El juez García Castellón decidirá en septiembre si imputa al PP por la 'Púnica'

Negros nubarrones arrastrados por la corrupción madrileña se ciernen sobre el cielo de la recién estrenada nueva etapa del PP, ahora con Pablo Casado como cabeza visible. Hace unos días salía a la palestra un titular que no dejaba indiferente a nadie, menos aún dentro del relativo contexto de calma estival en que se encuentra la vida política: la Fiscalía Anticorrupción solicitaba la imputación de las ex presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por el caso Púnica así como de Ignacio González, además de la empresa Indra y de su ex presidente, Javier Monzón, por su vinculación con la caja B del partido.

Y ahora, según ha podido saber El Independiente, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, estaría estudiando la posibilidad de imputar al Partido Popular como persona jurídica por la macrocausa de financiación ilegal de la formación en Madrid, una decisión trascendental que podría traer consecuencias a los pactos, a priori cerrados, con Ciudadanos, su socio de Gobierno en  la región -recordemos que los naranjas han sido y son unos abanderados de la regeneración política como pilar fundacional del partido- y que podrían hacer tambalear la legislatura de Isabel Díaz Ayuso.

Con todo, una cosa está clara. De hacerse efectiva, la imputación tendría lugar "a finales de agosto o principios de septiembre", en todo caso después de celebrarse la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, sesión emplazada al próximo 13 y 14 de agosto.

Revisar las bases del macrosumario de la financiación ilegal que pueden llevar al PP madrileño a pasar el otoño en los tribunales no es una tarea superficial. La trama Púnica consta de dos grandes causas -la Audiencia Nacional las solapó en una única pieza en enero de 2018- que tienen como nexo común la financiación irregular de los populares: el caso Lezo y el caso Púnica, en los que están imputados los ex dirigentes regionales Ignacio González y Francisco Granados, respectivamente.

El caso Lezo se considera, por tanto, "una continuación y complemento" de la trama Púnica -según el auto del magistrado Diego de Egea, refuerzo del titular del Juzgado Central número 6, Manuel García Castellón- al investigarse en ambos casos los pagos al PP de Madrid para la campaña electoral del partido, con la única diferencia de que en la de 2007 era Granados quien estaba al frente de la secretaría general popular y en la de 2011 correspondía ese cargo a González, sucesor de Esperanza Aguirre.

Los episodios y las extensiones de financiación ilegal en el núcleo del PP madrileño no son precisamente puntuales y, pese a que durante los cinco años que lleva abierta la investigación ha habido, entre otros nombres, dos grandes protagonistas, la corriente podría abrirse y llevarse ahora por delante a históricos del partido -como Cifuentes o Aguirre- e incluso salpicar a caras nuevas abanderadas de la regeneración popular, como es el caso de Ayuso.

Echando la vista atrás, con la resolución dictada en el caso Lezo el pasado 26 de julio que desveló El Español, Castellón decretó "elementos probatorios suficientes" como para justificar la imputación contra el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por su papel de ejecutor en una intrincada "trama delictiva" de obtención de comisiones ilícitas y desvío de fondos públicos investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde 2015, dirigida a través de un complejo entramado societario cuya desembocadura final era la caja B del partido.

De la mano de González y según la investigación, el partido habría utilizado instituciones públicas -como el Canal de Isabel II o la Agencia Informática y Comunicaciones (ICM) para obtener comisiones por parte de sociedades mercantiles a cambio de la adjudicación a dedo de contratos públicos, y habría obtenido cuantiosas sumas derivadas de corruptelas -inflando el precio de determinados contratos, por ejemplo-, todo ello reconducido desde el blanqueo de fondos hasta el mercado lícito de capitales, yendo a parar a las cuentas de miembros particulares del partido.

En abril de 2017, Ignacio González fue detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Y, hasta ahora, a Aguirre no le había salpicado ni uno solo de los escándalos de sus colaboradores, no solo la imputación de su número dos, sino de otros ex cargos del PP de entonces, como Francisco Granados o Alberto López Viejo, pese a abandonar su cargo en 2016 tras conocerse la presunta financiación ilegal del partido por, en palabras de la ex presidenta, "no haber ejercido la vigilancia suficiente".

Anticorrupción acorrala a Cifuentes y Aguirre

La imputación del PP como persona jurídica por una de las 16 ramas en las que se divide la trama Púnica, en concreto, la de la supuesta financiación irregular del partido entre 2003 y 2011, podría suponer un importante golpe a una formación que recolectó el peor resultado electoral de la historia del partido en las últimas generales y que trata ahora, con nuevas caras y recuperando la esencia de la etapa aznarista, recomponerse del batacazo.

Los dictámenes se acumulan en la mesa del despacho de García Castellón, pues ahora deberá resolver también la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar tanto a Esperanza Aguirre como a Cristina Cifuentes por su implicación en la causa encabezada por Francisco Granados.

A Aguirre se la requiere por existir indicios de haber estado presente en reuniones junto a Ignacio González y Francisco Granados en las que se habló de favorecer con la adjudicación de contratos públicos por valor de 7,4 millones de euros a empresas de marketing que trabajaron en las campañas electorales de 2003 y 2007, una estrategia que consiguió gracias a la modificación en 2006 de varias leyes autonómicas para que las adjudicaciones pasaran obligatoriamente bajo la mano de su entonces número dos.

Según el Ministerio Público, la ex líder conservadora habría sido también testigo y parte de la financiación ilegal de la campaña para los comicios autonómicos de 2011, en los que Aguirre logró el mejor resultado de su historia, y en la que se destinó nada menos que 6,2 millones de euros, el doble del máximo legal. De acuerdo con la UCO, de este montante al menos 1,25 millones de euros era dinero negro proveniente de la Caja B del entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez.

A Cristina Cifuentes, por su parte, se la requiere por su papel de patrona en la fundación regional Fundescam y por la presunta adjudicación ilícita de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid entre 2009 y 2011 a favor del grupo Cantoblanco, presidido por el ex presidente de la patronal CEIM, Arturo Fernández. Este, a su vez, habría donado al PP 160.000 euros a través de la mencionada Fundescam.

El 6 de junio de 2020 es la fecha límite para la conclusión de la instrucción del caso Púnica, una trama que acumula más de 200 investigados y 16 piezas separadas, aunque la Fiscalía pide ahora que se reduzcan a 11 las ramas de investigación, entre las que destaca la número 9 -correspondiente al desvío de fondos para la financiación ilegal del PP de Madrid- o la investigación de la trama en León o Murcia.