La Audiencia Nacional refuerza su seguridad tras la amenaza yihadista al juez De la Mata

La Audiencia Nacional ha reforzado sus medidas de seguridad tras una amenaza de muerte de origen yihadista que ha recibido el juez José De la Mata y que contienen datos personales muy precisos sobre él y miembros de su familia, según han confirmado a El Independiente fuentes policiales.

De la Mata (Cádiz, 1961) llegó al Juzgado de Instrucción número 5 en abril de 2015 en sustitución de Pablo Ruz. Desde entonces, además de investigar causas como la 'caja B' del PP, el 'caso 3 por ciento' o el fraude de las clínicas low cost iDental, el juez se ha centrado también en el terrorismo islamista.

De hecho, en estos años ha enviado a prisión provisional o incondicional a varios ciudadanos por presuntos delitos de adoctrinamiento y captación. El pasado mes de julio, por ejemplo, acordó el encarcelamiento por un delito de autoadoctrinamiento a una presunta yihadista que celebró los ataques de Barcelona y Cambrils de hace dos años y que mostraba su intención de replicar un atentado similar en Galicia.

El juez ha investigado recientemente a una red de captación yihadista que operaba en el interior de las prisiones

Sin embargo, el caso más sonado llevado por De la Mata en los últimos meses ha sido la desarticulación de una red de yihadistas que actuaba en el interior de las prisiones españolas, la denominada ‘operación Kafig’. La célula, que lideraba Suleimán E.M. desde la madrileña cárcel de Valdemoro y que contaba con la ayuda de un funcionario de prisiones, captaba presos con problemas económicos y les prometía como recompensa dinero para sus familias después de llevar a cabo ataques terroristas.

Tras la detención en junio de otro ciudadano marroquí, que actuaba de enlace externo de la red y se encargaba de adquirir las armas, los investigadores de la Policía Nacional dieron por cerrado el operativo, tal y como recoge Europa Press.

El juez gaditano también instruyó otra investigación que culminó en 2017 con la detención de Assia Ahmed, la viuda del terrorista Mohame Hamaduch, conocido como ‘el decapitador de Castillejos’, y considerados los padres del primer niño español nacido en territorio del Daesh. Ahmed y la viuda de otro yihadista pasaron más de dos años en territorios del Estado Islámico. De hecho, la Guardia Civil las consideraba piezas clave para ser utilizadas como “facilitadoras” de los terroristas en España.

Un año atrás, en 2016, el titular del Juzgado nº5 envió a prisión incondicional a tres miembros de otra célula terrorista de Ceuta que tenía como objetivo reclutar y radicalizar a jóvenes y niños, y a la red liderada por el expreso de Guantánamo Hamed Abderrahaman Ahmed, el ‘talibán español’.

La protección de los jueces

Las medidas de seguridad de los jueces de la Audiencia Nacional ya han sido objeto de polémica en otras ocasiones. El pasado mes de marzo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, se quejó a la Policía después de que desapareciera de golpe la vigilancia sobre su casa, que fue asaltada días atrás por un individuo, según informó El Mundo. Hasta ese momento, el juez del ‘caso Villarejo’ solo disponía de un coche con conductor y contravigilancia.

Cabe recordar que en junio de 2012, ocho meses después de que ETA anunciase el cese definitivo de la violencia terrorista, el Ministerio de Interior dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz limitó los escoltas a jueces de la Audiencia Nacional, a magistrados del Tribunal Supremo y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las amenazas independentistas obligaron en 2018 a elevar la seguridad de algunos jueces

La reducción de la protección personal a los jueces se debía, según una instrucción dictada en marzo de ese año por la Secretaría de Seguridad, a la disminución de la amenaza sobre los jueces. También con el fin de optimizar los recursos para esos servicios, “lo que permitirá recuperar para otros cometidos gran parte de los efectivos policiales dedicados a protecciones”. Ante aquella situación, la Audiencia Nacional se quejó por carta a Mariano Rajoy para mostrar su preocupación ante tal decisión.

El año pasado, las amenazas independentistas a jueces y fiscales, como las vertidas contra el instructor del procés Pablo Llarena y su mujer, tanto con pintadas en una vivienda vacacional como en la red social Twitter, obligaron a poner medidas de seguridad a jueces instructores de causas contra promotores del procés.