La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, solicitándole que fije un último plazo con el que finalizar la investigación sobre el patrimonio oculto de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, la fiscal Belén Suarez solicita al instructor que, tras las dos prórrogas de 18 meses acordadas en dicha macrocausa, fije el último plazo recogido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La representante del Ministerio Público explica que actualmente están pendientes de cumplimentarse dos comisiones rogatorias remitidas a Andorra y a Luxemburgo, de cuya contestación puede depender que se deban practicar nuevas diligencias de prueba en el presente procedimiento.
Además, la teniente fiscal de Anticorrupción recuerda que De la Mata acordó el pasado mes de abril aceptar la personación de la entidad Grand Tibidabo como acusación popular en el procedimiento estando todavía pendiente de practicarse nuevas diligencias.
El desfalco de Grand Tibidabo
Tras explorar distintas líneas de investigación durante más de un lustro (y practicar cientos de diligencias), la última tesis que manejan los investigadores sitúa el origen de la fortuna del ex molt honorable en el desfalco del Grand Tibidabo, tal y como declaró en 2012 ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el empresario Javier de la Rosa. El caso del Grand Tibidabo acabó con la condena del citado empresario de tres años de prisión por el expolio de la empresa. Más de diez mil accionistas perdieron todos sus ahorros.
Por su parte, la familia Pujol ya se ha opuesto a la admisión de personación de Gran Tibidabo S.A al entender que una sociedad en liquidación que no está legitimada para ejercer de acusación en la causa.
Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que, pese a que el juez acordará un plazo último antes de dar el cerrojazo definitivo a esta investigación, la causa contra la familia Pujol –donde están imputados todos los integrantes de la misma- entra ya en la recta final de la instrucción.
Recta final de la causa
El pasado mes de julio la Policía entregó un informe a la Audiencia Nacional donde cuantificaba en 290 millones la fortuna del clan, procedente de la corrupción desarrollada durante cuatro décadas en Cataluña. A lo largo de 222 folios, la UDEF sostuvo que “la familia habría aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana en pro de acumular un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas”.
Sin embargo, pese a que la instrucción al clan Pujol llega a su fin, la investigación cuenta con un gran hándicap: a lo largo de todos estos años no se ha podido acreditar la comisión del delito de cohecho. Sí consta a nivel indiciario el blanqueo de capitales (lavado de dinero en el extranjero) que exige de la comisión de un delito antecedente. Las distintas fuentes consultadas recalcan la dificultad con la que se encontrará Anticorrupción a la hora de formular en los próximos meses escrito de acusación contra el expresidente catalán, su esposa y sus siete hijos.
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