El Tribunal Supremo condenará a los líderes del proceso independentista de Cataluña por sedición y malversación, descartando la rebelión y la conspiración para la rebelión porque no considera que los acusados recurrieran a la violencia para alcanzar la república independiente perseguida.

Tanto el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa serán condenados por sedición y malversación. La ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, serán condenados por sedición. Los ex consejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás, los tres únicos líderes del 'procés' que no se encontraban en prisión provisional y a los que el Ministerio Público no acusó de rebelión sino de malversación, serán condenados por desobediencia, según la sentencia que se hará pública el lunes y cuyo sentido ha adelantado este sábado El Mundo.

La Sala Segunda del alto tribunal ha descartado, por unanimidad, la acusación de la Fiscalía y ha atendido a las peticiones de la acusación ejercida por la Abogacía del Estado casi en su totalidad. Los magistrados se han decidido finalmente por un delito contra el orden público y no contra la Constitución atendiendo a la utilización de la violencia. Han descartado que los miembros del Govern, del Parlament y de las entidades soberanistas la utilizaran directamente para desafiar a las leyes del Estado y conseguir sus objetivos. De ahí que condenen por sedición y no por rebelión.

En esta sentencia que los condenados y el resto de españoles conocerán el próximo lunes se castiga a quienes, al margen de la ley y con la utilización de las instituciones públicas, diseñaron una ruta para alcanzar la independencia de Cataluña de manera unilateral. El tribunal ha analizado durante el juicio y los meses posteriores las pruebas de dicho plan que tuvieron su punto álgido los días 20 y 21 de septiembre de 2017 -con el asedio de hasta 40.000 manifestantes a los registros judiciales en la consejería catalana de Economía- y el referéndum ilegal del 1 de octubre del mismo año.

En la cúspide de dicho plan habría estado el ex presidente de la Generalitat, Carles  Puigdemont, al que el Supremo no ha podido juzgar ni condenar al estar fugado de la justicia española.

La sentencia es la respuesta legal al desafío independentista que se orquestó, según consideran acreditado los magistrados, desde las instituciones catalanas de autogobierno (por los miembros del Govern y del Parlament) y las entidades  sociales soberanistas ANC, Òmnium Cultural que llamaron a la movilización ciudadana.

El juicio

El fallo llega tres  meses después de que concluyera el juicio al procés, en el que desde febrero se juzgó a los 12 acusados de “dirigir, promover y/o participar activamente en la ejecución de una estrategia –a la que denominaron “procés”- perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de República, segregándola así del resto de España”, según acusó la Fiscalía.

En el banquillo se sentaron el ex presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila; la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Las acusaciones

Las Fiscalía solicitaba una pena de 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta para Oriol Junqueras por rebelión con malversación. Para los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta también por rebelión con malversación.

En el caso de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, el Ministerio Público les acusaba de rebelión y pedía 17 años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta. Para los exconsejeros Meritxell Borras, Carles Mundó y Santiago Vila, pedía una pena de 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, más multa de 30.000 euors y 20 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el de desobediencia.

La Abogacía del Estado acusó por un sedición, delito contra el orden público y no contra la Constitución, a los líderes del procés. También por malversación y desobediencia. En el caso de Junqueras, pidió una pena de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación.

Para los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, solicitó penas de 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta también por sedición y malversación. Para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, la Abogacía del Estado solicitó 8 años de prisión y 8 de inhabilitación absoluta por sedición.

En el caso de Carme Forcadell, pidió la pena de 10 años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta por el mismo delito de sedición. Por último, para Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, solicitó 7 años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta por malversación más multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por desobediencia.

La Acusación Popular ejercida por Vox fue la más dura en su acusación y en sus peticiones de pena, incluyendo el delito de organización criminal para todos los acusados. Así, solicitó 74 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público y 20 de inhabilitación especial para Junqueras, Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forn por rebelión, organización criminal y malversación.

Para Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, pidieron 62 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público y 20 de inhabilitación especial por rebelión y organización criminal.

Para Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, reclamaron 24 años de prisión, 20 de inhabilitación especial, 20 de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público y multa de 216.000 euros.

La prisión

Todos los acusados han pasado por prisión preventiva. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han sido los que más tiempo han estado privados de libertad, agotando el límite máximo permitido por la ley de dos años. La instructora de la causa en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, les envió a la cárcel el 16 de octubre de 2017, cuando fueron detenidos, y el Supremo les ha mantenido hasta la publicación de la sentencia. El resto de exconsejeros, con más tiempo en prisión (como Oriol Junqueras desde el 2 de noviembre de 2017) o menos (Santiago Vila que solo estuvo una noche hasta que presentó la fianza de 50.000 euros para eludirla) han pasado en algún momento por la cárcel. También la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.