El ex ministro Jorge Fernández Díaz sitúa al empresario Jaume Roures -fundador del grupo audiovisual Mediapro- detrás de una operación con la que se buscaba destruirlo a él políticamente y erosionar electoralmente al PP, al tiempo que califica de "falacia" la existencia de una ‘Operación Cataluña’ y de una 'policía patriótica' para perseguir a dirigentes independentistas.

Fernández Díaz hace su particular ‘ajuste de cuentas’ en Cada día tiene su afán (Ediciones Península), el libro en el que narra su experiencia de cuarenta años en primera fila política. Las sombras sobre su gestión en el Ministerio del Interior (de diciembre de 2011 a noviembre de 2016) llevaron a la dirección actual del partido a dejarlo fuera de las listas para las elecciones generales del pasado 28 de abril.

El político vallisoletano sostiene que Roures fue el "primer ariete" de una "compleja estrategia" con la que se trató de hacer ver que, como máximo responsable de Interior, había recurrido a las "cloacas del Estado" con la intención de denigrar a líderes secesionistas. Prueba de ello, sostiene, es que el empresario catalán fue el artífice de que el documental Las cloacas de Interior -dirigido por Jaume Roures y producido por Mediapro- "fuera emitido repetidas veces y siempre en horario de máxima audiencia por TV3".

"Para mis detractores, debía quedar acreditado que existía una 'Operación Cataluña', cuyo objeto sería denigrar e incriminar, incluso imputar, al independentismo catalán desde las llamadas 'cloacas del Estado'. Debo decir que tal contraoperación la ejecutaron con una profesionalidad que sería admirable si no fuera antes detestable. Una profesionalidad que, en todo caso, no la hace veraz", mantiene en el libro.

El ex ministro dice en su libro que se convirtió en el “enemigo público número uno” del independentismo y que fue víctima de una campaña para destruirlo

Fernández Díaz asegura que el independentismo catalán lo veía claramente como su "enemigo público número uno", lo que explica la puesta en marcha de una supuesta campaña periodística contra él con "intencionalidades políticas muy claras": acabar con su carrera y desgastar al Partido Popular con motivo de las elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016.

El 21 de septiembre de 2017, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación que se constituyó en la Cámara Baja para determinar si el PP utilizó los recursos del Ministerio del Interior para perseguir a rivales políticos vinculados a grupos independentistas. «Bajo el mandato del señor [Jorge] Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez [entonces director general de la Policía], por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa)», concluyó.

Grabaciones en Interior

En este contexto sitúa la filtración de las grabaciones de las conversaciones que mantuvo en la sede del Ministerio del Interior los días 2 y 16 de octubre de 2014 con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistrado Daniel de Alfonso. El contenido de las cintas trascendió días antes de los comicios generales del 26-J -cuando el entonces titular de Interior concurría como 'número uno' por Barcelona en la lista del PP al Congreso de los Diputados- y lo difundió en exclusiva el diario digital Público, propiedad del grupo mediático que preside Roures.

Según la versión que expone en el libro, fue el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino quien le había trasladado el interés de De Alfonso por mantener una reunión con él a fin de establecer una posible "colaboración institucional" que permitiera impulsar las investigaciones que aquél tenía en marcha, como la gestión de Aguas de Girona en la etapa en que al frente del Consistorio de esa ciudad se encontraba Carles Puigdemont. El jefe Antifraude había recurrido a su amigo el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete de Pino, para llegar al ministro.

Fernández Díaz asegura que fue el DAO quien "ordenó" que se grabaran aquellas dos reuniones, en una de las cuales se le oye decir 'Esto la Fiscalía te lo afina' en referencia a una posible investigación sobre la familia Pujol. "Como él [Pino] había sido el intermediario, quería conocer lo tratado para saber si había algo operativo a lo que él luego tuviera que encargarse de darle continuidad, y como medida preventiva de cara al futuro, dado que él había sido el contacto", escribe.

El ex ministro agrega que fue también Eugenio Pino quien "dio" las cintas al comisario principal Marcelino Martín-Blas -entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y hoy ya jubilado- para que "hiciera la transcripción y el análisis con finalidad operativa" y mantiene que no sabe "por qué vericuetos" las grabaciones llegaron a Público, el diario que las dio a conocer en vísperas de los comicios generales de junio de 2016. Éste es otro nexo en el que ve la mano de Roures.

