Avalmadrid abre la primera crisis de confianza entre PP y Cs: "Quien la hace la tiene que pagar"

Tan solo han transcurrido tres semanas desde que Isabel Díaz Ayuso fuese proclamada presidenta y ya comienza a ser evidente la huella de inestabilidad con la que nació el recién estrenado Gobierno de coalición, una fórmula hasta ahora inexplorada en la Comunidad de Madrid.

Y Avalmadrid ha sido el detonante de la considerada primera crisis de confianza en el seno de un equipo que apenas ha echado a andar y que se gestó tras meses de intensa negociación, con Vox en medio de la complicada ecuación. Ciudadanos se ha alineado con PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Madrid en Pie y, gracias a sus votos decisivos al respecto, ha precipitado la apertura de una comisión de investigación aún sabiendo que Isabel Díaz Ayuso podría ser uno de los nombres en la lista de comparecientes -en la orden del día de la Mesa previsiblemente la próxima semana- y ha enarbolado la bandera de la tensión en el Consejo madrileño.

De este modo, la Asamblea de Madrid investigará los avales concedidos por el ente semipúblico entre 2007 y 2018, incluido el crédito de 400.000 euros facilitado en 2011 a la empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso, que nunca fue devuelto. A Ciudadanos "no le temblará la mano en llamar a comparecer a nadie" y "no puede haber ni la más mínima duda ni sospecha de cualquier irregularidad" porque "quien la hace la debe pagar", declaraba este martes el recién elegido portavoz naranja en la Asamblea de Madrid, César Zafra.

El desencanto de los de Albert Rivera con Avalmadrid no era precisamente un secreto. Desde hacía días, dirigentes naranjas abogaban directamente por el cierre de la empresa al haberse convertido en "una institución desprestigiada y manchada por posibles tramas de corrupción". Sin embargo, alinearse o no con la oposición era la delgada línea que separaba la fricción de la alianza que tanto han demandado los populares en los pocos días de vida del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El discurso de Ciudadanos se encuadra dentro de la convicción, defendida de puertas para afuera, de no permitir que la sombra de la corrupción -tanto con el caso de Avalmadrid como de trama 'Púnica'- con la que ha comenzado la legislatura de Isabel Díaz Ayuso empañe a una formación que llevaba la regeneración política y la lucha contra la corrupción como pilares fundacionales, menos ahora, momento en que su silencio podría costarle muy caro dado el eventual escenario de repetición electoral, el pesimismo que le deparan las encuestas y sus aspiraciones aún latentes de sustituir al PP en el espectro del centro-derecha.

Pero su decisión ha tenido un efecto colateral que ya ha afeado la propia Ayuso en una entrevista para EsRadio ya que, pese a no temer una comisión de investigación, avisó de lo que puede suponer propiciarla a instancias de hacer "trajes a medida" de la izquierda, que ya venía avisando desde incluso antes de la investidura del 14 de agosto de cual iba a ser su estrategia en la oposición: la de incidir en las diferencias que separan a PP y Ciudadanos y dinamitar la ya de por sí frágil relación del bloque de centro derecha.

La intención naranja de "ir hasta el final" para "desterrar" las tramas de corrupción de Madrid "le pese a quien le pese" se produjo justo en el momento en que la recién renovada cúpula de Pablo Casado se encontraba reunida en Génova. Públicamente, el PP encarnado en su secretario general, Teodoro García Egea, ha querido mantenerse al margen de la decisión de sus socios de Gobierno aunque ha aporfiado que "cada uno es libre de utilizar su tiempo en lo que le parezca". Sin embargo, la decisión ha generado cierta convulsión y confusión en las filas internas del partido por la determinación de Ciudadanos de marcar distancias en Madrid frente a la "cohesión" que tratan de erigir los populares.

Y mientras la izquierda afila los dientes, a la evidente tensión entre ambas formaciones se le suma otro hito que pondrá a prueba la fortaleza de la coalición PP-Cs: la imputación de las ex presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por el caso 'Púnica', escándalo del que Ayuso ha tratado de desvincularse pese a las informaciones que la señalaban directamente como interlocutora de la trama. "Son temas de hace más de dos legislaturas", alegaba la presidenta, mientras su vicepresidente optaba por un tono más duro al aseverar, de nuevo, que pondrán "punto y final a una etapa oscura que ha manchado de sospechas" al Gobierno regional.

Cruce de acusaciones

La decisión de Ciudadanos no dejó indiferente a nadie. Si bien fue celebrada por las formaciones de izquierda, que aprovecharán el paso naranja para pedir directamente las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso, no ha sido bien recibida por algunos cuadros populares.

La opinión más sonada ha sido la de Miguel Ángel Rodríguez, ex asesor de campaña de la propia Ayuso y ex secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar, quien ha criticado a Ignacio Aguado con un dardo de fuerte calado al asegurar que a su padre le dieron un contrato de 102.000 euros "por la cara" en la Asamblea de Madrid. "Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿no?", concluía en Twitter.

En declaraciones a este medio, Rodríguez alega que, si Ciudadanos pide una comisión de investigación para tratar "un tema de hace diez años", debería hacerse lo propio con "un asunto de 2011", que podría tratarse de una "adjudicación a dedo" y que afecta directamente al vicepresidente naranja. "Y si no, que demuestren lo contrario, pero que den explicaciones", respondía el ex asesor popular al silencio de Ciudadanos. "Si callan es porque algo tienen que ocultar".

La polémica radica en el contrato que adjudicó hace ocho años la Asamblea de Madrid a Coyser S.A por 102.000 euros, una compañía administrada por Jesús Cecilio Aguado García para la "renovación tecnológica de la infraestructura de comunicaciones de voz" de la Cámara, y cuya licitación, negociada sin publicidad, ganó con ausencia de concurso público y frente al gigante Siemens, utilizando un sistema de valoración similar al empleado por Cristina Cifuentes para la adjudicación de la gestión del servicio de cafetería de la Asamblea a Cantoblanco (del empresario Arturo Fernández), cuyo proceso fue duramente criticado por la formación liberal.

Desde Ciudadanos han evitado dar explicaciones sobre lo sucedido en 2011, aunque sí han tachado las declaraciones de Rodríguez de "impresentables" y "sin ningún tipo de fundamento". Los liberales quitan hierro al asunto y censuran a Rodríguez, ya que "no es la primera vez que usa las redes sociales para difamar o realizar ataques machistas como el realizado a Inés Arrimadas hace unos meses". Y recalcan su objetivo pese a que pueda poner en jaque la estabilidad del Gobierno regional: perseguir la corrupción "caiga quien caiga".