El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo ha ordenado a los investigadores que averigüen si existía un ordenador 'secreto' en la Policía Nacional en el que se registraban las peticiones de información protegida -como rastreos de llamadas- con las que el comisario hoy en prisión elaboraba posteriormente los informes que facturaba a sus clientes a través de su entramado empresarial.

En una providencia notificada este viernes a las partes personadas en la pieza separada en la que se investiga la presunta extorsión al arquitecto marbellí Felipe Gómez Zotano (la número 8), a la que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional accede a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción y ordena la práctica de varias diligencias para el esclarecimiento de estos hechos.

En concreto, el juez Alejandro Abascal requiere "urgentemente" a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional para que realice las pesquisas necesarias a fin de determinar si en la Sección de Relaciones Institucionales de la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO) de la Policía Nacional existía un ordenador "no conectado a la red de la Comisaría General de Información" en la que quedaran registradas las peticiones de información que subrepticiamente hacía Villarejo.

Anticorrupción mantiene la tesis de que era el comisario principal ya jubilado Enrique García Castaño -conocido como El gordo e imputado en cinco piezas separadas del caso- "el principal proveedor" de datos relativos a rastreos de llamadas e interceptaciones telefónicas para Villarejo en su etapa de máximo responsable de la UCAO, jefatura de la que fue apartado en la etapa de Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior.

La pista sobre el supuesto ordenador pirata la ofreció el pasado 23 de septiembre el inspector jefe hoy jubilado Constancio Riaño -ex jefe de sección operativa de la Comisaría General de Información bajo dependencia jerárquica de García Castaño- durante su declaración en calidad de investigado.

El equipo informático no estaba conectado a la red de la Comisaría General de Información, según ha declarado un inspector imputado

Este agente mantuvo que las peticiones de información que le hacía su jefe -García Castaño- eran registradas de un modo no muy exhaustivo en un equipo informático de su unidad no conectado a la red de la Comisaría General de Información, con lo que dio a entender que las solicitudes quedaban allí consignadas para no dejar rastro al no contar con mandamientos judiciales.

A mayor abundamiento, Constancio Riaño detalló que dicho ordenador permanecería en la unidad a cargo del inspector jefe que le sustituyó, cuya identidad se corresponde con las iniciales O.L. Este funcionario policial tendrá que declarar ante Asuntos Internos para corroborar o negar la existencia de dicho pecé.

Precintado del ordenador

Accediendo también a la petición del Ministerio Público, el juez ordena que, en caso de que se encuentre dicho ordenador, quede precintado en las dependencias de la Comisaría General de Información en un intento de garantizar la confidencialidad de los datos que no tengan nada que ver con los hechos que se investigan en esta pieza.

Según Riaño, el acceso a bases de datos restringidas -como la del órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado o la del Documento Nacional de Identidad (DNI)- y la posterior remisión de los correos al policía en segunda actividad Antonio Bonilla -investigado también en la causa por su relación con Villarejo- era por expresa solicitud de García Castaño. Fuentes próximas a este mando policial ya jubilado lo niegan.

En las actuaciones constan numerosos correos electrónicos que acreditan cómo Constancio Riaño le pasaba la información requerida a Antonio Bonilla y éste a su vez a Rafael Redondo, socio de José Manuel Villarejo. La instrucción determinará si Riaño obedecía órdenes de García Castaño, como él mantiene, o la decisión de incriminar responde a una estrategia de defensa.

De momento, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional imputa también en esta pieza número 8 a Enrique García Castaño, al que considera autor de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. A éste ya se le investiga en otras cuatro.