El Defensor del Pueblo avala la orden que ha soliviantado a los funcionarios de Prisiones

El Defensor del Pueblo ha bendecido la orden de servicio de Instituciones Penitenciarias por la que los directores de prisiones han de poner en conocimiento del juez la denuncia de cualquier preso que asegure haber sido agredido aunque no conste parte de lesiones y sostiene que, lejos de suponer una "criminalización" para los funcionarios, la instrucción es "coherente" con la obligación que tiene la Administración de velar por el respeto a la personalidad humana y los intereses jurídicos de los reclusos.

Como informó El Independiente, la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social -dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias– dictó una orden de servicio el pasado 1 de julio en la que describe las actuaciones que tienen que poner en marcha las direcciones de las cárceles ante eventuales agresiones de funcionarios a presos: tanto si hay parte de lesiones como si no, los responsables de las prisiones tienen que ponerlo en conocimiento del juzgado de guardia. Esta instrucción ha soliviantado a los funcionarios, que considera que el documento "siembra la duda de que se maltrata" a los internos.

En un escrito fechado el pasado 21 de agosto, el Defensor del Pueblo en funciones (Francisco Fernández Marugán) descarta la apertura de la investigación reclamada por el grupo de Vox en el Congreso, que pedía amparo para los funcionarios al entender que la orden dota a la población reclusa de una "presunción de veracidad" contraria al ordenamiento jurídico-penal español y "criminaliza" a los empleados públicos.

Fernández Marugán entiende que la instrucción no supone más que la aceptación por parte de la Administración penitenciaria de las recomendaciones que el propio Defensor del Pueblo formuló en 2014 para "defender al mismo tiempo a los funcionarios que actúan correctamente y a los internos que pudieran denunciar con fundamento".

Fernández Marugán ve tan "reprobable" la denuncia falsa como una "investigación insuficiente"

En línea con el espíritu de la orden de servicio, el Defensor del Pueblo avala que se realicen "actuaciones tendentes a esclarecer" la situación denunciada por el recluso aunque no consten lesiones en el parte atendiendo a la existencia de "otros medios de prueba", como testimonios o grabaciones de videovigilancia.

"La aplicación legítima y proporcional de medios coercitivos podría producir lesiones que no constituyen una forma de maltrato. Por ello, el juicio de compatibilidad del médico entre una alegación de maltrato formulada por el privado de libertad y las lesiones producidas no significa necesariamente una actuación incorrecta del funcionario. Y, de contrario, la ausencia de lesiones observables tampoco significa necesariamente una actuación correcta si, por ejemplo, la observación de las grabaciones lo desvirtúa o si la investigación en fase administrativa ha sido notoriamente insuficiente", razona.

Fernández Marugán reconoce que el riesgo de denuncia falsa "existe siempre", si bien ello "no puede privar al ciudadano de su derecho a hacer llegar al juez sus denuncias" con asunción de la correspondiente responsabilidad. "Si la denuncia falsa es reprobable -y fue utilizada en su día profusamente por la organización terrorista ETA- también lo es la investigación insuficiente. En un Estado de Derecho no hay mayor garantía que el conocimiento judicial de las denuncias que se presentan", añade.

Petición de comparecencias en el Congreso

La diputada de Vox Macarena Olona ha anunciado ya que solicitarán la "comparecencia urgente" de Fernández Marugán en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, al considerar que es el origen de la "indigna orden de servicio" que su grupo parlamentario combate. "En su cometido de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fue quien advirtió de que era necesario implementar instrucciones nuevas que evitasen las torturas y malos tratos en nuestros centros penitenciarios, pero esa instrucción no tiene base objetiva porque las estadísticas no indican que haya torturas en nuestras cárceles", indica.

Igualmente, Vox pedirá que acuda a la Comisión de Interior el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, responsable de la "traslación" a la citada instrucción de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. "Se basan en el  ‘Protocolo de Estambul’ pero en una aplicación sui generis e interesada al hacerlo sólo en la parte que les interesa, igual que hacen los etarras y sus abogados defensores en los juicios de torturas -también inexistentes- contra nuestras fuerzas policiales. Este Gobierno está demostrando cada día quiénes son sus socios preferentes", sostiene.