Los CDR detenidos se entrevistaron con Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, y con otros miembros de la Generalitat.

Uno de los integrantes del Equipo de Respuesta Táctica de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes se entrevistó con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, han apuntado a la agencia Efe fuentes de la investigación que han precisado que se desconoce el contenido de esa conversación.

Además de este contacto directo, otras fuentes del caso han indicado que uno de los detenidos, Ferrán Jolis, aseguró al juez que le habían dicho que Torra iba a facilitarles la entrada en el parlamento catalán para realizar un encierro el próximo 1 de octubre, cuando se cumplen dos años de la consulta independentista de 2017.

Esas fuentes han relatado que el detenido afirmó además que habían realizado contacto indirecto con responsables de la Generalitat para que se les facilitara la entrada en instituciones para la consecución de sus planes.

Y han recalcado que estos contactos para lograr ayuda no fueron directos, sino que se realizaban a través de una tercera persona.

Jolis contó que le propusieron hacer la cobertura logística-técnica para mantener las comunicaciones de internet y de los móviles cuando estuvieran dentro del Parlament.

Fuentes de la investigación señalan que se desconoce el contenido de la conversación del miembro del Equipo de Respuesta Táctica con Torra

Las fuentes han afirmado que hay indicios de esos contactos y se está investigando lo declarado por Jolis, que formaría parte del núcleo duro del grupo de detenidos, junto con Jordi Ros, Xavier Duch y Eduard Garzón, considerado el cabecilla, de acuerdo a los datos de la investigación.

El juez Manuel García Castellón ordenó el pasado jueves el ingreso en prisión provisional y sin fianza de los siete miembros de los CDR detenidos en la operación Judas al considerar que integraban una organización "jerarquizada" que pretendía instaurar la república catalana por "cualquier vía, incluidas las violentas".

Según los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, según fuentes jurídicas.