La 'casa de los líos' de Monasterio y Espinosa de los Monteros

Hasta el 8 de octubre a las 10 de la mañana. Esa es la fecha límite debe entrar en los cálculos de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros para "regularizar la situación" en lo referido a la construcción "irregular" de su chalet de cuatro plantas y 545 metros cuadrados ubicado en el madrileño barrio de Chamartín, en el que residen junto a sus cuatro hijos.

Para entonces, si el matrimonio no ha conseguido resolver la "maraña burocrática", en palabras de la propia portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, en que se encuentra inmersa la vivienda, un inspector del Ayuntamiento de Madrid llamará a la puerta del lujoso chalet de los dirigentes políticos para proceder a su clausura, y no solo de una parte como se preveía en un principio, sino de la totalidad de la residencia.

Se da la casualidad, aunque desde el área de Urbanismo apuntan a que no se trata de "una decisión política" y el proceso comenzó hace años, Almeida y Villacís habitan ahora Cibeles y lo hacen, precisamente, por la gracia de Vox. La clausura de la vivienda se acordó el pasado 11 de julio en una Junta de Gobierno presidida por el propio alcalde de Madrid, cuya decisión era obligada por existir una sentencia en firme después de que los moradores perdiesen el pleito que mantienen con el consistorio desde 2016.

La casa de los líos del 'matrimonio Vox' comenzó su andadura en 2010, cuando el matrimonio solicitó una licencia de obra al Ayuntamiento de Madrid para la rehabilitación de su vivienda, de cuyo proyecto se encargó la propia Monasterio y en el que fueron ejecutando más cambios de los que reflejaron en el proyecto inicial para el que solicitaron la autorización. El problema que ahora precipita el precinto del solar es que carece de la licencia de ocupación y actividad, obligatorias tanto para residir en el chalet como para desarrollar actividades económicas en ella. Es decir que, desde que finalizase la construcción allá por 2012, los dirigentes de Vox residen en un chalet que nunca ha tenido licencia de ocupación. Pero durante estos nueve años, el matrimonio se ha visto cercado por un opaco laberinto burocrático que aún no ha subsanado.

Las cosas comenzaron a torcerse en 2014. Fue entonces -cuatro años después de que comenzasen las obras- cuando el matrimonio pagó las tasas para obtener la licencia de ocupación, para lo cual es necesario una inspección que dictamine tanto el final de las obras como que las mismas se ajustan al proyecto original. Sin embargo, el matrimonio presentó la documentación necesaria, pero no lo hicieron ni bien ni a tiempo. Según la versión oficial de Monasterio -que una vez desatada la polémica dio explicaciones a través de las redes sociales-, el Ayuntamiento exigió "el certificado de fin de obra suscrito por el arquitecto y el aparejador, el cual no contestó" hasta 2016.

Ante la campaña de intoxicación de ciertos medios, voy a explicar el tortuoso proceso que llevamos sufriendo desde 2013 para lograr la famosa licencia de funcionamiento para mi despacho profesional. Kafka no hubiera imaginado la burocracia que a menudo padecemos los españoles. pic.twitter.com/tWagXtodUN

— Rocio Monasterio (@monasterioR) September 4, 2019

Fuentes del área de Urbanismo aclaran que desde el año 2015 instaron al matrimonio a cesar la actividad dentro de la vivienda hasta que dispusiesen de los permisos correspondientes pero, según adelantaba El Confidencial, el matrimonio hizo caso omiso de los avisos. Un año después y según apunta ahora Rocío Monasterio, el aparejador firmó el final de la obra y volvieron a pagar las tasas para conseguir la licencia con la que llevaban estancados desde hacía dos años, pero fue denegada nuevamente por el Ayuntamiento porque no habían acometido las modificaciones necesarias para adaptar la reforma al plano original. "Se incrementaron las superficies y se crearon elementos que no estaban contemplados originalmente", señalan desde Urbanismo.

