Las cárceles españolas, nuevos viveros de yihadistas

Cuando España despertó, la pesadilla que no le dejaba dormir era otra. La mañana de aquel 11 de marzo de 2004 pocos imaginaron que el terror que comenzarían a experimentar a partir de entonces vendría de más lejos. El mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país no llevaría el sello de una ETA que comenzaba a agonizar, pese a que respiraría siete años más. El terror esta vez hablaba otro idioma y no aspiraba a ninguna independencia local sino a una dictadura religiosa.

192 muertos después, el Yihaismo guardó silencio en suelo español, roto por pequeños escarceos, pero nada serio. La guardia se elevó pero con el tiempo la alerta se distrajo. Hace hoy justo dos años, una nueva pesadilla volvió a recordar que seguían ahí. Y esta vez ETA ya no existía. El yihadismo demostraba que no había desaparecido, que no se había olvidado de los ‘infieles’ de ‘Al Andalus’.

El escenario de la segunda gran pesadilla fundamentalista fue la Rambla de Barcelona, continuó en Cambrills y terminó, poco después, en Alcanar. Una furgoneta suicida arrolló y mató a 16 personas, dejó un reguero de 131 heridos y concluyó con la muerte a tiros de cinco de los terroristas.
Entre las dos pesadillas habían transcurrido trece años.

En 2015 en las prisiones había 118 yihadistas, hoy la cifra supera los 250, muchos de ellos españoles

Hoy, tres lustros después de la primera y dos años de la segunda, la radiografía de la lucha de España contra el terrorismo yihadista arroja datos inquietantes y esperanzadores casi por igual. El número de operaciones policiales crece, las condenas en la Audiencia Nacional alcanzaron el año pasado la cifra más alta de nuestra historia y las cárceles de nuestro país encierran a más condenados que nunca por terrorismo yihadista.

Cataluña, Ceuta y Melilla

Y Cataluña, junto a Ceuta o Melilla, la que hoy recordará a sus muertos -y los de varias nacionalidades- es uno de los principales focos de preocupación. Las provincias de Barcelona, Girona o Tarragona se han convertido en focos relevantes de la rama más extrema del islamismo violento, el Salafismo. Se cree que esta corriente controla un tercio de los 254 lugares de culto activos en Cataluña, según datos del Real Instituto Elcano.

Los terroristas ya no vienen de tierras lejanas. Muchos son españoles. Algunos con DNI de nacimiento y otros de acogida. Un 35% de los condenados por yihadismo son españoles, muchos, catalanes. Pero no sólo. El fenómeno se ha extendido. En casi la mitad de las 50 provincias españolas ya se ha registrado una operación para detener a algún sospechosos. Sin duda, a ellas se suman las dos ciudades autónomas, de Ceuta y Melilla, verdaderos graneros de activistas con más de la mitad de los detenidos.

Los nuevos yihadistas son jóvenes sin antecedentes penales, con bajo conocimiento del Islám y arraigados en España

Esta fotografía no permite concluir que la amenaza haya disminuido, ni en España, ni en Europa. Hoy las cárceles de nuestro país tienen entre rejas a más presos “radicalizados” por la ideología yihadista que nunca. Los últimos datos del Gobierno hablan de 254 reclusos, más del doble de los que había hace sólo cuatro años, en 2015. Estas cifras ocultan otro dato inquietante y sobre el que ya alertaba la Unión Europea en su último informe sobre recomendaciones para luchar contra la amenaza yihadista.

A finales del año pasado el Comité Especial de la UE elaboró un documento con cerca de 200 recomendaciones. Fue aprobado en el Parlamento de Estrasburgo el 11 de diciembre de 2018 -el mismo día en que a escasos dos kilómetros de la Cámara Europea, otro atentado yihadista provocó cinco muertos en la ciudad francesa-. El informe alertaba a los estados miembros del riesgo de creer que la amenaza en suelo europeo de radicalización se cernía fundamentalmente en mezquitas extremistas, colegios o barrios periféricos de algunas ciudades.

