José María Guerrero Torres tuvo suerte aquella mañana de octubre de 1988. El policía estaba de servicio en la oficina del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la madrileña calle de Santa Engracia cuando tres integrantes de un comando de los Grapo irrumpieron en las dependencias para robar carnés en blanco. Aquella acción terrorista se saldó con el asesinato de un agente, que recibió disparos en la cara y un costado. Guerrero Torres sobrevivió: le descerrajaron tres tiros, impactándole uno en el glúteo izquierdo.

En situación de segunda actividad desde enero de 2018, este funcionario tampoco ha sido merecedor este año de una de las cruces al mérito policial con distintivo rojo -reconocimiento que acarrea un incremento vitalicio equivalente al 10 % del sueldo- que concede el Ministerio del Interior con motivo de la festividad de los ángeles custodios, patrones del Cuerpo y cuya celebración tiene lugar el 2 de octubre.

Más que por las heridas físicas, Guerrero permaneció tres meses de baja tratando de superar el shock. "Me reincorporé luego al servicio y sobrellevé como pude la experiencia. Se pasa muy mal durante y después porque es muy difícil superarlo: encontrarte no en un combate sino ante alguien que viene a asesinarte. Me libré. Fue pura suerte", rememora.

El funcionario asegura que, tres décadas después, ya lo ha superado "a medias" y hoy es sin duda el "recuerdo" más amargo de sus 38 años como policía nacional. Las heridas sanaron, pero el tiempo transcurrido no ha logrado que cicatrice el trato "inaceptable" que -según denuncia- recibió por parte de algunos mandos del Cuerpo cuando se planteó la posibilidad de que se le concediera una medalla con distintivo rojo tras haber corrido peligro su vida aquella mañana del 4 de octubre de 1988.

"Hace unos años me querían proponer para una condecoración por mi trayectoria. Tuve que rellenar una serie de documentos y, cuando terminé de hacer el informe, se lo di a mi jefe, lo leyó y me dijo que subiría a hablar con su superior para que me propusiera. Cuando bajó me dijo que el comisario le había comentado que había pasado mucho tiempo y que eso no tenía nada que ver con el trabajo que hacía ahora. Y no me propuso", recuerda.

"Me disparó un terrorista"

Este año, la Confederación Española de Policía (CEP) volvió a poner su nombre encima de la mesa para que le dieran la medalla pensionada, para lo que el secretario general de esta organización (Víctor Vigil) llegó a hablar con el director general de la Policía (Francisco Pardo Piqueras). Éste acogió la idea de forma favorable, pero finalmente no se incluyó el nombre de José María Guerrero en el listado final por la influencia negativa supuestamente ejercida -según interpreta el sindicato- por la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional.

"Me disparó un terrorista tres veces porque llevaba el uniforme de la Policía Nacional. Allí había muchísima gente, había funcionarios civiles haciendo el DNI y personas que estaban para sacarse el carné. Ninguno de los terroristas disparó ni amenazó a ningún civil, sólo los que íbamos de uniforme", explica Guerrero, cuya pareja es hermana de la policía a la que ETA asesinó en Zarauz (Guipúzcoa) en junio de 1981: María Josefa García Sánchez.

Sindicatos policiales critican que se distinga a agentes que hacen labores burocráticas y no a los que ponen en riesgo sus vidas

"Casi hubiera preferido que el sindicato no se hubiera molestado tantísimo en proponerme, porque me hubiera sentido mucho mejor. Esto es lo que se denomina victimización secundaria", añade visiblemente molesto. En este tiempo no ha recibido ninguna distinción con reconocimiento económico, sí una cruz al mérito policial con distintivo blanco y una encomienda de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

El suyo no es un caso aislado, ni mucho menos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha intentado este año sin éxito que se reconozca el servicio que un subinspector de los Tedax adscrito a la Jefatura Superior de Murcia prestó en agosto de 2017. Cuando abría en el laboratorio sobres con explosivos que habían sido intervenidos previamente en un chalé de la pedanía de Puente Tocinos para analizar la sustancia que contenían se produjo una deflagración que le abrasó las dos manos, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en ambas extremidades y requiriendo de varias operaciones quirúrgicas para la curación de las heridas.

Pese al riesgo que corrió su vida y las secuelas físicas sufridas -las manos se muestran muy sensibles al cambio de temperatura y los tendones están retraídos debido a las altas temperaturas a las que se expuso-, este agente tampoco ha sido distinguido con una medalla pensionada. La dirección valoró positivamente la propuesta que hizo el sindicato, pero -según las fuentes consultadas- no recibió el respaldo en la Jefatura Superior de Murcia. El funcionario recibirá este miércoles una cruz blanca, sin recompensa económica.

"Injusticias"

El de este funcionario, que prefiere permanecer bajo anonimato, es uno de los nueve ejemplos de "injusticias" que relata el SUP en el informe en el que analiza las medallas concedidas este año y la evolución experimentada desde 2009. Las que conllevan aumento de pensión han descendido en este periodo casi un 60 %, al pasar de 145 a 60.

Cada año se repite la misma queja. Los sindicatos policiales denuncian que la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía recompense a funcionarios que prestan servicio en puestos de trabajo de carácter meramente burocrático y no reconozca a funcionarios que han puesto en peligro sus vidas durante el servicio, lo que se aleja del espíritu de la Ley de Condecoraciones Policiales.

La medalla al mérito policial con distintivo rojo acarrea un aumento vitalicio equivalente al 10 % del sueldo

Para ser merecedor de la cruz al mérito policial con distintivo rojo, la citada norma establece que el funcionario a distinguir debe haber resultado herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o accidente; haber participado en tres o más servicios en los que, mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior aunque no resultara herido; realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, u observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la medalla al mérito policial, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal.

El SUP reclama que la concesión de las medallas no obedezca a "criterios de peso cuantitativo de cada categoría profesional", sino que la valoración de las propuestas esté guiada por la "objetividad". "En otras palabras, que no exista una sola intervención policial de riesgo, pertenezca el funcionario a la escala que sea, que se quede sin el debido reconocimiento profesional en forma de concesión de una cruz roja", razona.

Desde la CEP consideran que la no concesión este año de ninguna medalla pensionada a los funcionarios de la escala superior (comisarios y comisarios principales) es un mero "lavado de cara" y critica cómo se sigue otorgando este tipo de reconocimientos. "Hay que dejar patente el olvido, intencionado diría yo, por parte de algún mando policial que, ante el pasotismo del director general de la Policía, ignora a los compañeros que se dejan la salud en cada intervención policial. Tanto es así que tenemos el ejemplo de abandono que sufren las víctimas del terrorismo miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", expone Víctor Vigil.