Aguirre "ideó" la Caja B para "fortalecer su figura política" en las campañas electorales

“La investigación arroja indicios racionales de que Esperanza Aguirre, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la CAM”, sostiene el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto donde acuerda la imputación de 42 personas –entre ellas varios excargos del PP- y la empresa Indra en la pieza donde se investiga la financiación irregular de la formación de Pablo Casado en Madrid. Esas citas del Partido Popular de Madrid con las urnas se sufragaron con fondos opacos.

En dos autos demoledores, a los que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acuerda las últimas diligencias sobre la Caja B madrileña antes de dar por finalizada la instrucción el próximo mes de junio. Aguirre se libró de la trama Gürtel pero no ha podido eludir su citación como imputada en la trama Púnica. Deberá comparecer el próximo 18 de octubre ante el juez y las fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez.

También ha sido citada como investigada la expresidenta Cristina Cifuentes, quien deberá declarar en el  juzgado el próximo 1 de octubre. Ambas están imputadas por apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad electoral, y falsedad documental, entre otros delitos de corrupción, junto a otros nuevos investigados como los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes (citados el 14 de octubre) o el expresidente de Indra, Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo del grupo Prisa.

Un plan premeditado

Sobre Aguirre, el juez destaca que “fraguó” un plan para financiar al PP en negro en detrimento de las arcas públicas. “La investigación aporta indicios de la existencia de un plan a través del cual, altos cargos de la Administración Autonómica Madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los consejeros y altos directivos de los entes públicos. El plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta de la CAM y sus consejeros de confianza, los investigados Ignacio González y Francisco Granados, y Alberto López Viejo”, sostiene el auto.

El magistrado sostiene que la ex presidenta madrileña se habría apoyado en ellos y en el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez “para que ejecutasen sus decisiones, de manera que la supervisión le correspondería a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros”.

Además, sobre la financiación irregular de las campañas electorales, el instructor destaca que el papel de Aguirre como presidenta del partido en Madrid “puesto de máxima responsabilidad, la hacía conocedora y partícipe de las decisiones que se tomaban en el seno del mismo y le permitía estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a que destinos se aplicaban”.

Fundescam, el epicentro

Por otro lado, García Castellón sostiene que el PP de Madrid utilizó de “forma especial” la Fundación Fundescam para el desvío de fondos públicos y que estos “fueron presumiblemente conocida por Esperanza Aguirre durante el largo periodo en el que fue presidenta y patrona de la citada fundación y cotitular de las cuentas bancarias, quien debía, tras la reunión anual del patronato para aprobar las cuentas del ejercicio, dar el visto bueno en el certificado de aprobación de las cuentas anuales”. Aguirre, de hecho, era una de las firmas autorizadas en la cuenta corriente de la citada fundación donde se recibían las donaciones para financiar al partido.

Según recoge el auto, Aguirre dio un poder mayúsculo dentro de la Comunidad tanto a Francisco Granados –considerado líder de Púnica- como al ex presidente Ignacio González –ex presidente de la CAM-, ambos investigados en este procedimiento. Contra este auto cabe interponer recurso ante la Sala del Penal de la Audiencia Nacional.