La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) ha rechazado revelar cuál es el caché de Boris Izaguirre -uno de sus presentadores 'estrella' desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno y Rosa María Mateo a la dirección de la cadena pública- con el argumento de que el derecho a la intimidad prevalece sobre el interés público por conocer dicho dato.
El pasado 19 de junio, este redactor presentó una solicitud de información ante el Portal de la Transparencia para conocer cuánto percibía el comunicador hispano-venezolano por presentar Lazos de sangre, un espacio semanal producido por Tesseo para La 1 en el que se profundiza en algunas de las sagas más importantes del país y que cerró el pasado 4 de septiembre su segunda temporada. La petición alcanzaba también los emolumentos que recibió Boris Izaguirre por la conducción del programa Prodigios, un talent show infantil coproducido con Shine Iberia emitido también en el primer canal de la televisión pública.
En su escrito de alegaciones a la reclamación presentada por este medio ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras no haber recibido respuesta en el plazo establecido, la secretaria general de RTVE (Elena Sánchez) defiende la denegación de la información solicitada al entender que es de aplicación en este caso la limitación al derecho de acceso a la información por la protección de los datos de carácter personal.
En su artículo 15.3, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que el organismo público al que se dirige la petición debe ponderar de forma razonada el interés público en la divulgación de la información y los derechos de la persona afectada por dicha solicitud, de manera especial el relativo a la protección de los datos de carácter personal.
"Efectuada la referida ponderación, entiende esta Corporación que el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, así como el derecho a la intimidad de la persona física mencionada, prevalece sobre el interés público a conocer dicho dato", expone la directiva de RTVE.
La cadena pública dice que el derecho a la intimidad prevalece sobre el interés público por conocer el dato de cuánto cobra Izaguirre
La cadena pública sostiene que esta interpretación encuentra acomodo en la propia doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que denegó en 2016 el acceso a la información de una petición para conocer cuánto cobraron Anne Igartiburu y Ramón García por presentar el programa de las Campanadas de 2015 en TVE. "Entendemos que no queda amparada por el objetivo de transparencia de la actuación pública, entendiendo en relación con otros intereses que pudieran verse perjudicados por cuanto, si proporciona lo solicitado, una vez que se ha traspasado la línea de privacidad, el daño a dicha esfera es irreparable", resolvió el organismo encargado de promover la transparencia en las administraciones públicas.
Ésta es una de las razones esgrimidas por TVE cuando rechazó detallar cuánto percibe el ex ministro de Cultura Máximo Huerta como presentador del programa A partir de hoy, de cuya conducción se encarga desde el pasado 8 de julio en las mañanas en La 1.
El precedente de Huerta
Como informó El Independiente, Elena Sánchez argumentó también entonces que la cadena desconoce el dato solicitado por cuanto la producción de dicho espacio estaba contratada a una empresa privada. "Máximo Huerta está contratado directamente por [la productora] Catorce Comunicación, no por TVE, por lo que las retribuciones que recibe como presentador las recibe de la productora y RTVE no tiene documentación sobre su recibo salarial», respondió la corporación pública en respuesta a una petición de información tramitada también a través del Portal de la Transparencia.
El Mundo reveló el pasado mes de junio que Huerta cobraría por dos meses de trabajo 46.800 euros, importe que multiplicaba por cuatro la cantidad que hubiera percibido como titular de Cultura. La difusión de ese dato, guardado en un sistema informático de acceso restringido, llevó a TVE a iniciar una investigación interna para tratar de determinar quién fue la persona que lo filtró a la prensa.
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