De juez investigado a magistrado ‘maltratado’. El togado Javier Borrego declaró este miércoles ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha solicitado amparo a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo por el trato que recibió públicamente por parte del magistrado Luis Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, el pasado 29 de julio en un bar cercano al tribunal.
Según fuentes conocedoras de la declaración consultadas por El Independiente, Borrego negó tajantemente ante el promotor Ricardo Conde haber empujado el pasado mes de marzo en su despacho a Díez-Picazo cuando este le comunicó que iba a dar traslado por escrito al órgano de los jueces del retraso dictar sus sentencias.
El juez fue citado en el marco del expediente disciplinario al que se enfrenta por desatención en sus funciones y desconsideración hacia el presidente de la Sala de lo Contencioso. Tal y como desveló este medio, el ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está siendo investigado por el Consejo después de acumular un retraso a la hora de resolver las ponencias que le habían correspondido a su llegada al Alto Tribunal y, también, por haber supuestamente “amenazado” a Díez-Picazo cuando éste le comunicó que informaría por escrito al Consejo de la desatención de su función jurisdiccional.
"Jamás empujé a nadie"
El magistrado explicó en su primera declaración ante el promotor (en julio compareció ante Conde aunque no llegó a responder a ninguna cuestión) que tuvo problemas de adaptación a su llegada al tribunal debido a varias circunstancias, entre ellas a que no procede de la Carrera Judicial (es abogado del Estado) y debido a que estuvo sin secretaria asignada durante semanas. Además, defendió que, pese a los retrasos iniciales en dictar sus resoluciones, “en estos momentos” sus sentencias se encuentran al día.
Sobre el incidente en la puerta del despacho de Díez-Picazo, Javier Borrego apeló a que es un hombre pacífico que en “45 años de carrera profesional”, seis de ellos en el Tribunal de Estrasburgo, “jamás” ha amenazado a nadie. Explicó que padece una dolencia en el brazo que le impide levantarlo de forma brusca para propinar un empujón y añadió que los testimonios de las dos secretarias del presidente de la Sala Tercera adolecen de coherencia puesto que se contradicen; ya que una de ellas vio la puerta del despacho abierta y la otra cerrada mientras se producía el ‘encontronazo’ entre ambos.
Además, el magistrado investigado dijo haberse sentido “monitorizado” y “vigilado” por el presidente de su Sala. Manifestó que Luis Díez-Picazo dio orden expresa a los letrados del Gabinete Técnico para que no le atendieran cuando le surgían dudas jurídicas. Borrego enmarcó todos estos episodios en el supuesto ánimo del presidente en que no solicitara al CGPJ una prórroga de su jubilación hasta los 72 años.
"Déjame en paz"
En contraposición, el ex juez del TEDH hizo hincapié en el episodio que tuvo lugar en un bar cercano al Supremo el pasado 29 de julio cuando ambos se encontraron acompañados por otros colegas del Alto Tribunal. Le comunicó al Promotor de la Acción Disciplinaria que el pasado 14 de agosto pidió amparo a la Sala de Gobierno del Supremo por el trato recibido por parte del magistrado Díez-Picazo. Borrego denunció que fue a darle la mano al presidente de la Sala Tercera y este no se la dio gritándole “¡largo, largo de aquí!” ante la atenta mirada de sus compañeros.
En el escrito remitido a la Sala de Gobierno el togado manifestaba sentirse “mal ante una conducta tan groseramente desconsiderada hacia un magistrado compañero del Supremo”. Fuentes que presenciaron la escena del bar consultadas por este medio afirman que Luis Díez-Picazo se negó a darle la mano debido a que entendió el gesto de Javier Borrego como “una provocación” después de que este lo hubiera acusado de "mentir" ante el Consejo. "Déjame en paz", le espetó.
De momento, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre el amparo solicitado por Borrego. Por su parte, el promotor deberá decidir si practica nuevas diligencias o si archiva el expediente. También podría acordar ya elevarlo a la Comisión Disciplinaria del Consejo. El ex juez del TEDH se enfrenta una falta disciplinaria leve, grave o muy grave de las reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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