El presidente de la Generalitat Quim Torra, se ha dirigido hoy por carta al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para recriminarle las detenciones de nueve personas relacionadas con los CDR acusadas por la Audiencia Nacional de preparar acciones violentas. Torra se escuda en una declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en la que se refirió ayer al "detenciones preventivas" para echar en cara al Gobierno la operación policial llevada a cabo por la Guardia Civil y exigir explicaciones sobre ese operativo.

"Le quiero transmitir mi indignación y la de todo el Govern" por lo que define como una "operación judicial-policíaca-mediática que se salta los principios de la presunción de inocencia" afirma. Torra asegura además que ese operativo solo busca "inventar un falso relato de violencia e Cataluña" y aprovecha para recordar que "vemos con preocupación que no se esté aplicando el informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas".

En un tono melodramático, el presidente de la Generalitat lamenta que "este lunes nos hemos despertado en Cataluña con el ruido de los golpes en la puerta de la guardia Civil en casa de ciudadanos comprometidos con su sociedad".

Y asegura que la operación policial destinada a evitar eventuales acciones violentas coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O "es un ejemplo más de la utilización de los aparatos del Estado para una finalidad política de parte que no se corresponde con las razones de su existencia" e insiste en las convicciones pacifistas del movimiento independentista catalán.

El presidente catalán recrimina además que el comunicado de la Guardia Civil informó de "detenciones que se hacían con carácter preventivo y con el objetivo de buscar pruebas incriminatorias" y señala a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera por hablar de "detenciones preventivas" que a su juicio "no debería ser posibles en un verdadero Estado de Derecho".

Todos los partidos independentistas, junto a los comunes de Ada Colau, han puesto en cuestión la operación policial ordenada por la Audiencia Nacional. Aseguran que es "una nueva reedición del 20-S" en referencia a la detención de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por el asedio a la Conselleria de Economía, el 20 de septiembre de 2017, y se remiten a los casos de los CDR Adrià y Tamara Carrasco, o al de Alsasua, para acusar a la Audiencia Nacional de inventarse casos de terrorismo.