Ayuso elige como consejero de Justicia a un juez apartado de Gürtel y que fue imputado por ir ebrio en moto

El magistrado de la Audiencia Nacional y exmiembro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, será el nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. A lo largo de su carrera, el juez fue objeto de polémica tras ser imputado por conducir en moto, ebrio y sin casco y al ser recusado de los casos Gürtel y Bárcenas.

Según ha adelantado La Razón y han confirmado a Europa Press fuentes populares, este jurista ha sido elegido por la nueva presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, para ostentar esta nueva cartera que avanzó en su debate de investidura.

La nueva presidenta tomará posesión este lunes de su cargo y está previsto que el martes lo haga el resto de su equipo del Gobierno en coalición con Cs que dirigirá.

Se trata del primer consejero del PP cuya designación confirmada transciende y va en la línea marcada por la propia Ayuso, quien en diversas entrevistas ha apelado a la renovación y auguró que habría "sorpresas" en la confección de su equipo.

La nueva presidenta regional ha destacado desde que fue elegida que su voluntad es conformar el "mejor equipo" para esta nueva etapa en la región y que aunaría renovación con "grandes gestores" al frente de las consejerías.

Enrique López es magistrado con una dilatada "experiencia profesional" de más de treinta años. (1988-2019), han enfatizado fuentes populares.

Actualmente es magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, tras haber sido Magistrado del Tribunal Constitucional, siendo uno de los "grandes expertos" en el tratamiento jurídico del terrorismo, como así lo acreditan sus muchas sentencias en la materia, tanto en referencia al terrorismo de ETA, como al terrorismo yihadista. También es un "experto en el tratamiento de la delincuencia económica".

Recusado de la Gürtel y positivo en alcohol

López en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial ostentó la portavocía del órgano (año 2001-2008). Asimismo, desde el PP aseguran que fue "responsable de la creación de una política de comunicación y transparencia" del Poder Judicial, constituyendo bajo su "coordinación" los gabinetes de comunicación en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de España.

El magistrado, según las mismas fuentes, diseñó una política de comunicación basada "en la máxima transparencia de la actuación del poder judicial bajo el lema de que lo que no se conoce no se puede valorar".

"Diseñó multitud de actuaciones en este sentido, como fueron el Informado en Justicia dirigido a periodistas, o Educando en Justicia dirigido a alumnos de la ESO", argumentan.

Otra de sus virtudes para el PP es que articuló, siendo su primer presidente, el Observatorio de Violencia de Genero del CGPJ, convirtiendo este órgano en "un referente nacional en la lucha contra la violencia de género".

Su "afinidad política" con el PP fue el motivo de las acusaciones particulares para solicitar que fuese recusado de los casos Gürtel y Bárcenas

También en esta etapa fue presidente de la Comisión de Modernización Judicial del CGPJ, elaborando multitud de estudios y proyectos sobre la reforma de nuestro sistema de Administración de Justicia, teniendo amplia experiencia en la gestión del servicio público.

A su vez, es responsable del Observatorio para la Calidad de la Justicia de la Fundación Walters Kluwer donde elabora el informe anual sobre la calidad e nuestro sistema de justicia a la vez que se hacen propuestas sobre su reforma y ostentó la alta Magistratura en el Tribunal Constitucional.

Junto a ello, es profesor universitario, miembro autor de numerosos libros y artículos jurídicos, y columnista habitual del periódico La Razon.

El nuevo consejero de Justicia se ha visto envuelto también en algunas polémicas. Así, en el año 2014 presentó su dimisión "irrevocable" como magistrado del TC tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando la Policía Municipal de Madrid le sometió a una prueba al ser interceptado conduciendo su moto sin casco. Por ello, fue imputado por un delito contra la seguridad vial, se le retiró el carnet durante 8 meses y tuvo que pagar una multa de 1.440 euros.

A su vez, en su etapa en la Audiencia Nacional fue recusado de los casos Gürtel y Bárcenas solicitada por diversas acusaciones particulares (el PSOE así lo planteó en Gürtel) que argumentaban que su independencia podría verse comprometida por su "afinidad política" con el PP.