El Gobierno de Pedro Sánchez baraja exhumar a Franco inmediatamente después de que se haga pública la sentencia contra los líderes del procès independentista catalán. El Ejeutivo debe poner fecha a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y para eso debe tomar dos decisiones: una política, para establecer su fecha, y un plan técnico que garantice la discreción y "dignidad" de la extracción y traslado de los restos. Ambas están en plena elaboración ahora mismo, según fuentes del Gobierno.

El Consejo de Ministros ya aprobó en marzo la fecha del 10 de junio que fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo, que este lunes ha dado a conocer la sentencia que avala la decisión del Ejecutivo de sacar sus restos de la basílica patrimonio del Estado para enterrarlos en una mausoleo familiar del cementerio del Pardo.

La Moncloa no ha desvelado aún cuándo aprobará el Consejo de Gobierno la nueva fecha de la inhumación ni cuándo se llevará a cabo, pero fuentes del Gobierno descartan que esa decisión se tome de forma inmediata. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha situado la ejecución de la medida "cuanto antes" y "antes de la campaña electoral", que comienza el 1 de noviembre, por tanto, debe producirse en el mes de octubre.

Dado que el Valle de los Caídos cierra al público los lunes, el día que se ha barajado hasta ahora para la extracción del féretro es el domingo por la noche o el lunes por la mañana, es decir, los días 7, 14, 21 o 28, éste último a sólo cinco jornadas de la pegada de carteles, por lo que se antoja muy tardío.

Por su parte, fuentes del Tribunal Supremo han situado la fecha de la publicación de la sentencia del juicio a los líderes del procès independentista en torno al lunes 14 de octubre, ya que el día 16 se cumplen dos años del ingreso en prisión preventiva de los primeros encausados, el máximo que marca la ley para que se produzca un fallo.

Fuentes del Gobierno descartan que la medida se pueda aprobar este viernes en el Consejo de Ministros para ejecutarse el lunes 7 de octubre por la complejidad del plan técnico que hay que poner en marcha. "Es materialmente imposible", señalan las fuentes, que recuerdan que hay que alcanzar un acuerdo con la familia del dictador para el traslado de los restos y poner en marcha un dispositivo de seguridad en la ruta de traslado del féretro que evite altercados o manifestaciones. Además, el Ejecutivo está determinado a ejecutar la medida respetando al máximo la discreción y la dignidad en el traslado de los restos.

En el Gobierno tampoco se limita la medida a un domingo o lunes y se baraja la posibilidad de cerrar al público el recinto unos días para acometer la exhumación, por lo que podría celebrar cualquier día de la semana. De esta manera, Moncloa estudia que si la sentencia del procès sale a la luz el día 16 como la fecha más tardía, la exhumación de Franco tenga lugar en los días posteriores.

Esa coincidencia temporal reduciría la repercusión internacional de la condena que presumiblemente recibirán los cerebros de la declaración de independencia de Cataluña. La imagen del traslado de los restos del dictador acapararía la cobertura internacional de corresponsales y medios que ofrecieron una intensa cobertura de los altercados del 1 de octubre con profusión de noticias falsas divulgadas por el independentismo, que volcó sus esfuerzos en la internacionalización del conflicto.

Ya desde su etapa en la oposición, Pedro Sánchez intentó combatir ese relato internacional con una gira por Europa en la que se esforzó en aclarar la situación de Cataluña. Entonces, el líder de la oposición reprochaba al Gobierno de Mariano Rajoy una pasividad en la lucha contra esas fakes news, que empezaron a calar en varios países europeos.

Por otro lado, la noticia de la retirada de honores al dictador, avalada por el mismo Tribunal que ha juzgado a los secesionistas catalanes, rebatiría la tesis del secesionismo y de algunos dirigentes políticos de que en España aún rige una Justicia franquista y represora. Haría valer la tesis de que la Justicia funciona en España en todos los ámbitos ideológicos y eximiría al Gobierno de Sánchez de cualquier connivencia política con la sentencia del procès, ya que el presidente en funciones podrá presumir de que fue su gabinete quién acometió la medida histórica de retirar esos honores al dictador.