"Tras aquellas dos conversaciones, yo me olvidé del tema. He de mencionar también que, si hubiera tenido alguna preocupación al respecto, de entrada ya no se hubieran producido las grabaciones, pero, en todo caso, de haber existido, habría ordenado que las cintas máster me las dieran a mí", explica ahora.

Cuando El Independiente le preguntó en febrero de 2017 a través de una fuente cercana por su conocimiento sobre este episodio, Fernández Díaz negó "categóricamente" que hubiera sido consciente de que estaba siendo grabado y, por tanto, que lo hubiera autorizado. «Va contra la lógica que si lo hubiera sabido no hubiera destruido la cinta y que hubiera dicho lo que dijo. Se estaban adoptando medidas para evitar que las conversaciones se pudieran grabar y estaba convencido de que esas medidas se habían tomado», transmitió a través de una tercera persona.

En el libro, el primer ministro del Interior en los gobiernos de Mariano Rajoy persiste en la tesis de que las grabaciones que vieron la luz están "manipuladas", como demostraría el hecho -en su opinión- de que se escuche de fondo "el ruido de una cafetera expendedora".

"Todavía espero que alguien me indique dónde se encontraba esa cafetera, porque, en los cinco años que estuve en el Ministerio, en toda la planta noble de Castellana 5 donde estaba ubicado mi despacho no ha habido ninguna cafetera expendedora. Es un ejemplo más de la grosera manipulación efectuada", expresa.

La 'fake new' de la cena con Llarena

Jorge Fernández Díaz enmarca en esa supuesta operación periodística que intentaba acabar con su carrera política la difusión de una supuesta cena que en julio de 2018 habría mantenido en Palafrugell (Girona) con Pablo Llarena -el magistrado del Tribunal Supremo que instruyó la causa del procés- en plena investigación judicial. "Tan falsa como que yo aquel día y a aquella hora estaba a 1.250 kilómetros del restaurante", precisa.

El político lamenta que, pese a que aquel supuesto encuentro con el juez en la citada localidad del Bajo Ampurdán nunca llegó a producirse, líderes independentistas como Puigdemont, Quim Torra y Elsa Artadi llegaron a inculparlo públicamente. "Hay obsesiones que, como se ve, son duraderas", enfatiza.

"Ministro, soy el comisario Villarejo"

Fernández Díaz reconoce en el libro que saludó "circunstancialmente" dos veces al comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 por valerse de su condición policial para obtener información que luego utilizaba en los dosieres de inteligencia que elaboraba para empresas que contrataban los servicios de su grupo societario. En aquella etapa, Villarejo estaba adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía como agente encubierto.

La primera ocasión fue en 2012. "Yo salía del Ministerio, pero antes tenía que comentar algo a un colaborador mío, que vi que estaba hablando con una persona que, al acercarme, me saludó: 'Señor ministro, a sus órdenes, soy el comisario Villarejo'. Cruzamos un simple apretón de manos de cortesía y me despedí", rememora. Ese año, el controvertido agente recibió una encomienda a la dedicación al servicio policial y al año siguiente una medalla con distintivo rojo, que acarrea un incremento vitalicio de pensión del 15 % respecto al sueldo.

La segunda vez que Fernández Díaz y el comisario se vieron las caras fue el 2 de junio de 2016, con motivo del almuerzo que el entonces ministro ofreció a Eugenio Pino con motivo de su jubilación (ésta se produjo 21 días después). Así lo cuenta ahora en su libro: "A aquella comida asistieron los miembros del Consejo Asesor de la Policía Nacional y los altos cargos del Ministerio. Al ir saludando a los asistentes, recuerdo que Villarejo, vestido de paisano, me volvió a saludar en parecidos términos que la primera vez".

Lo que no cuenta Fernández Díaz en sus memorias es que fue él quien encargó a Fuentes Gago que elaborara un informe para determinar si Villarejo tenía que pedir solicitud de compatibilidad para ejecutar de forma simultánea su labor policial con su faceta como empresario. Fue después de que El País revelara que el comisario controlaba un importante conglomerado empresarial mientras permanecía en activo en el Cuerpo Nacional.

En un documento fechado el 20 de abril de 2015, Fuentes Gago llegó a la conclusión de que el polémico policía -jubilado en junio de 2016- no tenía que cumplir dicho trámite al considerar que la actividad de Villarejo "no supone un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes", "guarda respeto absoluto al horario asignado al puesto de trabajo que desempeñe" y "no tienen relación con asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia".