El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado este viernes un mensaje ambiguo a los independentistas catalanes. "Serenidad y firmeza", ha trasladado la ministra portavoz, Isabel Celáa, que ha confirmado que el Ejecutivo está a la espera de la publicación oficial de las resoluciones aprobadas ayer por el Parlament para que la Abogacía del Estado las impugne en los tribunales.

"Varias de ellas son una clara extralimitación y un ataque a la convivencia entre catalanes", ha justificado en rueda de prensa la ministra, que ha citado el compromiso adquirido por la Cámara para liderar la respuesta institucional a la sentencia del 1-O; la que insta a alcanzar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación, los derechos civiles y políticos con petición de amnistía total, así como la que pide la salida de la Guardia Civil de la comunidad catalana.

"Este Gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut ni a la Constitución", ha anunciado Celáa que, no obstante, ha recordado que la "propuesta" de Pedro Sánchez frente al independentismo "siempre ha sido la convivencia, el respeto y el diálogo dentro de la Constitución". Es decir, el diálogo "frente a la crispación" y "frente al camino del desorden o incluso de la posible violencia".

Según Celáa, la apuesta por el diálogo con el independentismo de Pedro Sánchez "ha sido y es útil porque la unilateralidad apenas la defiende un 9% de la sociedad catalana y ha bajado el nivel de preocupación de los ciudadanos sobre Cataluña". Por ese motivo, el Ejecutivo socialista no va a "cejar en la propuesta de diálogo para problema que nos concierne a todos, dentro de la Constitución, que es nuestra herramienta común para el diálogo y la defensa de los valores y del sistema democrático".

En esa línea, preguntada por las peticiones de los partidos de la oposición para que el PSOE rompa sus alianzas políticas con partidos independentistas o la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, la ministra ha sido contundente: "No desorbitemos”. "No conviene extralimitar situaciones ni extralimita respuestas", ha instado Celáa, para explicar que "no se dan las circunstancias" para intervenir en la comunidad porque las resoluciones aprobadas en el Parlament no suponen la violación de ninguna ley, como sí ocurrió en septiembre de 2017.

'No concurren las condiciones'

"Las declaraciones de Quim Torra son declaraciones, por tanto no concurren las condiciones del 155", ha insistido. La portavoz ha explicado que el Ejecutivo "rechaza de plano" las afirmaciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, acusando al Estado de "querer criminalizar" a los independentistas y le ha "exigido claridad" a la hora de "condenar" cualquier tentativa de "violencia potencial".

"Exigimos una actitud por parte del presidente de la Generalitat muchísimo más clara en la condena de una violencia potencial", ha afirmado Celáa, que ha recordado la gravedad de las acusaciones realizadas por la Fiscalía a los miembros de los CDR detenidos por "presuntos delitos de terrorismo".

En esa línea, la titular de Edudcación ha insistido en la separación de poderes y ha asegurado que ninguna de las medidas que adopta la Justicia "van contra el, independentismo mientras se ejercite dentro de la Constitución". "El problema no es la ideología, sino que alguien pretenda saltarse las leyes", ha asegurado, recordando que las medidas judiciales y policiales tienen como objetivo "salvaguardar la seguridad de toda la ciudadanía y nuestra convivencia".

"A Torra le pedimos respeto a la democracia y a la separación poderes", ha reiterado Celáa, que ha recordado que la Guardia Civil actúa como policía judicial a las órdenes de la Audiencia Nacional. La ministra ha destacado el "trabajo discreto y digno de reconocimiento y respeto" realizado por los agentes. "Los detenidos deberán responder de sus actos ante la Justicia".