'Viveros de extremistas'

“Algunas cárceles se han convertido en viveros del extremismo”, aseguraba el documento del Comité Especial de la UE. Y en España, según los datos oficiales, esa amenaza de radicalidad dentro de las prisiones ya es constatable. Lo demuestran los datos. Más de la mitad de los presos que muestran “indicios de radicalización” no han sido encarcelados por causas relacionadas con el yihadismo sino por delitos comunes.

De los 254 internos incluidos dentro de este colectivo -de los más de 50.000 reclusos en nuestro país-, a finales del año pasado sólo 129 lo eran por delitos vinculados de algún modo al terrorismo islamista. Los 125 restantes son presos que han mostrado, ya dentro de la cárcel, algún indicio de haberse radicalizado por llevar a cabo algún tipo de actividad de proselitismo o relacionarse con alguna organización terrorista de carácter islamista.

Este fenómeno de radicalización dentro de los centros penitenciarios no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Se estima en entre 50.000 y 70.000 el número de yihadistas radicalizados, buena parte de ellos en prisión, que residen en algún país de Europa. Entre las recomendaciones se citan medidas como verificar la rehabilitación de un preso radicalizado antes de ponerlo en libertad o formar a los funcionarios de prisiones en esta materia Además, se aboga por el control de mezquitas donde se divulguen discursos extremistas o la elaboración de ‘listas negras’ de “predicadores de odio” en los centros de culto.

Un reciente informe de la UE ya alertó del riesgo de algunas prisiones europeas, convertidas en "viveros de extremistas"

El número de presos que cumple condena por crímenes de este tipo ha crecido de modo incesante en los últimos años, también los que se ha radicalizado entre rejas. Desde 2012 el aumento ha sido imparable, hasta casi triplicarse. De los 92 reos “radicalizados”, según las autoridades penitenciarias, hemos pasado a 254 el año pasado, según la información aportada al diputado Jon Iñarritu, de EH Bildu.

Menos detenidos, más condenas

En España, en cambio, las detenciones han ido en descenso. El declive de los movimientos terroristas de corte yihadista, la caída del Daesh o el cambio de la situación en Siria o Irak podría estar detrás del descenso de operaciones antiterroristas. El año pasado tan sólo se llevaron a cabo 29 arrestos frente a los 75 de 2015 o los 67 de hace tres años.

Caen las detenciones pero aumentan las condenas. La Justicia registró el año pasado la cifra más alta de nuestra historia. La Audiencia Nacional emitió 25 sentencias condenatorias, la cifra más alta desde 2005, cuando se dictó la primera sentencia por un delito de terrorismo islamista. En los últimos años han sido pocas las sentencias, que han oscilado en una horquilla de 1 a 4 hasta hace cinco años. Ha sido a partir de 2017 cuando la Justicia ha aumentado los procesos contra acusados por este tipo de delitos: 7 condenas en 2015, 9 en 2016, 17 en 2017 y 25 el año pasado.

En nuestro país la mitad de las provincias han registrado al menos una operación por terrorismo yihadista

Otro dato preocupante, que se refleja en el informe ‘Yihadismo y Yihadistas en España. Quince años desde el 11-M’, del Real Instituto Elcano, es el fenómeno creciente de “conversos”, que aunque aún reducido, empieza a aumentar. Por el momento sólo representa el 13% de los yihadistas arrestados pero arroja un cambio de tendencia significativo y creciente.

El perfil de activistas que operan en España empieza a ser cada vez más el de un varón que llegó siendo niño o incluso que nació aquí y que se radicalizó en nuestro país. En ocho de cada diez casos su conocimiento del Islám o de la Sharía o ‘ley islámica’ -el código de conducta del Islám- era Elemental”. Hombres jóvenes en su mayoría, sin antecedentes penales anteriores y que se radicaliza a partir de su adolescencia, bien en algún centro, bien en su entorno.