Por si fuera poco, la situación se agravaría en 2017, momento en que fueron denunciados por la constructora por no disponer de la licencia de actividad en el despacho en el que ejercía Monasterio su actividad profesional. La empresa acusó a la sociedad utilizada por el matrimonio para contratar la obra, Pablo Heredia 6 SL -cuyo único accionista era el propio Espinosa de los Monteros-, de eludir el pago de parte de la reforma, acusación de la que la líder regional de Vox se defiende aseverando ahora que al constructor pagaron el 95% de lo acordado "e innumerables extras" porque había cometido "graves errores" durante el desarrollo de la obra de la lujosa vivienda. La justicia dio la razón a la otra parte y, según la sentencia que adelantó eldiario.es, Espinosa debió abonar más de 82.000 euros, incluidos intereses.

2012-2013: tras seleccionar a un constructor recomendado por un tercero (vaya “favor” nos hicieron), aguantamos dos largos años de obra. Pese a errores graves cometidos por el constructor, le pagamos el 95% del presupuesto acordado, e innumerables “extras” que le van saliendo.

— Rocio Monasterio (@monasterioR) September 4, 2019

En 2016 consta la primera denuncia consistorial para proceder a la clausura y precinto del chalet, que Espinosa de los Monteros recurre ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Más tarde, en octubre de 2017, otra sentencia judicial da la razón al Ayuntamiento y, no sin antes presentar un nuevo recurso, el dictamen es firme desde 2018.

El tiempo se agota y, aunque Monasterio se jacta en asegurar que llevan "nueve años cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final del proceso", agravado por "un denunciante rencoroso", la justicia ha sido clara desde el primer minuto y ejecutará su dictamen en menos de un mes.

¿Cómo evitar el precinto?

Desde que trascendiera la premura de los plazos, tanto Monasterio como su marido han venido criticando los "complejos" procesos burocráticos que existen en España. Aunque también se han mostrado dispuestos a "subsanar" cuanto antes el embrollo y "reunir la documentación necesaria a tiempo" para evitar el peor de los escenarios: abandonar voluntariamente la vivienda junto a sus cuatro hijos.

El matrimonio tiene dos vías para evitar la clausura y las dos dilatarían aún más los plazos

Los dirigentes de Vox tienen dos opciones: que el próximo 8 de octubre se negasen a abrir la puerta a los funcionarios, en cuyo caso el Ayuntamiento necesitaría una orden judicial para entrar, dilatándose aún más los plazos; o bien, solicitar una modificación de la licencia de original de la obra, cuya petición tendría que ser estudiada y tramitada por el equipo de gobierno municipal. Hay una tercera vía: ajustar la lujosa mansión al plano inicial y hacer obras nuevamente, lo que supondría, entre otras reformas de importancia, tirar una de las plantas. Y ninguna de ellas parece viable que se vaya a resolver en menos de 30 días.

Según avanzaba eldiario.es, Espinosa de los Monteros solicitó una hipoteca de 1,2 millones de euros para comprar esa vivienda, un inmueble con una planta baja y una principal que convirtió en una casa de cuatro alturas con ascensor, gimnasio, garage y piscina con solarium. Según figura en la sentencia, luego trató de venderla sin éxito por tres millones de euros, una vez reformada.

Las 'villas' del matrimonio de Vox

El lujoso chalet que ahora se encuentra en un brete fue adquirida hace nueve años por Espinosa de los Monteros, para lo que solicitó una hipoteca de 1,2 millones de dólares. Originalmente, la vivienda constaba de una planta baja y otra principal, que quedó transformada en 2012 en un inmueble de cuatro pisos que contaban con ascensor, solarium y piscina, garaje o gimnasio. Una vez finalizada la reforma ideada por la propia Monasterio, trataron de vender el chalet por tres millones de euros, como sabemos, sin éxito.

Pero no es el único proyecto inmobiliario que une al 'matrimonio Vox'. Según lainformación, la pareja está pendiente de la finalización de una promoción de cinco viviendas de lujo también en el distrito de Chamartín, en concreto en el barrio de Nueva España, llevado a cabo por la promotora Premium Capital Managemente -propiedad de Espinosa- y por la propia diputada de la Asamblea de Madrid, en la que también participa como arquitecta.