11/13, el último 'macrojuicio' contra ETA

Son el rastro más vivo de ETA y está en prisión. Cuando hace casi ocho años desde la banda se anunció el cese de su actividad armada, -allá por octubre de 2011-, el de los presos etarras era un colectivo aparentemente unido, aparentemente leal y aparentemente entregado a lo que ordenara la organización. Todo apariencia. Hoy sabemos que no era así, que los cientos de presos de la banda que llenaban las cárceles querían desprenderse de la pesada cadena que el férreo control de la dirección de ETA había impuesto sobre ellos históricamente. Ni un paso en prisión sin el visto bueno de la dirección.

Hubo quien celebró que se abandonaran las armas, quien puso en duda el modo de hacerlo, quien consideraba que había que exigir un precio por ello e incluso quien ni siquiera se pronunció. Los más ortodoxos criticaron que se desarmara ETA sin más, sin contraprestación. La mayoría, vio una ventana abierta para iniciar un nuevo periodo y acelerar el cumplimiento de sus condenas acogiéndose a beneficios previsto en la “ley española”.

Cuando los tres encapuchados blancos hicieron el histórico anuncio, eran cientos los que cumplían condena en la cárcel. Hoy lo son mucho menos, pese a que rondan aún pocos menos de 250 reclusos. Dos años y tres meses después, la Justicia desveló que entre las prisiones y el exterior existía un complejo entramado para evitar que el colectivo de frentes actuara por su cuenta, se desligara de lo que quedaba de ETA. Para controlarlo y evitarlo, la banda habría diseñado lo que se denominó el ‘frente de cárceles’.

'Jaque', 'Mate' y 'Pastor'

Fue su último eslabón estructural y desde este lunes protagonizará el que será el último ‘macrojuicio’ contra ETA. El denominado ‘sumario 11/13’ sentará en la banquillo de la Audiencia Nacional a 47 acusados de haber integrado un entramado para controlar y vigilar el colectivo de presos de ETA y que supuestamente habría mediado entre ETA y los presos encarcelados. La mayor parte de ellos fueron detenidos entre 2014 y 2015 en tres operaciones: “Jaque”, enero de 2014, y las que se bautizaron como “mate”, justo un año después, y “Pastor”, en marzo de ese año.

Entre los casi medio centenar de acusados figuran abogados, periodistas, médicos, familiares de presos y exmiembros de ETA. Según la instrucción llevada a cabo por el juez Eloy Velasco, todos ellos habrían jugado un papel en un complejo entramado de interlocución entre ETA y los presos de la banda. Abarcaría desde la labor de presión para orientar su proceso de debate interno tras el final de los atentados de la organización, hasta su tratamiento médico, su asesoramiento judicial o su interlocución con distintas organizaciones sociales y políticas.

La abogada de presos de ETA, Arantza Zulueta, está acusada de ser la dirigente del entramado

El colectivo más significado sería el que se define como de “enlaces externos” y entre los que se incluyen a ocho acusados. La abogada Arantza Zulueta es el rosto más conocido. Contra ella la Fiscalía y acusación particular, ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) piden 14 años de prisión por un delito de participación activa en organización terrorista en grado de dirigente. Zulueta, a la que tradicionalmente se ha vinculado a los sectores más ortodoxos y duros de la izquierda aberzale, paso casi tres años en régimen de aislamiento tras su detención en enero de 2014.

En total, en este caso fueron arrestados y acusados una docena de abogados, entre ellos también figura Amaia Izco, hoy concejal de EH Bildu en Pamplona y una de las defensoras de varios de los jóvenes condenados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua. También se sentará en el banquillo el exsenador de Bildu, Iñaki Goioaga.

Abogados, médicos y familiares

La estructura descrita por el juez Velasco se denomina ‘KT’, Koordinazio Taldea (Grupo de coordinación). Estaría integrada por un frente de abogados que habría actuado presuntamente en coordinación con otros colectivos, como el movimiento de apoyo a los presos -Herrira-, el colectivo de familiares de presos de ETA, -Etxerat-, y la asociación de asistencia médica a los reclusos de la banda, -Jaiki Hadi-.

