cambio de cantidades millonarias consideran que el banco está colaborando con la Justicia "a regañadientes" para el esclarecimiento de los hechos. El escándalo está comprometiendo de forma significativa la reputación de la segunda entidad financiera del país y una de las diez más importantes de Europa, como reconoce ya la cúpula directiva.

Fuentes de la investigación consultadas por El Independiente reconocen que el banco que preside Carlos Torres Vila está aportando abundante documentación al procedimiento, si bien no pasan por alto el hecho de que en varias ocasiones ha sido necesario reiterarle la entrega y concederle un último plazo por la tardanza en atender el requerimiento.

También el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha criticado públicamente el retraso de la investigación que lleva a cabo el BBVA, iniciada en junio del pasado año. "Sí, se me hace larga la investigación interna. Comparto la idea de que el BBVA está tardando demasiado, francamente. Cuanto antes se despejen incógnitas que pueden afectar a la reputación de una entidad cotizada tan importante como el BBVA, mejor", declaró Albella en una entrevista concedida a El Mundo semanas atrás.

La visión de los investigadores contrasta con la que trata de ofrecer públicamente el banco a raíz de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, acordara el pasado 29 de julio llamar al procedimiento al BBVA en calidad de investigado como persona jurídica por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

El banco tardó cuatro meses en solicitar su personación como perjudicado desde que trascendieron las primeras noticias

"Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo", defendió Torres Vila horas después de trascender la imputación del banco tras acceder el instructor a la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Estas diligencias se mantienen secretas casi siete meses después de que se incoaran.

En esta línea, el presidente ha resaltado que la entidad ha puesto en conocimiento del juzgado información "incluso con anterioridad a la apertura" de esta pieza separada del caso Tándem -bautizada como Operación Trampa- y que ha compartido con los investigadores "de manera proactiva los hallazgos relevantes" que ha arrojado ya la investigación forensic que llevan a cabo Garrigues, Uría Menéndez y PwC desde principios de año.

"Quiero reiterar nuestro firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley, para lo que continuaremos colaborando activamente con la Justicia”, ha insistido Carlos Torres en los últimos días en un intento de defender la reputación de la entidad mientras avanza la investigación. De momento, el escándalo se ha cobrado la imputación de ocho ex directivos y ha desencadenado la salida de Eduardo Arbizu como máximo responsable del departamento de regulación y control interno.

Espionaje masivo

Las fuentes de la investigación consultadas por este periódico reconocen en privado que, si el BBVA realmente se hubiera sentido perjudicado por los hechos que tratan de esclarecerse, hubiera presentado una denuncia nada más conocerse los servicios contratados por el banco a empresas de Villarejo a finales de 2004 para que investigaran a miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero y a empresarios vinculados a la operación promovida por la constructora Sacyr para desbancar a Francisco González de la presidencia de la entidad financiera.

Las primeras informaciones sobre el citado encargo se publicaron a principios de este año y el banco no solicitó su personación en el procedimiento hasta principios de mayo, cuatro meses después. La condición procesal de perjudicado ha sido rechazada por el juez García-Castellón.

El instructor sospecha que la entidad financiera toleró "prácticas contrarias a la buena fe empresarial" a la hora de contratar los servicios de Villarejo -entonces funcionario del Cuerpo Nacional en activo- y que esa situación fue "consentida por la cúpula del propio banco", movida por "el beneficio personal y empresarial" que le reportarían los trabajos encomendados al controvertido policía.

Facturación millonaria

El banco que Francisco González presidió entre enero de 2000 y diciembre de 2018 fue uno de los principales clientes del grupo de empresas controlado por José Manuel Villarejo mientras éste ejercía aún como comisario de Policía. El antiguo agente encubierto, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, se jubiló en junio de 2016.

Como desveló El Independiente el pasado mes de octubre, la entidad financiera pagó 5.083.099,38 euros (más 1.026.788,94 euros de IVA) a dos de las compañías vinculadas al controvertido policía entre 2012 y 2017: Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt) y Cenyt Consultoría Organizacional SL. Muchos de los conceptos son genéricos, lo que alimenta la idea de que ocultan el motivo real del encargo.