A las puertas del segundo aniversario del 1-O, la fractura y el desconcierto entre los dos grandes partidos y las entidades independentistas ha dejado las riendas de la movilización y la temida "respuesta a la sentencia" en manos de la CUP y los CDRs. Así lo muestran, al menos, la bronca y las conclusiones con la que esta semana ha concluido el Debate de Política General en el Parlament.

Un Pleno en el que el rodillo independentista se ha impuesto para aprobar una moción que pide la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña, algo inédito en una cámara legislativa, junto a la petición de cese de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. El texto no surgió, como cabría esperar, de la CUP, sino de los dos partidos que dan apoyo al Gobierno de la Generalitat.

Los portavoces parlamentarios de JxCat y ERC saludaban el jueves como un éxito la previsión de votaciones de las resoluciones posteriores al debate, en las que el independentismo iba a mostrar una unidad inédita en los últimos meses, votando más de una treintena de resoluciones conjuntas. El coste de esa unidad, sin embargo, fue liderar propuestas como la de la Guardia Civil, la reivindicación de nuevo del 1-O, o una nueva promesa de desobediencia a los dictámenes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Esto es, Jxcat y sobre todo ERC han asumido la necesidad de extremar sus propuestas de resolución -tras meses coqueteando con el papel de fuerza clave en el Congreso para la investidura- para conseguir la unidad en el Debate de Política General y acallar las quejas de sus bases. Tras la bronca a la dirección política del procés en la que se convirtió la gran manifestación de la Diada, y ante la incapacidad de consensuar una nueva vía de avance, la política ha vuelto a la retórica de 2017 mientras los CDR asumen el liderazgo de las movilizaciones a raíz de la Operación Judas.

Vuelta al primer plano

La detención de nueve activistas de los CDR -dos de ellos puestos en libertad pocas horas después- devolvió el lunes al primer plano informativo a estos grupos. Desde entonces, ha sido la cuenta oficial de CDR Catalunya quien ha liderado la convocatoria de movilizaciones y caceroladas de protesta, que hoy culminarán en una nueva concentración en Sabadell, epicentro de la operación judicial.

Junto a las movilizaciones dictadas por los CDR, la defensa de cinco de los detenidos ejercida por abogados del grupo Alerta Solidaria, ha marcado el discurso de los partidos independentistas y las instituciones desde el primer día. Su portavoz, Xavier Pellicer, ha defendido a los detenidos por orden de la Audiencia Nacional asegurando que se han vulnerado sus derechos, que se les ha aplicado "de forma encubierta" la Ley antiterrorista, que no hay base probatoria para las imputaciones ni justificación para la prisión provisional.

Y se ha remitido a los casos de Adrià y Tamara Carrasco, investigados por la Audiencia Nacional por su participación en los CDR, cuya causa fue finalmente archivada, como prueba de cargo de que la Justicia ha orquestado una operación para asociar al independentismo con el terrorismo. Argumentos que repitió el president Quim Torra en su primer tuit de reacción a las detenciones, y que mantuvo después en la carta de queja remitida a Pedro Sánchez.

Unos argumentos que el jueves hizo suyos también la Junta de Portavoces del Parlament, con una declaración firmada también por los comunes. Un texto en el que la Junta, pese a la oposición de PSC y PP, "rechaza la operación impulsada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil y las vulneraciones contra los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la presunción de inocencia de los siete" detenidos. El Parlament, concluye la declaración, "denuncia la deriva represiva y autoritaria del Estado".

Exhibición de agravios

Paralelamente, el departamento de Interior de la Generalitat daba plantón a la delegada del Gobierno y la cúpula de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña en la que debía ser la primera reunión de la Comisión Mixta de Seguridad, en la que ambas administraciones se habían comprometido a trabajar para recuperar la mutua confianza en temas de seguridad.

Los dos representantes de JxCat en la Mesa del Parlament, el vicepresidente Josep Costa y el secretario Eusebi Campdepadrós completaban ayer la exhibición de agravios al hacer públicas las cartas remitidas a Cunillera para anunciar que no aceptan la invitación a participar en el día de la Guardia Civil. En la semana del segundo aniversario del 1-O y a las puertas de la sentencia, se impone el discurso del independentismo más intransigente, con el que converge sin dificultad buena parte del Govern y la cúpula del Parlament.