Las condenas que piden contra los acusados el Ministerio Fiscal y la acusación popular oscilan entre los 8 y los 20 años de cárcel por distintos delitos; participación en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo, enaltecimiento y quebranto de medidas cautelares. La suma de peticiones alcanza los 601 años de prisión, siendo la petición más elevada la que se hace contra Javier Balda, un ex portavoz de ‘Herrira’ y que se enfrenta a 20 años de cárcel.

Además de abogados, el juez describe la participación de colectivos de apoyo a presos, familiares y médicos

Las acusación mantienen que todos los colectivos habrían actuado de manera coordinada. Según el juez, todos ellos pretenderían controlar al colectivo de presos de ETA, agrupado bajo el denominado EPPK. Tiempo antes de que se llevarán a cabo las operaciones para desarticular esta infraestructura, el EPPK había iniciado un proceso de debate interno para definir cuales serían los pasos a dar por los presos de ETA tras el cese de la actividad criminal.

Velasco considera que tanto Zulueta como otros acusados habrían actuado presuntamente como interlocutores externos con el propósito de dirigir y controlar cualquier movimiento entre los presos que no contara con la autorización de la dirección de ETA.

Fidelidad y cohesión

Según el escrito de acusación, KT habría diseñado el funcionamiento del EPPK en prisión, organizado y controlado sus pasos y movilizaciones, así como sus procesos de debate, hasta el punto de elaborar incluso los comunicados que hizo público el colectivo de presos. De todo ello, según Velasco, se mantendría puntualmente informada a ETA. El propósito, según la acusación no sería otro que garantizar la fidelidad y cohesión del colectivo de presos.

En el momento en el que se llevó a cabo las distintas operaciones policiales, la banda aún no había anunciado su disolución. Aún aspiraba a presionar al Gobierno para lograr algún tipo de contraprestación. Para ello los cientos de presos que aún seguían las directrices de ETA eran un arma de presión valiosa.

El objetivo sería asegurar la fidelidad y cohesión del colectivo de presos tras el desarme de ETA

Años más tarde, el EPPK culminó un proceso interno que concluyó con la ruptura de la histórica lealtad a la directriz de ETA según la cual sus militantes encarcelados no se podían acoger a beneficios penitenciarios por conllevar la aceptación de la legislación española. El 1 de julio de 2017 se hizo público que el 73% de los presos de ETA aceptaban comenzar a acogerse a los beneficios y lograr con ellos acortar el cumplimiento de sus condenas.

Desde hace semanas el entorno de la izquierda abertzale lleva a cabo una campaña de apoyo a los 47 encausados. Este sábado Bilbao acogerá una manifestación en su apoyo y en la que se reclamará los “derechos humanos, la libertad y el futuro”. En algunas de sus convocatorias anteriores, los encausados han asegurado que “lo volveríamos a hacer”. Rechazan que el objetivo de su participación en el organigrama de apoyo a los presos fuera frenar su proceso de reinserción o dar pasos atrás en el final de la violencia sino todo lo contrario, favorecer el nuevo tiempo sin violencia.

"Paliar el sufrimiento"

“Quisimos paliar el sufrimiento generado por la represión y la política penitenciaria”, aseguran en una web creada con motivo del juicio. En ella afirman que los encausados sólo han trabajado para el “impulso de una solución al conflicto político y el respeto de los derechos humanos”.

Subrayan que los distintos colectivos se han distribuido funciones variadas que han abarcado desde el cuidado de la salud de los reclusos, hasta la movilización en defensa de sus derechos, su asesoría jurídica o una mera labor de mediación entre este los presos y el conjunto de la sociedad para trasladar a la misma sus reflexiones. Acusan a “operaciones policiales diseñadas en las cloacas del Estado” la única razón por la que a partir de mañana serán juzgados en la sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Sitúan a las distintas organizaciones a las que pertenecían los acusados en tareas de apoyo a los presos. Sobre los abogados afirman que su labor era ofrecer “asistencia y asesoramiento jurídico” en un contexto “marcado por la vulneración de derechos y otra serie de irregularidades”. Sobre la función de Zulueta y el resto de acusados que habrían asumido la función de “enlaces externos” apuntan que se limitaron a trasladar “sin otros filtros, intoxicaciones o manipulaciones” la opinión del colectivo de presos de ETA al conjunto de agentes políticos, sociales y sindicales vascos.