Los 8 errores del informe de equiparación salarial que Interior da por bueno

El informe de equiparación salarial no da respuesta al encargo que le hizo el Ministerio del Interior y no lo dan por bueno. Ésta es la valoración que los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil trasladarán este jueves los representantes de los agentes a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, durante la reunión a la que han sido convocados para valorar el trabajo en el que Ernst&Young Abogados teóricamente compara las retribuciones y los puestos de trabajo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra.

Los contrainformes elaborados por la mayoría de las organizaciones que firmaron el acuerdo para la igualdad retributiva coinciden en que los 807 millones de euros comprometidos por Interior son "insuficientes" para acabar con la brecha salarial, tras analizar las deficiencias en las que incurre el trabajo elaborado por la auditora externa y que la Administración ha recepcionado al entender que cumple con el encargo que le hizo el equipo anterior.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, calcula que se necesitan 275,03 millones más para garantizar la equiparación en las nóminas de los agentes del Instituto Armado. En la Policía Nacional, las estimaciones sitúan en al menos 190,5 millones el desembolso adicional que se requiere para que se pueda dar por cumplido el compromiso asumido por el Gobierno. La cifra conjunta elevaría el montante a casi 1.300 millones.

El Independiente desglosa los principales errores que policías nacionales y guardias civiles han identificado y hoy expondrán en la cita con parte de la cúpula de Interior.

• 807 millones: "marco total y absoluto". Ernst&Young deja claro en su informe que, por requerimiento de la Secretaría de Estado de Seguridad, el trabajo se circunscribe al reparto de los 807 millones de euros comprometidos por el Ministerio del Interior como "marco total y absoluto". Expresado en otras palabras, la consultora no ha hecho un estudio para verificar si dicho montante era suficiente para alcanzar la igualdad retributiva, sino que se ha limitado a establecer cómo debe hacerse el reparto de dicho dinero atendiendo a la diferencia económica detectada entre puestos supuestamente análogos de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos. Sindicatos y asociaciones profesionales consideran que esta imposición de Interior vicia el resultado del análisis de la auditora y va en contra del espíritu de la cláusula primera del acuerdo de equiparación, incorporada para desbloquear las negociaciones ante la importante diferencia entre las estimaciones económicas que pusieron encima de la mesa los representantes de los agentes -lo cifraban en 1.500 millones- y la cantidad que el Gobierno de Rajoy estaba dispuesto a ofrecer (los citados 807 millones). Esa cláusula establecía el compromiso de la Administración de encargar a una firma independiente un análisis comparativo de las retribuciones y puestos de trabajo entre los diferentes Cuerpos y la aceptación de las "correcciones" que fueran necesarias. Con todo, Grande-Marlaska tiene en su poder un dictamen del Consejo de Estado que establece que los acuerdos adoptados por el equipo del popular Zoido no le vinculan jurídicamente.
• La Generalitat no ofrece datos de los Mossos. La Generalitat se ha negado a facilitar información sobre los puestos de trabajo y las retribuciones de los Mossos d’Esquadra tanto a la auditora externa contratada para hacer el análisis independiente de la equiparación salarial como al propio Ministerio del Interior, según pone de manifiesto la consultora en el informe final que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha recepcionado. "Ernst&Young ha solicitado, entre otra, información desglosada individualmente para dar cumplimiento a la finalidad del proyecto, en la medida en que la utilización de datos agregados no resulta suficiente para realizar la equiparación salarial realizando la equiparación funcional puesto a puesto. No obstante, no se ha recibido respuesta a la solicitud de información adicional relativa a los Mozos de Escuadra”, detalla. Esta circunstancia lleva a sindicatos policiales y a asociaciones profesionales de la Guardia Civil a cuestionar la validez del trabajo, al no dar respuesta al encargo por el que cobrará 120.516 euros. Este informe era clave para determinar si los 807 millones comprometidos por Interior para el periodo 2018-2020 -sólo queda pendiente el abono del tercer tramo (247 millones) el próximo año- son suficientes para que la igualdad retributiva entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas sea "total y absoluta".

