El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decretado este jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acepta así la petición de la Fiscalía, que en la vistilla de medidas cautelares había solicitado prisión para los arrestados el pasado lunes por la Guardia Civil en el marco de la Operación Judas por su presunta participación en los delitos de tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos y de integración en organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública.

El instructor considera que, a la vista de las diligencias practicadas hasta la fecha, la investigación ha permitido reunir indicios que permiten sostener que los siete imputados forman parte del grupo Equipos de Respuesta Táctica (ERT), "una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas".

En sede policial, dos de los detenidos admitieron tener conocimiento de que se había comprado material para la fabricación de explosivos y que incluso se habían hecho pruebas, si bien negaron que el objetivo fuese terrorista. La intención era "hacer ruido" con motivo del segundo aniversario del 1-O -cuando llegó a celebrarse el referéndum de autodeterminación que había suspendido el Tribunal Constitucional- y en vísperas de que el Supremo dicte la sentencia del procés.

Abundante documentación

Los registros practicados esta semana en distintos puntos de Cataluña han permitido a los agentes de la Guardia Civil incautarse de abundante documentación, que ahora someterán a análisis y de la que podrían derivarse nuevas líneas de investigación. El caso permanece bajo secreto de sumario.

En los autos dictados este jueves, el juez justifica la decisión de enviar a prisión a los integrantes de los CDR por la gravedad de las penas que conllevan los delitos imputados, la capacidad de destrucción de pruebas, la posible fuga y la reiteración delictiva.

'Alto nivel de profesionalización'

En el auto, García Castellón sostiene que las intervenciones telefónicas, seguimientos y demás pruebas practicadas aportan indicios suficientes para situar a los detenidos en los CDR y, dentro de ellos, en el "sector más radical, clandestino y comprometido, encarnado por el ERT, siendo éste una organización con una estructura jerarquizada".

A su juicio, esa organización tiene "capacidad suficiente para llevar a cabo maniobras con un alto nivel de profesionalización".

Cita un ejemplo de hace más de un año, el 15 de septiembre de 2018, de "una maniobra orquestada por el ERT" con la "máxima clandestinidad". No detalla más que se trataba de un encuentro con una persona que, por la reacción de los integrantes al conocer su identidad, "debía tener un componente peligroso".

En el caso de Xavier B.L., de acuerdo con el auto al que ha tenido acceso Efe, considera que se trataba de "un miembro especialmente activo" de ese Equipo y que ocupaba "una preeminente posición en la estructura" en la que se encargaba de la planificación, el desarrollo y la puesta en marcha de las acciones violentas".