El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, dirigiéndose a la Audiencia Nacional.
Se reactiva la investigación de la operación Kitchen. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la declaración en calidad de testigos del facultativo adscrito a la Policía Nacional Miguel Ángel Bayo y dos ex secretarios de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional (DAO) para interrogarlos sobre el uso de los fondos reservados en la pieza donde se investiga el espionaje al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en plena guerra por la financiación irregular del partido.
Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, el magistrado ha citado el próximo martes a partir de las 9:30 horas a los agentes con el objetivo de indagar, por un lado, cómo era el mecanismo empleado en la utilización de los fondos y, por otro, si desde la secretaria de Estado de Interior se autorizaron los pagos para los seguimientos a Bárcenas realizados por el agente Sergio Ríos Esgueva, quien fue captado como chófer para seguir los pasos del que fuera hombre de finanzas del PP. El confidente que actuó de conductor, y percibió hasta 48.000 euros por esta labor (2.000 euros mensuales) se encuentra en la actualidad imputado en Kitchen por delitos de prevaricación, robo/hurto y malversación de caudales públicos.
En el caso de Bayo, considerado como el hombre del maletín, ya que era el encargado de transportar los fondos reservados desde la secretaria de Estado hasta la Dirección Adjunta Operativa, es la segunda vez que comparece ante el instructor García Castellón y los fiscales Anticorrupción. Ya lo hizo el pasado mes de febrero cuando trató de desvincularse del uso fraudulento de los citados fondos. Según las fuentes consultadas, Miguel Ángel Bayo declaró en sede judicial que él tan sólo estuvo durante un año asignado a la gestión de los fondos reservados y que, además, desconocía que la operación de espionaje contra Bárcenas y su familia había sido sufragada con los mismos.
Gratificaciones con fondos reservados
En la operación Kitchen se encuentran imputados, junto al comisario Villarejo y el chófer Ríos Esgueva, el ex DAO Eugenio Pino, el comisario Enrique García Castaño (conocido como El Gordo), el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Andréz Gómez Gordo.
Las pesquisas han adquirido una nueva dimensión después de que en su última declaración en la Audiencia García Castaño confesara que entregó en el Ministerio del Interior a Francisco Martínez –entonces secretario de Estado de Seguridad– un pendrive con información que había logrado reunir cuando estuvo al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional. Tal y como informó este medio, ese dispositivo USB contenía el clonado de los móviles que la denominada brigada política de la Policía sustrajo al ex tesorero popular en plena guerra sucia por la financiación irregular de la formación conservadora.
Por otro lado, un oficio policial aportado al juzgado revela que Enrique García Castaño recibió en sus cuentas bancarias ingresos periódicos en efectivo por valor de 512.400 euros. Fuentes de la investigación consultadas explican que gran parte de esos ingresos proceden precisamente de la partida de fondos reservados gestionados por la secretaría de Estado del Ministerio del Interior.
Según refleja el análisis de sus cuentas bancarias, El Gordo percibió en los últimos diez años más dinero en efectivo que a través de su nómina de comisario principal. El origen de esos fondos estaría tanto en los trabajos que hizo para el comisario José Manuel Villarejo -que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017- como en las “gratificaciones” pagadas con fondos reservados. El juez espera en estos momentos a que el Ministerio de Interior que capitanea Fernando Grande Marlaska desclasifique los fondos empleados en Kitchen para volver a tomarle declaración a este comisario principal.