El Tribunal de Cuentas rechaza el último intento del Govern de frenar la investigación del 1-O

El Tribunal de Cuentas seguirá adelante con el proceso fiscalizador abierto a la Generalitat de Cataluña por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum ilegal celebrado 1-O. En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el organismo rechaza el recurso interpuesto por el Govern contra la decisión de designar un instructor que practique cuantas diligencias considere pertinentes para esclarecer la responsabilidad contable del Ejecutivo de Carles Puigdemont tras los gastos sufragados con las arcas públicas para la celebración de la consulta ilegal.

En la resolución, la consejera Margarita Mariscal de Gante desestima los argumentos con los que la Generalitat trataba de frenar dicha investigación in extremis. En primer lugar, el Tribunal de Cuentas sostiene que es competente para abrir un procedimiento sobre el uso de los fondos públicos destinados al desafío independentista. En cambio, el Ejecutivo catalán defiende que estos hechos sólo pueden ser investigados por la vía penal.

La respuesta es clara: “No existe una sola norma en el ordenamiento jurídico que establezca esa regla de competencia exclusiva de la jurisdicción penal para determinar estos hechos". "Más bien al contrario, hay normas jurídicas de las que precisamente se desprende la conclusión opuesta, es decir, que nada impide que un tribunal penal y un tribunal no penal enjuicien pretensiones basadas en unos mismos hechos, sin que el tribunal no penal deba esperar a la decisión del tribunal penal sobre los hechos”, recoge el auto.

Por otro lado, el tribunal rechaza que haya una “inexistencia de responsabilidad contable” por parte del Govern de Puigdemont debido a que dicha autonomía fue sometida a una “estricta intervención estatal” y vio cómo se le bloqueaba su programa presupuestario ante el desafío soberanista. El organismo fiscalizador entiende que, pese al control de la Administración central, no puede deducirse de manera manifiesta que “no pudo haber daño a los fondos públicos de la Generalidad de Cataluña. (….) Las medidas de control no impedían de manera absoluta que los fondos públicos de la Generalidad pudieran desviarse a finalidades contrarias al ordenamiento jurídico. Por eso, la mera existencia de dichos controles no excluye, de manera manifiesta, que hayan podido producirse los hechos cuya investigación se ha acordado en la resolución impugnada”.

Cuentas desoye así el último intento de la Generalitat para frenar la investigación abierta por los gastos derivados por el 1-O. El procedimiento se incoó a raíz de las denuncias presentadas el año pasado por la Fiscalía y las asociaciones Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución tras la celebración del referéndum ilegal. Dichas denuncias van dirigidas contra el ex presidente Puigemont, la interventora de la Generalitat y otras 17 personas del Govern. De momento, no se ha cuantificado por parte de dicho tribunal la cifra definitiva del presunto desfalco en las arcas públicas.