La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional como respuesta a la reacción del mundo independentista a la próxima sentencia del procés, puede convertirse en el primer punto de encuentro entre el PSOE y el PP sobre Cataluña. La disponibilidad del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a usar este instrumento legal sin necesidad de acudir al mecanismo del 155, recoge en muy buena medida el guante que le lanzó hace dos días Pablo Casado. Para el líder del PP ya se han traspasado todas las líneas rojas una vez conocidas las informaciones que apuntan a que el llamado "CNI catalán" habría ordenado a los CDR el asalto del Parlamento autonómico.

Bien es cierto que Casado habla de una implementación inmediata y Moncloa prefiere esperar acontecimientos, pero es la primera vez desde hace más de un año que Gobierno y PP parecen hablar el mismo idioma cuando se trata de dar una respuesta a un desafío independentista que no para de crecer a pesar de los signos evidentes de desgaste, división y desmovilización.

La aplicación del 155 presenta dificultades de todo tipo. Primero porque los socialistas no son nada partidarios de una nueva intervención de la Comunidad catalana, aunque de vez en cuando la saquen a colación, y el PSC, con Miquel Icetas al frente, abomina de esta vía. Eso no impide que Moncloa haya estudiado su aplicación con un Gobierno en funciones, y la respuesta de los servicios jurídicos del Estado, según la versión del propio Sánchez, es que es posible.

Pero queda la duda del Senado, hoy disuelto y con diputación permanente. Es necesaria la mayoría absoluta de la Cámara Alta para aprobar la intervención, como ocurrió en 2017 cuando PP, PSOE y Ciudadanos unieron sus votos. Se trataría de trasladar esa mayoría absoluta a las dimensiones de la permanente, lo que puede resultar difícil.

Sánchez sólo necesita un decreto-ley para tomar el control de los Mossos

En cambio, la Ley de Seguridad Nacional no necesita de ese complejo procedimiento para su aplicación y permitiría, por ejemplo, tomar el control de la policía autonómica, de esos 17.000 agentes que dependen del presidente de la Generalitat, Quim Torra. En puridad, basta con sacar adelante un real decreto para que luego sea convalidado en la Diputación Permanente del Congreso, para lo que le bastaría con los votos del PP ante un Albert Rivera que habla reiteradamente de aplicar el 155.

De hecho, el pacto de Estado sobre Cataluña es uno de los acuerdos que el líder del PP ha ofrecido a Sánchez tanto en sus conversaciones privadas como en público convencido de la necesidad de dar una respuesta unívoca y unánime a las veleidades del independentismo. Para ello, no dudó en ofrecer la fuerza de sus senadores para componer la mayoría absoluta que exige el 155. Además, en mayo pasado, ambos dirigentes políticos acordaron abrir un canal de comunicación permanente sobre Cataluña.

El PP exhorta a Sánchez a que apoye la moción en Cataluña "para ser creíble"

En todo caso, desde Génova, se escudan ahora en cierta prudencia. Recuerdan que "nosotros ya hemos dicho que tendemos la mano para solucionar ese problema", pero, a continuación exigen de Sánchez "coherencia" para renunciar a sus acuerdos con el independentismo en ayuntamientos y diputaciones catalanas así como en Navarra, donde dependen del apoyo parlamentario de Bildu. Pero no sólo, porque ahora plantean que, "para ser creíble", Sánchez "debe apoyar la moción de censura" que Ciudadanos va a presentar en el Parlamento catalán contra el presidente de la Generalitat. Los socialistas ya han dicho que no se sumarán a la misma, por lo que sólo contará con el apoyo de los populares.

No obstante, el PP se ha desmarcado de Ciudadanos en la medida en que ya no enarbolan la aplicación del 155 por entender que en lugar de centrarse en una intervención de la Generalitat que a muchos de los suyos les resultó tibia y a otros excesiva, es mejor centrarse en la respuesta del jefe del Ejecutivo en funciones. Una vez más se instala la sensación de que son los dos grandes partidos tradicionales los que pueden afrontar una cuestión de Estado de este calado, orillando a otras fuerzas políticas y reforzando la reconstrucción de un nuevo bipartidismo imperfecto.

La aplicación de la ley debe determinar la duración y el ámbito geográfico

El artículo 24 de la Ley, aprobada en septiembre de 2015, señala que la "situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el Presidente del Gobierno mediante real decreto". La declaración incluirá, al menos, la definición de la crisis; el ámbito geográfico del territorio afectado; la duración y, en su caso, posible prórroga; el nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan así como la determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación.

Entre otros aspectos, el Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional.