La Unión Federal de Policía (UFP) reclama que los gastos que comportará el envío de varios centenares de agentes a Cataluña para hacer frente a posibles incidencias con motivo del segundo aniversario del 1-O y la notificación de la sentencia del procés -prevista para mediados de mes- corran por cuenta de la Generalitat y no los sufrague el Estado.

El Cuerpo Nacional movilizará de forma escalonada a varios grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -conocidos como antidisturbios- y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para reforzar durante el mes de octubre la dotación estable en esta comunidad. Con datos referidos a 30 de junio de 2019, la plantilla de la Policía Nacional en Cataluña está formada por 3.336 agentes (2.567 en Barcelona, 316 en Girona, 293 en Tarragona y 160 en Lleida).

En el caso de la UIP, el dispositivo incluirá el envío de entre dos y tres grupos -formado cada uno teóricamente por 50 funcionarios- de las unidades con bases en Málaga, Galicia, Valencia, Sevilla, Bilbao, Pamplona y Madrid, según fuentes policiales consultadas por este diario. No hay fecha cerrada de regreso, dependiendo la vuelta de la evolución de los acontecimientos.

El Ministerio del Interior tendrá que sufragar el coste de las dietas a las que tienen derecho los agentes. Según establece el decreto que regula las indemnizaciones por razón del servicio, la cuantía asciende a 48,92 euros para alojamiento -los agentes pernoctarán mayoritariamente en hoteles de Salou y Castelldefels- y 28,21 euros para gastos de manutención en el caso de los funcionarios de la escala básica (policía y oficial de policía). Estas cantidades no se revisan desde el año 2005.

La UFP pide que, al margen de esta dieta, se abone a los policías desplazados a Cataluña una remuneración individual como servicio extraordinario, como autorizó la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) cuando Interior diseñó la denominada Operación Copérnico en vísperas del referéndum de autodeterminación del 1-O.

El sindicato UFP pide que se abone una remuneración a los policías desplegados como en el 1-O

"La comunidad de Cataluña tiene la competencia en materia de seguridad ciudadana y los Mossos, como policía integral, capacidad y unidades suficientes para hacer frente a las posibles incidencias que en materia de seguridad pública puedan producirse en fechas tan señaladas como el 1-O. Pero, ante la inoperancia y mala fe de dirigentes políticos y policiales catalanes, el sacrificio nuevamente es de los mismos: las unidades UIP y UPR de Policía Nacional que han sido desplazados a la comunidad catalana para hacer frente a posibles problemas de orden público", denuncia la organización sindical.

La UFP considera que, "en justicia", tendría que ser el Gobierno de Quim Torra el que costee los gastos que supondrá para el Estado este dispositivo policial extraordinario con el que se pretende hacer frente a los altercados callejeros que puedan producirse cuando se conozca la sentencia contra los dirigentes independentistas.