Víctimas de ETA y del IRA han acordado impulsar de manera conjunta la reclamación de su derecho a la justica, verdad y memoria y dar pasos para “internacionalizar” sus demandas. Durante un encuentro celebrado este viernes en el Parlamento de Irlanda del Norte, en Stormont, Belfast, representantes de varias asociaciones de víctimas del terrorismo, tanto del padecido en nuestro país como el ocurrido en el norte de Irlanda hasta 1998, han puesto en común sus experiencias y se han comprometido a iniciar un periodo de colaboración.

Por parte de las víctimas de ETA han participado representantes de la Fundación Miguel Ángel Blanco y Covite y en el caso de las víctimas norilandesas, la Fundación SEFF -South East Fermanagh Foundation-, que agrupa a víctimas de ambos bandos del conflicto que enfrentó a republicanos y unionistas.

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, ha instado a las víctimas norirlandesas a trabajar de manera conjunta con las españolas en defensa “de los principios”: “Hay muchos interesados en borrar las consecuencias de décadas de terrorismo, aquí y allí. Trabajemos juntos por una justicia que se nos ha negado por ambos gobiernos y que sigue pendiente”.

Durante su intervención, la presidenta de Covite ha señalado que la deuda de Justicia y memoria de los Ejecutivos no es sólo con los familiares asesinados sino también con las futuras generaciones, “que no se nos olvide lo ocurrido”: “En el futuro nosotros ya no estaremos, pero nuestro testimonio puede ser el dique moral para próximas generaciones, para que todo esto no vuelva a repetirse”.

Futuras generaciones

Por su parte la presidenta de la Fundación Miguel Angel Blanco, Cristina Cuesta, se ha felicitado de que el encuentro de trabajo iniciado hoy en el Parlamento de Stormont permita consolidar una relación que beneficie al conjunto de víctimas de la violencia. Ha situado como prioritario lograr “internacionalizar” las demandas de Justicia y memoria. Ha tendido la mano a colaborar para desarrollar en líneas más avanzadas en España la labor de defensa de las víctimas.

Cuesta ha ofrecido cooperar para reforzar tareas para la construcción de una memoria “creando material que siempre quedará ahí”. En este sentido ha instado a sumar documentación fotográfica, testimonios o documentos audiovisuales que apuntalen el legado para futuras generaciones: “La labor de concienciación social y de educación es esencial para erradicar cualquier tentación de justificación de quienes defiendan que por alguna razón matar estuvo bien”.

En Irlanda del norte, el final de la violencia que se selló con los acuerdos de Viernes Santo en abril de 1998 puso fin a un conflicto que dejó cerca de 3.700 víctimas. La inmensa mayoría de los crímenes, en torno al 80%, continúan sin ser resueltos y sus autores sin haber sido condenados. El historiador y experto en el conflicto en el norte de Irlanda, Henry Patterson, ha subrayado que tras mas de una década desde el final del IRA, las víctimas han vivido una situación innegable de gran desamparo y olvido.

En comparación con la situación en España respecto al País Vasco, Patterson asegura que en el Reino Unido muchas formaciones ven aún hoy a Irlanda del Norte como “algo ajeno”, cerrado y a lo que no se le presta atención.

Liberar presos

El dolor que la mayoría de las víctimas norirlandesas que han participado en la jornada han expresado viene motivado por la ausencia de Justicia. Uno de los puntos más polémicos de los acuerdos de Viernes Santo entre los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda fue permitir la salida de prisión de todos los presos, de ambos bandos, que hubieran cumplido un mínimo de dos años en la cárcel. La amnistía decretada ‘bajo licencia’ pactada con Londres, benefició a 446 presos tanto del IRA como de las organizaciones paramilitares -116 de ellos con delitos de sangre, y con condenas de cadena perpetua-.

Además, las víctimas han denunciado que no han recibido apenas compensaciones ni apoyo por parte de las instituciones.

La SEFF es la única asociación en Irlanda del Norte que agrupa a victimas de ambos bandos. Sólo excluye a aquellas víctimas que lo fueron por tener algún tipo de participación en actos violentos. Junto a ella existe una treintena de organizaciones creadas por los afectados de otros tantos atentados. Todas ellas se agrupan bajo la asociación “Uniendo víctimas inocentes”.

Kenny Donaldson, presidente de SEFF, subraya que el desamparo en el que se encuentran una década después de los acuerdos de Viernes Santo está teniendo consecuencias añadidas en forma de desapego institucional. “Se trata de víctimas con muchos problemas, en ocasiones de carácter psicológico. Son personas que han visto cómo en todo este tiempo son los terroristas los que han copado puestos importantes del sistema político en Irlanda del Norte, algo incomprensible y que ha hecho que muchas víctimas se conviertan en “antisistema”.

Precisamente la dificultad de cerrar acuerdos entre ambas sensibilidades políticas está detrás de la dificultad para conformar acuerdos de Gobierno y que ha dejado a Irlanda del Norte sin Ejecutivo desde hace casi tres años.

Impunidad

Durante la sesión celebrada este viernes también han participado periodistas, tanto irlandeses como españoles, con representación de ‘El Independiente’, para comparar los procesos de paz llevados a cabo en Irlanda y el final de ETA en España. La impunidad con la que se han saldado ambos casos, por la falta de condena a los autores de muchos de los atentados ha centrado el debate.

La actitud de los Gobiernos ante esta realidad también ha aflorado una crítica generalizada en torno a la posición del Gobierno de Gran Bretaña, más interesado en descargarse responsabilidades que en investigar los casos pendientes, según han coincidido los responsables de medio norirlandeses.

Actualmente en Irlanda del Norte no existe ninguna institución u organismo encargado de investigar los atentados sin resolver. Tampoco entidades como el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, impulsado por el Ejecutivo español, para trabajar la memoria y documentación en torno a lo sucedido.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, se ha mostrado muy crítica con el papel de los Gobierno en ambos casos. Ha subrayado cómo “la impunidad” es el precio a pagar en procesos para cuyo final considera que se han producido “negociaciones” inadmisibles y cesiones que afloran ahora.