El SUP demandará a Interior en la Audiencia Nacional por incumplir la equiparación salarial

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) interpondrá una demanda ante la Audiencia Nacional si el Ministerio del Interior no cumple la "equiparación real" y garantiza el dinero necesario para alcanzar la comprometida igualdad retributiva con los Mossos d'Esquadra.

La organización ha dado este jueves el primer paso al presentar ante la Secretaría de Estado de Seguridad un requerimiento para que la Administración reconozca el derecho de los policías nacionales a que se dé "efectivo cumplimiento al acuerdo en los términos reales de la equiparación" pactados en marzo de 2018 y "en la cuantía equivalente" para que sea efectiva. En caso de que se desestime esta pretensión, el SUP acudirá a los tribunales.

De acudir a los tribunales, sería el tercer procedimiento abierto contra Interior a cuenta de su gestión del acuerdo para recortar la brecha salarial con los Mossos tras la denuncia presentado ante un juzgado de Instrucción de Madrid por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el contencioso-administrativo instado por la Confederación Española de Policía (CEP).

El sindicato ha anunciado esta medida con motivo de la reunión que ha mantenido el equipo de Grande-Marlaska con los representantes de los cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de las siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) que rubricaron el acuerdo para que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cobren lo mismo que sus homólogos en la Policía de la Generalitat a fin de valorar el análisis comparativo realizado por la consultora Ernst&Young sobre retribuciones y puestos de trabajo en los tres Cuerpos.

El sindicato policial exige un nuevo informe "sin interferencia" de la Administración y que Ernst&Young devuelva el dinero cobrado

Como otras organizaciones de la Policía y la Guardia Civil, el SUP considera que el trabajo presentado por la auditora externa incumple el pliego de prescripciones técnicas que reguló el concurso y no dan por buenas sus conclusiones, al reconocer el contratista que ni ha recibido los datos requeridos a los Mossos ni ha podido hacer una comparación puesto a puesto. "Tal hecho hace que este informe sea papel mojado", zanja.

En sus alegaciones, el sindicato exige que se realice un nuevo estudio "sin interferencia de la Administración" y con la participación de los representantes de los agentes, como prevé la cláusula primera del acuerdo de equiparación y ha sido incumplida. En paralelo, reclama a Interior que ordene "de manera inmediata" la devolución del dinero abonado a Ernst&Young Abogados SLP -120.516 euros- al no haber dado respuesta al motivo del encargo.

La Secretaría de Estado de Seguridad acordó el pasado 10 de julio recepcionar "favorablemente" el citado informe tras considerar que la auditora había subsanado las deficiencias en relación con el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas detectadas en la versión inicial, presentada a finales de febrero. Es por ello por lo que le dio un plazo adicional de 45 días hábiles.

Como informó El Independiente, la consultora externa concluyó en la primera versión que los 807 millones de euros comprometidos por Interior para el periodo 2018-2020 eran "insuficientes" para cumplir con el compromiso asumido por el Gobierno de Rajoy de acabar con la desigualdad salarial existente entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas. Esa mención desaparece en el informe ya dado por bueno el equipo de Grande-Marlaska y en el que la auditora deja claro que se ha ceñido al "marco total y absoluto" de los 807 millones a requerimiento de la Secretaría de Estado de Seguridad y se ha limitado a establecer cómo debe hacerse el reparto de dicho montante.

"Opacidad y flagrante incumplimiento"

"La forma en que la Secretaria de Estado de Seguridad ha desarrollado la implantación del acuerdo para la equiparación salarial, con opacidad y flagrante incumplimiento del acuerdo y las disposiciones del pliego de prescripciones técnicas que obligaban, entre otras a contar con los sindicatos y asociaciones de profesionales, es motivo más que suficiente para apreciar un abuso del control de discrecionalidad y del derecho a una buena administración", expone el SUP en el escrito previo a la interposición de la demanda.

El sindicato considera que, lejos de que los términos del acuerdo sean "meras expectativas", constituyen "auténticos derechos subjetivos" que forma parte de la "esfera jurídica y patrimonial" de los policías nacionales y guardias civiles. "Tiene el principio de fuerza vinculante de los contratos libremente perfeccionados entre las partes propio de los contratos o acuerdos que se producen (...) en el seno de la negociación colectiva laboral", añade.

Esta interpretación choca con la que realiza el Consejo de Estado en el dictamen que ha emitido a petición del actual equipo de Interior. El máximo órgano consultivo del Gobierno, como desveló este diario, considera que los acuerdos adoptados por Zoido con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles "no vincula jurídicamente" a los actuales rectores.

Con todo, el SUP acusa a la Secretaría de Estado de Seguridad de vulnerar "el principio de buen fe negocial" por no existir la "más mínima justificación del incumplimiento" de lo que se pactó en marzo de 2018. La organización también considera cercenado el "principio de seguridad jurídica" por cuanto Interior reconoció por escrito el derecho a una retribución equitativa entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ahora se desmarca.