El juez que mantiene suspendida desde febrero la licencia urbanística para los trabajos de exhumación de Franco en el interior de la basílica del Valle de los Caídos entiende que el procedimiento que él instruye continúa "vivo" y que si el Gobierno ejecutara el traslado de los restos del dictador antes de que él dicte el archivo del procedimiento estaría cometiendo un delito de desobediencia.

Apoyándose en el informe pericial encargado por la Fundación Nacional Francisco Franco a dos arquitectos, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, acordó el pasado 25 de febrero suspender cautelarmente el informe urbanístico favorable que emitió el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial al entender que las obras de retirada de la losa que cubre el féretro de Franco pondría en riesgo la seguridad de los operarios que ejecutaran los trabajos.

Lejos de avalar esta postura, la sentencia con la que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente y por unanimidad el recurso interpuesto por los nietos del dictador contra la decisión del Consejo de Gobierno de trasladar sus restos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio ha establecido no sólo que dicha maniobra no entraña "particular dificultad" sino que el Ejecutivo no necesita licencia para llevar a cabo la actuación dentro de la basílica de Cuelgamuros.

Fuentes jurídicas han indicado a El Independiente que el magistrado Yusty sigue considerando que el procedimiento que se tramita en su juzgado está "vivo" pese al pronunciamiento del Alto Tribunal y que está a la espera de que alguna de las partes personadas solicite la incorporación del fallo a estas actuaciones.

Con seguridad, la Abogacía del Estado pedirá ahora al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid que archive el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto de la causa, lo que llevaría al magistrado a conceder un plazo a las partes para que aleguen antes de decidir si archiva o no el caso. Yusty ha trasladado que el Gobierno incurriría en desobediencia si ejecuta la exhumación antes de que él dé carpetazo al asunto.

Vista de medidas cautelares

El juez tenía previsto celebrar este mes la vista en la que debería resolver si mantiene la medida cautelar de suspensión de la licencia urbanística o, por el contrario, la revoca. También tenía fijadas ya otras diligencias, como escuchar a los técnicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que firman un informe en el que se rebaten las conclusiones de los peritos de la Fundación Franco, antes de dictar sentencia.

Tras el fallo del Supremo, el Ejecutivo en funciones pretende llevar a cabo el traslado de los restos del dictador al cementerio de El Pardo "lo antes posible" para alejarlo del inicio de la campaña de las elecciones del 10-N. El Consejo de Ministros fijará previsiblemente este viernes la fecha de la exhumación, que, como ha informado este diario, se podría ejecutar días después de que se dicte la sentencia del procés (a mediados de octubre).