Aguirre dio un "cheque en blanco" a Granados para amañar suelo público

"Esperanza Aguirre firmó el decreto que puso al servicio del investigado Francisco Granados todo el suelo de la Comunidad de Madrid (CAM)", subraya el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la pieza de la financiación irregular del PP de Madrid.

El instructor de la trama Púnica añade que la ex todopoderosa lideresa dio “un cheque en blanco” al que fuera su mano derecha -también lo había nombrado secretario general del Partido Popular regional- para que amañara obra pública a gran escala en dicha autonomía. Las pesquisas han revelado que constructores como David Marjaliza llegaron a pagar hasta 6.000 euros por cada vivienda pública sobre la que se aseguraban su adjudicación de forma irregular.

El juez, que considera a Aguirre la ideóloga e impulsora de la denominada 'caja B' del Partido Popular a nivel regional, sostiene que permitió que “se amañasen con los miembros de la mesa de contratación Arpegio-Prisma las adjudicaciones de obra civil y la contratación de publicidad”. García-Castellón, que la ha citado el próximo 18 de octubre para interrogarla en calidad de imputada, cree que la ex dirigente del PP “fraguó” un plan para financiar al PP en negro en detrimento de las arcas públicas. El objetivo último era reforzar su figura política.

Promotores clientelares

En la resolución, conocida por El Independiente, se explica que la ex presidenta del PP de Madrid tuvo conocimiento de que dejando a Granados al frente de la empresa pública que gestionaba el suelo de la Comunidad se daba entrada a “los promotores clientelares” del mismo a las adjudicaciones públicas. Dichos promotores pagaban abultadas comisiones ilegales con las que el ex dirigente popular presuntamente se enriqueció.

“Con esta decisión, Esperanza Aguirre entregó a modo de cheque en blanco a los investigados Francisco Granados y Eduardo Larraz (este último atesoró 146 lingotes de oro en Suiza), que permitió que, bajo su cobertura, amañasen con los miembros de la Mesa de Contratación Arpegio-Prisma las adjudicaciones de obra civil y la contratación de publicidad. El conocimiento de las actuaciones presuntamente ilícitas perpetradas en favor de la recaudación de fondos para el partido y de sus dirigentes, desde las otras grandes empresas públicas de la CAM, ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones) y Canal de Isabel II, debemos inferirlo de su posición de presidenta del gobierno regional y del partido, y del conocimiento personal que se le presume de la intervención de las empresas principales proveedoras de la Comunidad en las licitaciones amañadas, los pagos de trabajos de reputación y la recaudación una vez más de dinero para las arcas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid”.

Mordidas millonarias

Aunque años después Arpegio fue desvinculada de la Consejería de Presidencia que capitaneaba Francisco Granados, siguió dejándose en manos de éste “la presidencia de las mesas de contratación de Arpegio, en una itinerancia extravagante de ida y vuelta que mantuvo el control de la entidad pública siempre” en manos del cabecilla de la trama Púnica.

David Marjaliza, ex socio de Granados, aportó hace meses abundante documentación –más de 2.000 folios- a la Audiencia Nacional con las pruebas de las ‘mordidas’ de 6.000 euros por cada vivienda pública amañada que presuntamente cobró el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid. En junio de 2015, este investigado decidió colaborar con la Justicia y confesó que Francisco Granados, durante su etapa como alcalde de Valdemoro (Madrid), cobraba una comisión ilegal de entre “3.000 y 6.000 euros” euros por cada piso adjudicado.