Funcionarios del Departamento de Presidencia de la Generalitat han retirado esta tarde la pancarta en defensa de los procesados por el 1-O. Lo han hecho después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenara a los Mossos d'Esquadra que retiraran el mensaje ante las reiteradas negativas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a acatar sus requerimientos. El balcón ha pasado escasas horas sin pancarta, ya que dos ex diputados han colocado una nueva que clama por la 'Libertad de opinión y expresión'.

El magistrado presidente de la sección 5ª de la sala contencioso administrativo del TSJCat ha ordenado hoy al cuerpo de Mossos d'Esquadra "la retirada inmediata de la pancarta y símbolo colgados en el balcón del Palau de la Generalitat" en cumplimiento de la medida cautelar acordada por el tribunal contencioso en el sí de una demanda de la entidad Impulso Ciudadano.

De hecho, Quim Torra debería haber retirado ya la pancarta, tras ser requerido el lunes personalmente a hacerlo. El TSCJ acordó el pasado viernes aceptar las cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano y notificó personalmente la decisión al presidente de la Generalitat el lunes, pero éste aseguró tanto el lunes como el miércoles, en el transcurso del Debate de Política General, que no pensaba atender esa petición.

El presidente catalán recurrió el miércoles el auto del TSJC, pero el tribunal ha desestimado este recurso, señalando además que dado que nos encontramos de nuevo en campaña electoral y dados los precedentes sentados por la Junta Electoral Central en la última campaña, con más motivo debe retirarse la pancarta con el lazo amarillo de la fachada de la sede de la Generalitat.

A las 18.00 horas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Sílvia Bel y la filóloga Maria Teresa Casals han colocado otra nueva con el lema 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'.

Juicio pendiente

Se trata del segundo frente judicial abierto por Torra a cuenta de la exhibición de la pancarta en favor de los presos, que se suma al juicio pendiente por desobediencia a la Junta Electoral. El próximo 18 de noviembre el presidente catalán afrontará la vista oral del juicio por haberse negado a retirar la pancarta durante la campaña electoral, pese a los reiterados requerimientos de la JEC.

Torra afronta una petición de inhabilitación de un año y ocho meses para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito “local, autonómico, estatal o europeo” y una multa de 30.000 euros por parte de la Fiscalía. Pese a ello, durante la última semana ha insistido en defender que retirar la pancarta supondría renunciar a su libertad de expresión.

La pasada primavera, el presidente catalán también se negó a acatar el criterio de la Junta Electoral y dar orden de retirar las pancartas y lazos amarillos de los edificios públicos. Pero cuando la Conselleria de Interior recibió la orden de la justicia de retirar esos símbolos, los mossos cumplieron la orden, incluso con "exceso de celo" según denunciaron después los responsables de algunos colegios.