Salvedad detallada por la consultora sobre la falta de colaboración de la Generalitat de Cataluña. EL INDEPENDIENTE

• No se hace una comparación 'puesto a puesto'. La falta de datos de los Mossos ha impedido a la consultora realizar un análisis objetivo de las funciones 'puesto a puesto', que era uno de los cometidos del encargo que le hizo Interior. Ante esta situación, Ernst&Young se limita a validar los datos aportados por la Secretaría de Estado de Seguridad antes del acuerdo estableciendo una comparación entre el coste medio de un mosso y de un guardia civil/policía nacional a fin de calcular la diferencia en las retribuciones y el coste en el conjunto de la equiparación. Interior no dio por buena la primera versión que le entregó la consultora externa el pasado 27 de febrero al entender que el trabajo presentaba "deficiencias con el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas" por el que se rigió la licitación. Tras el plazo de subsanación de 45 días hábiles que se le concedió, el departamento que dirige Grande-Marlaska lo ha recepcionado "favorablemente". Ningún sindicato policial ni asociación profesional de la Guardia Civil da por bueno, sin embargo, el informe. Y así se lo harán saber a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, durante la reunión que celebrarán este jueves.
• ¿Funcionarios no contabilizados? El contrainforme elaborado por uno de los sindicatos firmantes del acuerdo de equiparación, que obra en poder de este diario, cifra en 1.780 el número de funcionarios (1.500 agentes de la Comisaría General de Información y 280 de los Tedax) no contabilizados por la consultora a la hora de establecer los cálculos para el reparto de los 807 millones. La organización llega a esta conclusión tras analizar los anexos que la consultora adjunta con su informe, en los que los técnicos de Ernst&Young dejan constancia de haber recibido del Cuerpo Nacional el "catálogo corto oficial sin CGI [Comisaría General de Información]". El trabajo. igualmente, habla de 43 agentes de los Tedax cuando el sindicato que ha elaborado dicho contrainforme asegura que la dotación de esta unidad especializada es de 323. Ello obligaría a desembolsar 6,1 millones de euros más. Según ha asegurado con posterioridad la Jefatura de Retribuciones de la Policía a los sindicatos, dicha interpretación es errónea. A la espera de recibir un informe de Personal, la dirección del Cuerpo sostiene que esos 1.780 funcionarios sí han sido contabilizados por la auditora. ¿Y los funcionarios adscritos a la Unidad de Asuntos Internos y a la Brigada Operativa de Apoyo? Otras fuentes consultadas por este diario aseguran que tampoco han sido tenidos en cuenta.

Anexo del informe de la consultora en la que hace referencia al catálogo sin incluir la Comisaría General de Información.

• 30.000 funcionarios mal clasificados. El análisis exhaustivo del trabajo, entregado por la Secretaría de Estado de Seguridad a finales del pasado mes de julio, lleva a algunos sindicatos policiales a asegurar que la auditora externa ha clasificado de forma errónea a 29.790 agentes sólo en la escala básica (27.862 policías y 1.928 oficiales), dado que tendrían que haber sido encuadrados en "niveles superiores". Según calculan, ello obligaría a elevar la factura otros 66,59 millones de euros para que se cumpla el acuerdo de equiparación de sueldos con los Mossos d’Esquadra.
• El incremento de plantilla, ignorado. Los representantes de los agentes no pasan por alto el hecho de que el informe de la consultora no repara en el incremento que ha experimentado la plantilla de la Policía Nacional y la Guardia Civil desde que se hicieron los cálculos a la actualidad. Como expone la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en su contrainforme, los cálculos de la Secretaría de Estado de Seguridad se hicieron sobre la base de 75.773 funcionarios en el Instituto Armado. Esa cifra pasó a 77.713 en 2018 y a 79.132 en la actualidad, estando previsto que haya unos 81.000 agentes cuando el próximo año se reparta el tercer tramo. Si la cantidad a repartir no varía y hay más guardias civiles, la cantidad a percibir por cada funcionario disminuirá. Y ello aleja el objetivo de recortar la brecha salarial con los Mossos.
• Conceptos no retributivos incluidos. El cálculo de los 807 millones incurre en otro error que sí ha detectado Ernst&Young en su informe. La Secretaría de Estado incluyó conceptos que debieron quedar excluidos al tener "carácter indemnizatorio" y no salarial, caso de los pluses de vestuario y residencia y la acción social. Ello tiene un impacto de 44,42 millones de euros. También han sido incorporados de modo incorrecto otros complementos, como gratificaciones por servicios extraordinarios, cruces y condecoraciones, pluses por zona conflictiva y sentencias judiciales. Interior deberá determinar ahora si acepta la indicación de la auditora y recalcula la cantidad al margen de estos conceptos.
• ¿Y los 100 millones para segunda actividad? Si bien la consultora da por cumplido el acuerdo de equiparación en todos sus términos en relación con el primer y segundo tramo pactados (2018 y 2019), sindicatos y asociaciones se han apresurado a censurar que no se hayan desembolsado los 100 millones de euros previstos para incentivar el regreso al servicio activo del personal que se encuentra actualmente en segunda actividad sin destino y reserva. Así se detalla en el anexo del acuerdo que, el 12 de marzo de 2018, firmaron Juan Ignacio Zoido y los representantes de cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos).